El caso “Alzogaray” volvió a las manos de su fiscal original, Diego López Ávila (Nº4). Edmundo Jiménez, ministro público fiscal, dispuso el retorno a la primera sede de este expediente con seis imputados en prisión preventiva, entre ellos la cooperativista Elizabeth Alzogaray, supuesta cabecilla de la red de gestores apócrifos del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV).
Previamente, el propio López Ávila había girado el proceso a la Fiscalía Nº11 de esta capital que él mismo dirigía con el carácter de subrogante. En ese despacho, la nueva fiscala sustituta, Adriana Giannoni (Nº8), rechazó el envío y planteó el conflicto al fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Alejandro Noguera, quien consideró que el caso debía ingresar a la Fiscalía Nº6 de Adriana Reinoso Cuello, pero esta también lo rechazó.
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La cadena de inhibiciones desembocó en Jiménez que, como superior de todos los fiscales, resolvió que López Ávila reasumiera la investigación que había abierto durante la feria de enero y que, en el transcurso de tres meses, se convirtió en una megacausa de proporciones inéditas para la Justicia provincial. En el presente, el expediente acumula 2.300 denuncias penales articuladas contra los presuntos intermediarios falsos del Instituto -ese volumen de presentaciones incluye la de la interventora Noemí Ferrioli-. Los denunciantes esgrimen que habrían pagado sumas variables (entre $ 4.000 y $ 100.000) a cambio de que la supuesta organización de Alzogaray les facilitara el acceso a las causas de interés social.
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Los argumentos
En su dictamen, Jiménez coincidió con la fiscala Reinoso Cuello en el sentido de que lo más conveniente, por la gravedad y trascendencia de esta causa, era que su tramitación continuara en la Fiscalía Nº4 de López Ávila. “Allí se ha diagramado la estrategia de investigación. Esta conclusión surge del estudio y análisis de los elementos recolectados para efectuar la intimación de los hechos a cada uno de los acusados”, reflexionó el jefe de los fiscales. Y añadió: “de la decisión de acumular las numerosas denuncias se colige que el titular de la investigación perseguía el avance de ella hasta agotarla. Lo contrario constituiría una conducta inercial del actual sistema acusatorio mixto (con investigación preliminar escrita y enjuiciamiento oral), que preocupa y retrasaría la causa”.
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La decisión de Jiménez pone fin a un período de incertidumbre que en los hechos frenó los progresos de esta megacausa, la única de los últimos cuatro casos penales relativos al IPV con imputados privados de la libertad (se informa por separado). Durante la pesquisa, López Ávila incluso detectó que Alzogaray había sido contratada por esta gestión del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Al declarar como usada, la cooperativista y presunta gestora ilegal incriminó al ex interventor del IPV, Gustavo Durán (falleció en noviembre), y reveló abundantes lazos con el oficialismo.