Aspectos vinculados a lo electoral les sirvieron los últimos días a Cambiemos y al Gobierno provincial para pasar avisos políticos con vistas a 2019. Por ejemplo, la Nación, sin necesidad aparente, deslizó las fechas del cronograma para la renovación de autoridades con seis meses de anticipación. Si la primera fecha del calendario remite al 30 de abril -cierre del padrón provisorio- no se perciben las urgencias de la difusión. Si a esto que puede parecer nimio le añadimos que el oficialismo consiguió la media sanción del Presupuesto 2019, se concluye que Cambiemos le envió un par de señales al FMI. Entre ellas, que tiene el manejo institucional y político del Estado -a costa de negociar y renegociar con los gobernadores-, y que dejará la gestión cuando corresponda, y no antes. Al comunicar las fechas de las primarias, el 11 de agosto, y de las presidenciales, el 27 de octubre, avisó que no se someterá a eventuales presiones para adelantar los comicios. Y dijo un poco más: que el PRO está dispuesto a repetir la experiencia de 2015 compitiendo contra la UCR y la Coalición Cívica, ya sea desde la “pureza amarilla” con lista propia, o bien consensuando una fórmula con sus socios. Esto último dependerá del radicalismo en cuanto hasta qué punto está dispuesto a tensar la relación en la alianza para imponer el segundo en el binomio.

Además, en este marco no deja de llamar la atención que el poder central ratificara las primarias, cuando desde el gabinete nacional se renegó de las PASO en 2017 aduciendo que importaba un gasto económico innecesario. Se postulaba, en esa línea ahorrativa, su eliminación. Ahora, pese al contexto de crisis económica y de ajustes, las primarias sirven. Interesaba más el “telegrama” al FMI que, por cierto, tras las señales habilitó un desembolso de U$S 56.000 millones para el Gobierno. Al margen, cabe apuntar que el radicalismo puede ir dividido a los comicios nacionales del año próximo: un sector seguirá aliado al macrismo y es posible que otro termine juntándose en un espacio social-progresista con el santafesino Miguel Lifschitz y la bonaerense Margarita Stolbizer. Se trata del grupo de Ricardo Alfonsín, que hace poco pasó por la provincia encabezando el Encuentro por la Democracia Social.

Norma que no se aplicó

En Tucumán, el oficialismo también pasó sus avisos parroquiales desde lo electoral. Comunicó que la Junta Electoral quedará integrada únicamente por referentes del Poder Judicial y derogó una ley de 2015 que nunca llegó a aplicarse: la 8.782, que anulaba las dobles, las triples y hasta las cuádruples candidaturas, modificando el artículo 41 de la ley Orgánica de Partidos Políticos (5.454). Lo curioso no se agota allí; el nuevo texto ni siquiera llegó a ser incorporado en la legislación vigente en sus cuatro inútiles años de vida. Baste remitirse a una búsqueda digital para comprobarlo. Precisamente, la derogación de la norma es la que habilita el especulativo título de esta columna. Antes que nada hay que recordar por qué nació la 8.782: se hizo básicamente para perjudicar al radical José Cano, para impedirle ser a la vez aspirante a la gobernación y a una banca en el Senado.

Según esa ley los precandidatos a cargos públicos nacionales no podían ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales. Fue el propio Cano quien realizó un planteo de inconstitucionalidad contra la norma promovida por el alperovichismo de entonces, obteniendo en junio de 2015 -dos meses antes de las elecciones provinciales- un fallo judicial que paralizó su aplicación. Ambas salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en sendas sentencias, entendieron que el proceso electoral estaba en marcha y que, por ende, no se podían alterar las reglas de juego. Con lo cual, además de facilitar esta posibilidad, beneficiaron a los aspirantes a múltiples candidaturas en el plano provincial. Que las hubo. Es que, si bien la intención de fondo era afectar al principal adversario político de entonces, había que disimularla. Para eso nada mejor que abarcar también a las posibles postulaciones dobles y triples en el plano provincial.

Así apareció el siguiente párrafo en la norma, y que jamás llegó a aplicarse: “los precandidatos que se presenten en las elecciones internas y candidatos a elecciones generales sólo pueden hacerlo en las de una agrupación, para una lista interna y para una categoría de cargos electivos”. A partir de la derogación del viernes todo sigue igual, la habilitación de postulaciones múltiples corre tanto para varias candidaturas provinciales como para las provinciales y nacionales a la vez. Conclusión: Manzur y Jaldo podrían ser candidatos a diputados nacionales e ir por la reelección en el PE, en simultáneo. La doble candidatura es posible; si quieren, claro. Serían postulaciones testimoniales, como la de Scioli en 2009, que siendo gobernador de Buenos Aires acompañó en el segundo lugar de la lista de candidatos a diputados a Néstor Kirchner; o la del propio Jaldo el año pasado, que siendo el vicegobernador encabezó la nómina del oficialismo. Los ejemplos abren la puerta a que la dupla tucumana pueda liderar ambas nóminas. En teoría es factible, porque todo lo que la ley no prohíbe, habilita.

¿Habrán derogado la 8.782 para esto precisamente y no por las “dobles candidaturas” locales? De hecho, el peronismo no usó tanto la chance de las postulaciones múltiples como sí lo hizo la oposición, por lo que queda habilitado dudar sobre cuál fue precisamente la real intención del oficialismo al impulsar la anulación de aquella norma que, vale reiterar, nunca tuvo aplicación a causa de las medidas judiciales. ¿Qué se dice respecto de las motivaciones para derogarla y volver a como fue siempre? Por un lado, que la decisión pone a Ricardo Bussi (FR) como un beneficiario, porque podrá aspirar a ser gobernador, legislador y concejal a la vez, aunque suene insólito. Esto, según quién lo diga, apunta a dividir el voto opositor o a debilitar la adhesión al oficialismo. Desde el PRO se habla de un supuesto pacto político entre Manzur y Bussi para que el edil sea funcional al poder de turno. En cambio, desde el propio oficialismo se deslizó, muy por lo bajo, que el objetivo es que un “múltiple” Bussi le reste simpatizantes a Cambiemos. También desde el alperovichismo se especula y se apuesta al referente de FR entendiendo que la salida de una cuarta fuerza provincial puede afectar los intereses del oficialismo, tal como sucediera en 2017: el crecimiento electoral de Bussi desde las PASO a las generales le hizo perder el tercer diputado al Frente Justicialista y ganar uno más a Cambiemos por el Bicentenario. Esto adquiere más valor con Alperovich jugando por fuera del peronismo el año entrante. En fin, el concejal navega en medio de todo tipo de especulaciones tanto que, con tanta supuesta incidencia suya en las elecciones, ironiza: “con tantos votos voy a ser el próximo gobernador de Tucumán”.

Además, ¿por qué querrían ser candidatos a diputados Manzur y Jaldo? Respuesta posible: para abrir los paraguas y legitimarse de antemano. Si ganan las PASO, claro. Y si quieren ser “testimoniales” soportando una campaña adversa por posible oportunismo político. Veamos: en 2015, por más que ganara los comicios provinciales por una diferencia de casi 100.000 sufragios, el oficialismo perdió legitimidad después del conflicto judicial y de sus derivaciones colaterales. De nada valió que luego el peronismo recalcara, una y otra vez, que se impuso en todas las contiendas de ese año, nacionales y provinciales, y hasta con diferentes mecanismos electorales. De hecho, se impuso en las PASO, en las generales y en el balotaje sin necesidad de acarreo ni de maniobras clientelares, como se pudo ver y hasta por mayores diferencias en sufragios.

El año próximo, según el calendario electoral nacional que se difundió, las primarias abiertas serán el 11 de agosto. Justamente en ese mes tiene que efectuarse la elección de renovación de autoridades locales, el 18 o el 25; siempre después de las PASO. Si la dupla se impone en esas primarias, además de envión anímico, el triunfo podría servir para justificar y legitimar una eventual victoria posterior en la provincia. Claro, primero deberían ser postulantes testimoniales y, segundo -pequeño detalle-, imponerse. Aunque todo es meramente especulativo, entra en el cuadro de las posibilidades; la ley no lo impide. Y, casualmente, se derogó la norma que lo prohibía. Que la oposición ya esté hablando de que el oficialismo está preparando un fraude electoral, casi suena a una invitación a que compitan también en los comicios nacionales. Van a encontrar excusas. En el peronismo se hallan justificaciones para todo.

Lo seguro es que tanto el oficialismo como la oposición se están equipando para la disputa que se viene, le están poniendo color y calor al proceso, y con mucha anticipación, por razones institucionales y por cuestiones políticas. Los primeros avanzando con proyectos que le despejen un poco la cancha, a los cuales los opositores denuncian como mecanismos poco transparentes destinados a garantizarles la perpetuidad en el poder. O sea, fraude en puerta, vote como vote el ciudadano. Fuerte.

Hasta el momento, el Gobierno avanzó en tres aspectos relacionados con la reforma electoral: eliminación de los partidos municipales y comunales, modificación de la integración de la Junta Electoral y derogación de la norma que inhabilitaba las candidaturas múltiples. La traducción política de estas iniciativas de repercusión institucional es: ratificación del sistema de acoples -esquema que le viene de perillas al peronismo-, organismo de control integrado por magistrados con historias personales allegadas al poder de turno y una medida para intentar dividir el voto opositor en beneficio propio. Nada es inocente, y nadie puede ser ingenuo frente a los acontecimientos y a las palabras, el poder no lo es. La oposición viene corriendo desde atrás y en minoría en la Legislatura, los números del oficialismo pesan a la hora de las decisiones; por eso se entiende que cada uno pelee con las armas a su alcance: mayoría legislativa por un lado y la crítica y demanda de mayor transparencia en el manejo de la cosa pública, por el otro.

Ellos y ellas, por mitades

En una cuestión pueden coincidir miembros del oficialismo y de la oposición: en la del nuevo cupo femenino, tema sobre el que hay proyectos, pero que parece impulsado con más fuerza desde fuera de la Legislatura que desde el propio cuerpo. En la Cámara hay dos proyectos promoviendo la integración del 50% de mujeres en las listas, uno de Silvia Temkin y Graciela Medina y otro de Nancy Bulacio y Stella Maris Córdoba. Ahora bien, si con el cupo del 30%, los “varoncitos” tuvieron problemas para integrar las nóminas, cabe imaginarse el dolor de cabeza que significará incorporar la mitad de mujeres en las boletas; porque algunos van a tener que salir para que ellas entren. Efecto: explotación al máximo de la posibilidad de llevar varios acoples y con muchachos a la cabeza. Un tema para seguir con atención.