La Cámara Federal porteña confirmó ayer la ampliación del procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios, acusados de haber cobrado coimas de empresas que a su vez recibían subsidios destinados al sistema de transporte ferroviarios. La sala I del Tribunal de Apelaciones confirmó “parcialmente” los procesamientos a la actual precandidata a vicepresidenta y a los detenidos ex funcionarios Julio De Vido, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, según el fallo al que accedió la agencia Télam. En esta pesquisa, que es un desprendimiento de la causa conocida como “cuadernos de las coimas”, se investiga “el presunto pago indebido a funcionarios por parte de los empresarios titulares de las concesiones de servicios de transporte ferroviario, de un porcentaje de los subsidios recibidos del Estado”, recordó la Cámara.

Esta operatoria “aparece engarzada dentro de la estructura montada desde la cúpula del PEN con fines recaudatorios, que atravesaría al Ministerio de Planificación Federal y a distintas áreas de su competencia, incluida la Secretaría de Transporte”, agregó el fallo. Los jueces dieron por probados tres hechos de cohecho y no nueve, como consideró el juez federal Claudio Bonadio al dictar los procesamientos contra la ex mandataria y los ex integrantes de su gobierno.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi aludieron a “deficiencias probatorias” y por ello concluyeron que “corresponde reducir a tres los casos de cohecho por los que deberán responder, siendo éstos aquellos que se han tenido por suficientemente acreditados”.

Los hechos que los camaristas dieron por probados fueron “las entregas de dinero efectuadas por los empresarios Aldo Roggio -con relación a Metrovías-, y por Benjamín Romero, respecto de Ferrovías e Hidrovía”, según consta en el fallo.

En la misma resolución, Bruglia y Bertuzzi revocaron los procesamientos a los empresarios Sergio Taselli, Sergio Claudio Cirigliano y Julio Forastieri, y los dejaron con falta de mérito mientras se profundiza la pesquisa sobre los hechos de los cuales habrían sido protagonistas. Bonadio había procesado a Taselli y Cirigliano como supuestos organizadores de asociación ilícita y cohecho activo, que significa haber pagado coimas. En cuanto a los otros empresarios procesados por pago de sobornos para obtener subsidios a los ferrocarriles, Roggio y Romero, se confirmó parcialmente la ampliación de su procesamiento por un hecho de cohecho activo y se les dictó la falta de mérito como eventuales miembros de una asociación ilícita. “Según la versión brindada por Roggio y Romero -ambos en calidad de arrepentidos-, los pagos se efectuaban por un específico propósito, que consistía en la oportuna obtención de los subsidios”, concluyó la Cámara. 

“Ellos reconocieron haber efectuado las entregas de dinero, coincidiendo en sus detalles, tanto al indicar las formas de recaudación implementadas, como sus proporciones. Sin embargo, también fueron contestes en que los pagos sólo respondieron a sus propias empresas y nada más allá de esto”, sostuvieron los camaristas en un razonamiento en el que descartaron que lo reconocido por ambos empresarios pudiera ser también atribuido al resto de los imputados como supuestos pagadores de coimas. Al ex secretario de Transporte del kirchnerismo Schiavi se le confirmó el procesamiento como supuesto miembro de asociación ilícita y un hecho de cohecho pasivo, es decir, cobro de soborno. (Télam)