Casas en medio del monte, rodeadas de maleza y alimañas, como si hubiesen sido abandonadas. Este paisaje describe a las 1.100 viviendas de interés social pendientes de entrega en el emprendimiento Manantial Sur (avenida Colón al 3.000). Algunas de ellas llevan hasta dos años en condiciones de ser habitadas. Pese a que tenían que estar listas en 2015, todavía no se sabe cuándo pasarán a manos de sus dueños particulares, que deberían ser ciudadanos de escasos recursos que acrediten los requisitos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi). Noemí Ferrioli, interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV o Ipvdu), dijo ayer que los tiempos de este proyecto iniciado en la gestión anterior se alargaron por incidentes de infraestructura y la aplicación de nuevas reglas de control de los preadjudicatarios (ver “El IPV es el principal interesado...”).

En Manantial Sur avanzan, mientras tanto, la naturaleza y el deterioro, como ilustran los videos incluidos en esta edición que Antonia Lobo y Manuel Liquitay, dos supuestos estafados por gestores falsos del IPV, filmaron con sus celulares el 16 de mayo pasado. Las imágenes muestran focos incipientes de basura dispuesta en calzadas por donde no transita un alma. Más allá, el conjunto de casas deshabitadas configura una especie de barrio fantasma donde el yuyal crece sin respetar muros ni aberturas. Plantas trepadoras se adueñaron de cañerías, y bloquearon puertas y ventanas. Habrá que machetear para entrar a algunas viviendas. En ciertas manzanas, el matorral supera la altura del techo e invade las habitaciones.

Nadie reclama

Todos los detalles y terminaciones que podían ser robados fueron retirados o extraídos: las casas están cerradas y huecas. Las cocinas carecen de muebles; los baños, de piletas, grifos y sanitarios. Vidrios rotos y cerraduras violentadas, además de manchas de humedad, completan el panorama selvático.

Manantial Sur empezó a ser construido en junio 2013. El Estado destinó $ 326 millones a la construcción de las 2.500 casas de este complejo (U$S 50 millones según la cotización oficial de aquel momento). El emprendimiento completo -con infraestructura- tenía un presupuesto de $ 800 millones (U$S 123 millones). La Legislatura autorizó al entonces interventor Gustavo Durán a obviar la licitación pública: más de 25 empresas ingresaron al proyecto por contratación directa (las primeras fueron Ingeco, Falivene, Helpa y VHA). El IPV entregó, mediante sucesivos actos, alrededor del 50% de las viviendas. Con matices y excepciones, los beneficiarios (con posesión y sin ella) fueron escogidos en forma discrecional -sin sorteo-. Aún así, se supone que los adjucatarios tenían que demostrar ante el Instituto la composición de su hogar, el nivel de ingresos estipulado, y la carencia de inmuebles y de otras ayudas habitacionales.

Unas pocas cuadras separan las zonas habitadas de las vacías. Como técnicamente las viviendas comprendidas en el sector no entregado aún “están en obras”, la custodia corresponde a las constructoras. Ellas son, en principio, responsables de los destrozos y riesgos que corre el emprendimiento, como las usurpaciones, los robos y el vandalismo.

“Es una vergüenza lo que pasa en Tucumán. El Estado está dejando que se arruinen las viviendas para gente de escasos recursos. ¿De quiénes serán en realidad? ¿De gremios, de políticos, de inmobiliarias? Esto es escandaloso”, dijo Lobo. Liquitay agregó: “es sorprendente que pase el tiempo, y nadie reclame ni pida estas casas tiradas. Nosotros, en cambio, estamos desesperados por una vivienda. Hay muchas cosas que no cierran”.

El peligro de ocupación ilegal está latente en Manantial Sur: en enero, grupos de supuestos damnificados por los intermediarios apócrifos del IPV se congregaron allí con la expectativa de un sorteo. En aquel momento se rumoreó que entrarían a las casas, pero ello finalmente no sucedió. El fiscal Diego López Ávila (N°4) investiga la supuesta maniobra delictiva de los gestores: se trata de una “megacausa” que acumula 2.300 denuncias. El año pasado y como consecuencia de un informe de Panorama Tucumano, el ciclo televisivo de LA GACETA, la fiscala Adriana Giannoni abrió una pesquisa contra altos funcionarios del IPV, incluido Durán, que falleció en noviembre. Este año, Ferrioli pidió a la Justicia, a instancias de Lobo, Liquitay y de otros ciudadanos, que esclarezca la conducta de un agente del IPV, Daniel Manzaraz, quien quedó involucrado en la presunta venta de una casa de interés social. La interventora luego solicitó la apertura de procesos penales por la posible comercialización ilegal de casas en el barrio Villa Carmela y por otra investigación de Panorama Tucumano que demostró que, mediante el pago de distintas sumas de dinero, era posible “fabricar” los requisitos del Fonavi y acceder a una vivienda de interés social.

LA PRESENTACIÓN.- “El barrio Manantial Sur tiene por objeto posibilitar la relocalización de 2.500 familias de escasos recursos que habitan terrenos que no reúnen las condiciones mínimas para ese fin (extrema precariedad, alto riesgo ambiental y bajo o nulo nivel de cobertura de redes de infraestructura)”, dijo Gustavo Durán (falleció en noviembre), interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, al presentar el emprendimiento en 2013. En ese momento, la repartición prometía terminar el proyecto en dos años.

OBJECIÓN.- Alberto Colombres Garmendia, legislador de PRO, cuestionó en abril de 2013 que la Legislatura autorizara a Durán a eludir el mecanismo de licitación pública para la construcción de Manantial Sur. En aquel momento, el opositor sembró dudas sobre la transparencia de las contrataciones: “cuando se deja de lado la licitación, lo habitual es que exista corrupción. A modo de ejemplo: las obras para hacer la infraestructura de lo que será Manantial Sur se adjudicaron por $ 48 millones más de lo que es su verdadero valor de mercado. Con ese dinero se podrían haber construido 260 viviendas más”.