Ganancias y monotributo: qué dice el proyecto de reforma impositiva y cómo impactaría en los contribuyentes
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El Gobierno argentino decidió en mayo de 2026 no modificar Ganancias ni Monotributo, rechazando pedidos del FMI en el país para evitar un aumento de la carga impositiva.
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El FMI recomendó una reforma fiscal integral ante distorsiones impositivas. Sin embargo, las provincias rechazan cambios coparticipables debido a la caída de la recaudación.
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El rechazo a los cambios impositivos posterga metas clave con el FMI, mientras que el calendario electoral de 2027 dificultará futuros consensos entre Nación y provincias.
EN JULIO DE 2024. El Pacto de Mayo firmado en Tucumán contempló los cambios al régimen impositivo que ahora el FMI quiere acelerar.
La reforma impositiva se cuela en el debate entre la Nación y las provincias. La reavivó el FMI durante la última revisión de metas que la Argentina debe cumplir en el marco del Programa de Facilidades Extendidas. El diagnóstico del “staff técnico” identifica tres áreas críticas que requieren atención inmediata: la acumulación de reservas, la consistencia del régimen cambiario y la necesidad de reformas estructurales, especialmente en el sistema tributario y previsional. Todas estas medidas ya habían sido planteadas en el Pacto de Mayo que, en principio, el presidente Javier Milei había previsto aplicarla hace dos años y en el mes del nombre del acuerdo, pero que, en definitiva, terminó concretándose el 9 de julio de 2024 y en Tucumán, con la firma de 18 gobernadores.
En la primera meta, el Gobierno viene haciendo los deberes y prácticamente acumuló unos U$S 9.200 millones para fortalecer las reservas del Banco Central, en un plazo inferior al previsto. La consistencia del régimen cambiario deberá alcanzarse este mismo año ya que, entrado 2027, volverá el ruido electoral, un factor que en 2025 ha tenido una alta incidencia respecto de la volatilidad del dólar.
El segundo eje de preocupación es de carácter estructural. El informe es particularmente crítico con el sistema tributario argentino, al que define como “complejo, altamente distorsivo e inestable”, con efectos negativos sobre el crecimiento y la competitividad. Según el diagnóstico del organismo, la actual estructura impositiva presenta superposición de tributos entre Nación y provincias, baja eficiencia recaudatoria y una fuerte dependencia de impuestos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos. En este sentido, el FMI propone avanzar hacia una reforma integral que simplifique el sistema, amplíe la base del impuesto a las Ganancias, racionalice el IVA y reduzca el peso de las exenciones fiscales, al tiempo que elimine tributos que afectan la competitividad. La recomendación apunta a corregir un problema histórico de la economía argentina: la sobrecarga tributaria sobre el sector formal, que limita la inversión y favorece la informalidad.
En la Casa Rosada, mientras tanto, la gestión del presidente Milei ha señalado que no planea modificar ni Ganancias ni el Monotributo. Fuentes oficiales indicaron que no habrá cambios en las escalas de estos tributos porque “no está en la ideología del Presidente” incrementar la carga fiscal; por el contrario, la intención es disminuirla.
La reforma integral del sistema tributario está en los planes oficiales y ha quedado plasmado, incluso, en el Pacto de Mayo. Uno de los debates pendientes es la eliminación de impuestos distorsivos como Ingresos Brutos provinciales y las tasas municipales. Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), Ingresos Brutos y tasas municipales a las ventas se multiplican sobre los costos de producción elevando el precio final del producto. Apunta, también, que su incidencia es negativa, aun con supuestos ambiciosos de reducción de alícuotas. “En otras palabras, aun suponiendo un gran compromiso y esfuerzo por parte de las provincias y municipios, que tienen alta dependencia de estos tributos, los impactos en favor de la producción terminarán siendo muy modestos”, subraya Idesa.
En Tucumán
En la Casa de Gobierno de Tucumán, los funcionarios señalan que no hubo convocatoria de la Nación para analizar la carga tributaria local. Consideran que no resulta oportuna, pese al mandato del Pacto de Mayo en tal sentido. Políticamente tampoco es oportuno por las tensiones que existen entre la Nación y las provincias frente a la caída de la recaudación. Pasa lo mismo con la reformulación del esquema de distribución de los fondos de coparticipación federal de impuestos. El año que viene, al ser electoral, no será el mejor de los escenarios para abrir lo que se denomina una “caja de pandora” fiscal. Ningún gobernador está dispuesto a ceder porcentaje de sus ingresos.
El tercer frente que debe afrontar el Gobierno nacional es el sistema previsional, que el propio FMI considera fiscalmente insostenible en el largo plazo. Con un gasto elevado y múltiples regímenes superpuestos, la estructura jubilatoria representa una de las principales fuentes de presión sobre las cuentas públicas. En este punto, el Fondo insiste en la necesidad de una reforma que permita garantizar equilibrio financiero sin comprometer la cobertura social, un desafío político de alta complejidad.
“Cuando el Gobierno nacional se propuso un plan como el Pacto de Mayo lo asumió con una doble condición: con un exceso dogmático y con confianza en su capacidad de disuasión ante los gobernadores”, indicó a LA GACETA el analista político Gustavo Córdoba. Sin embargo, el contexto económico le jugó una mala pasada a Milei, sostuvo. “Tras ganar las elecciones del año pasado, cerró 2025 con expectativas favorables para la actividad de corto plazo, pero ahora nos dimos cuenta que se sobregeneraron aquellas expectativas que no logró armonizar, más allá de la baja de la inflación”, acota el director de Zuban Córdoba y Asociados. Así, “recuperar esa dinámica puede darle un margen de maniobra política, aunque los gobernadores están viendo la pérdida del poder disciplinador de la Nación y, si no se diferencian en este momento, posiblemente lo paguen muy caro en las elecciones de 2027”, analiza. De allí que la mayoría de ellos, aquellos que tienen margen constitucional, estudien anticipar las elecciones a las nacionales.
Por su parte, el politólogo Aníbal Urios señala a nuestro diario que al Gobierno nacional le demandó más tiempo de lo esperado acomodar lo macro. “Lo que la gente pide desde fines de 2023 es que se terminen los vaivenes económicos y que arranque la segunda etapa, que tiene que ver con las reformas para el desarrollo y el crecimiento del país”, puntualiza. El analista insiste con que esa es la gran demanda de la sociedad que la clase dirigente no termina de entender. “La idea no es perder, sino ganar-ganar porque un crecimiento sostenible beneficiará a todos, independientemente del signo político del gobierno de turno. Por eso, el voto del año que viene servirá para consolidar y proyectar la Argentina que queremos”, finaliza Urios.





















