La posibilidad de que el debate oral y público en contra del ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Ángel Brito, “cayera” en la primera audiencia sobrevoló durante tres horas y media los pasillos de los tribunales penales de avenida Sarmiento al 400.

Ese tiempo les llevó a las juezas de la Sala VI de la Cámara Penal, Alicia Freidenberg, Stella Maris Arce y María Elsa Molina, resolver el planteo efectuado por Arnaldo Ahumada, abogado defensor del ex funcionario alperovichista, quien había pedido la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la causa “DAU”. Según el letrado, el texto que detalla las supuestas maniobras ilegales perpetradas por su cliente es “una mamarrachada” y no respeta “el debido proceso”.

Tras deliberar en una habitación contigua, las juezas regresaron al recinto y anunciaron el rechazo al reclamo de la defensa de Brito. “Si bien el (instrumento) no constituye una pieza procesal perfecta, reúne sin embargo los requisitos mínimos (establecidos por Código Procesal Penal de Tucumán)”, remarcó Freidenberg. Luego de expresar los argumentos técnicos que respaldaron la decisión, confirmó la continuidad del proceso.

Así, salvo imprevistos, el ex director de la DAU se convertirá hoy en el primer funcionario de la administración del ex gobernador, José Alperovich, en prestar declaración ante un tribunal como imputado por presuntos delitos de corrupción.

Brito estuvo a cargo de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo entre 2007 y 2012, cuando presentó la renuncia. Poco después, el Tribunal de Cuentas (TC) realizó una auditoría sobre su gestión, y detectó supuestas anomalías en 86 obras públicas -sobre unas 500- efectuadas bajo el amparo de la ley 7.960. Esta norma, aún vigente, establece una excepción a la Ley de Administración Financiera, y habilita a la DAU a efectuar contrataciones sin licitación -previo cotejo de precios- por hasta $150.000.

El ex funcionario fue denunciado por los radicales Silvia Elías de Pérez (senadora) y Ariel García (legislador), que prestarían declaración testimonial hoy.

Según el requerimiento de elevación a juicio formulado en mayo de 2014 por el fiscal de Instrucción, Arnaldo Suasnábar, y ratificado por la entonces jueza de Instrucción Mirta Lenis de Vera, Brito cometió el supuesto delito de fraude a la Administración Pública, en concurso ideal con negociaciones incompatibles con su cargo. La pena máxima posible por estas acusaciones sería de hasta seis años.

“Fantasmas” y presiones

La investigación penal, duramente criticada ayer por la defensa del ex funcionario, describe una serie de supuestas maniobras ilegales adjudicadas a Brito. Entre ellas, de haber beneficiado a constructoras aparentemente “fantasmas” y a empresas que no estaban habilitadas para prestar los servicios contratados; de haber “abusado” de las excepciones previstas por la ley 7.960; y de haber ocasionado “un perjuicio patrimonial más que notorio al erario”.

La sumatoria de los expedientes administrativos objetados arroja unos $6 millones (cerca de US$ 1,2 millón según la cotización de 2012).

Mientras escuchaba las acusaciones, sentado junto a su abogado, Brito tomaba nota con una birome y hacía repiquetear su zapato derecho contra el piso de la sala de debate.

Cuando finalizó la lectura del requerimiento de elevación a juicio, Ahumada consideró que el instrumento debía ser anulado. “Esto afecta el debido proceso legal”, dijo el letrado. Agregó que Suasnábar hizo “una copia exacta de las pseudoauditorías” del Tribunal de Cuentas. Y criticó al fiscal de Instrucción por “no haber determinado el supuesto daño patrimonial”.

El defensor sumó argumentos políticos a su planteo. “Esto llegó acá (a juicio) por presiones. En algún momento empezó la famosa pelea, que todavía sigue en tribunales, entre parte de los jueces y parte del Ministerio Público Fiscal. En el medio cayó la causa ‘Brito’, y había que elevarla ya mismo”, enfatizó Ahumada. Agregó que en los últimos seis años su cliente “perdió el trabajo, su honra fue vapuleada y perdió su cargo como legislador” porque lo hicieron “renunciar”. “Perseguir a Brito es fácil, porque venía de otro lado (era bussista), y todo el mundo se lavó las manos. Nadie le atendió el teléfono, y aquí está. Tuvo que buscar un abogado que no simpatiza con la gestión (de Alperovich). Por todo esto, Brito necesita un juicio como debe ser”, insistió Ahumada ante el tribunal.

El fiscal de Cámara, Carlos Saltor, señaló que el planteo defensivo era extemporáneo. Y advirtió sobre la trascendencia de la causa “DAU”. “Es necesario, tanto para el imputado como para el pueblo tucumano, que este juicio no se dilate en el tiempo”, indicó el titular de la acusación.

Las juezas, tras la extensa deliberación, resolvieron que la audiencia siga hoy. El interrogante, ahora, es si Brito aceptará dar su versión desde el banquillo.