13 Abril 2018
“CASO VIVIENDAS”. Tanto la Justicia provincial como la federal investigan presuntas irregularidades en el IPV. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SÁNCHEZ NOLI
Hay cuatro procesos judiciales en marcha en los tribunales penales que involucran al destino de las viviendas sociales y al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano. Los expedientes alcanzan a funcionarios y a empleados del organismo público y a punteros políticos del oficialismo, según los documentos.
El expediente que involucra a altos mandos del Instituto de la Vivienda
La fiscala penal Adriana Giannoni (N°8) abrió un proceso a mediados del año pasado luego de que la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Cambiemos) revelara la existencia de una estructura paralela en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) en “Panorama Tucumano”, el ciclo televisivo de LA GACETA. Elías de Pérez apuntó contra dos funcionarios del Instituto, Lucas Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier (fue cesanteado meses después), y ligó al primero a la empresa Marán Construcciones SRL, que habría obtenido un trato preferencial en el Ipvdu.
Caso Viviendas: "los techos construidos con fondos públicos no llegan a quienes más lo necesitan"
Un video compromete a un agente del organismo estatal
Daniel Manzaraz, agente del Instituto Provincial de la Vivienda, fue detenido el 2 de marzo mientras acompañaba a una mujer a la escribanía para recibir una seña de $ 100.000 relativa a una casa construida por el Estado en Manantial Sur.
El fiscal Diego López Ávila (N°4) detectó la operación gracias a la información, al video y a los audios que aportaron tres supuestos estafados (Manuel Liquitay, Juan Acosta y Antonia Lobo) por la presunta intermediaria Elizabeth Alzogaray. Manzaraz quedó libre este mes bajo caución real.
Cae una red de presuntos gestores apócrifos para viviendas del estado
Alrededor de 2.300 denunciantes dijeron a la Justicia penal provincial que habrían sido estafados por una red de gestores apócrifos del Instituto de la Vivienda. En enero, la interventora Noemí Ferrioli hizo una denuncia penal a partir de una publicación de este diario, actuación que, a posteriori, dio lugar a la detención de la cooperativista Elizabeth Alzogaray y de otros supuestos cómplices. En su declaración como imputada, Alzogaray incriminó al ex interventor Gustavo Durán (quien falleció en noviembre) y reveló lazos con el oficialismo. Diego López Ávila (Nº4) investiga este caso.
Pusieron a la venta casas al día siguiente de haberlas recibido
El Instituto de la Vivienda se presentó el 4 de abril a la Justicia penal para pedir la investigación de Diego Juárez, un supuesto agente inmobiliario que ofrecía casas en Villa Carmela, barrio entregado en marzo (aunque la denuncia lo ubica en Tafí Viejo, el emprendimiento queda en Yerba Buena). Los avisos que Juárez y su empresa Nisi Dau publicaron en las redes sociales fueron detectados al día siguiente de la asignación provisoria de las casas por el mismo grupo que entregó las pruebas en el caso “Manzaraz”. La causa ingresó en la Fiscalía N°11, a cargo de Adriana Giannoni.
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