El que pasó fue un fin de semana de frenéticas negociaciones con los bonistas y de fuertes conversaciones dentro del oficialismo para evitar que la Argentina cayera, definitivamente, en el default. Al final, el presidente Alberto Fernández mejoró la oferta de canje de una deuda estimada en unos U$S 65.000 millones. Sólo resta que los acreedores y el propio Gobierno nacional redacten los comunicados de rigor con los detalles del entendimiento y que, luego, se cumplan cuestiones legales que van desde la comunicación a la Comisión de Valores. En el medio, la Cámara de Diputados debatirá hoy el proyecto de reestructuración de la deuda bajo legislación argentina.

Para acercarse a un acuerdo, el Gobierno ofreció un dólar más de valor presente neto, hasta los U$S 54,30, y los bonistas bajaron su pretensión de recibir más de U$S 56. Ayer, Fernández mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y éste, a su vez, se comunicó, por videoconferencia, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Luego visitó en su casa a la vicepresidenta Cristina Kirchner, para trasmitir los detalles del acuerdo. Según trascendió, en este último encuentro, Guzmán le habría explicado a la vicepresidenta la inconveniencia de que la Argentina caiga en cesación de pagos y las consecuencias que ello causaría, sumado a los efectos de la pandemia por la covid-19 en la economía nacional. Algunas versiones indicaban que fue el propio Massa el que convenció al jefe de Estado para mejorar la oferta y cerrar, por ahora, el capítulo de la deuda. Una restricción mayor al acceso a dólares (vía inversiones) ahondaría los problemas de un país que arrastra tres años de recesión económica.

El acuerdo con los bonistas es necesario, pero no suficiente para resolver los problemas macroeconómicos de la Argentina y, así, volver a la senda del crecimiento. En eso coinciden los economistas consultados por LA GACETA.

Según el director de Invecq Consulting, Esteban Domecq, un acuerdo entre el Gobierno y los bonistas abrirían un espacio temporal, un veranito de dos a tres meses, que descomprimiría las urgencias financieras, posibilitaría la recuperación del valor de las acciones y de los títulos de las empresas y, naturalmente, implicaría una mayor reducción del riesgo país (ayer bajó casi un 7%, a 2.119 puntos básicos). Pero, a la vez, descomprimiría la presión sobre la disponibilidad de dólares. “Esto debe ser aprovechado para adoptar medidas de fondo, a través de un programa macroeconómico consistente que revierta la situación de crisis fiscal y de confianza”, apunta.

La reestructuración de la deuda, a su vez, es necesaria para que algunas provincias y las empresas logren refinanciar sus pasivos a tasas más bajas. En el mediano plazo, las compañías podrían salir al mercado a buscar financiamiento más barato, tanto para producción o para capital de trabajo. Lo que más inquieta a la Casa Rosada son los movimientos del tipo de cambio. Los funcionarios saben que un acuerdo desecha toda posibilidad de corrida cambiaria.

Adrián Ravier, doctor en Economía, sostiene por su parte que a la posibilidad de un canje de la deuda hay que sumarle otra señal que el Gobierno le dio al mercado de corregir el rumbo: la marcha atrás en la expropiación de Vicentin. “Si definitivamente hay acuerdo, vamos a ver la recuperación de las acciones y una mejora del clima”, afirma. Pero, paralelamente, señala que el horizonte es bastante complejo para el país. “La Argentina terminaría 2020 con un déficit fiscal de 10 puntos del PBI, en un escenario de recesión de entre 12 a 14 puntos del Producto, que se puede agravar si se extiende la cuarentena”, puntualiza.

En suma, el país necesita encontrar la salida para superar los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios. Fernández tiene previsto realizar varios encuentros con los principales referentes políticos. El gobernador Juan Manzur viajó a Buenos Aires para participar de una de esas cumbres. Se espera que hoy sea un día de anuncios, que lleven a la Argentina a dejar atrás el fantasma del default. A Manzur le preocupa ese escenario. No tanto por la deuda pública (no existen grandes compromisos del Estado en moneda estadounidense), sino por la viabilidad del financiamiento para encarar obras públicas hasta el final del mandato. Son los créditos de los organismos multilaterales que también esperan señales en torno de un acuerdo definitivo por la deuda argentina.

A horas de que venza el plazo de adhesión de los acreedores al canje de deuda por unos U$S 65.000 millones, el Gobierno Nacional debe definir cómo seguirá la relación con esos bonistas, ya que de ambos lados las posiciones parecen irreducibles en esta “pulseada” capitalista.

Desde la cartera de Hacienda y hasta el presidente, Alberto Fernández, ponderan que es “todo lo que se puede mejorar” y que esta última oferta “muestra un gran esfuerzo para cerrar en ese valor”. Mientras, los fondos de inversión que tienen la mayoría de los bonos de deuda argentina, presionan por ir más arriba en busca de cerrar el acuerdo de reestructuración de pagos.

Entre los trascendidos desde la Casa Rosada se asegura que el canje de deuda no será prorrogado. Quizá por ese lado es que el ministro Martín Guzmán haya anticipado que si “esta última oferta” es rechazada, la Argentina se mueva más hacia el acuerdo de la deuda con el FMI y más adelante, dentro de seis u ocho meses, se vuelva a hacer un replanteo con los sectores privados.


Rechazo y amenaza

Esta posición fue rechazada por los grandes fondos que encabeza BlackRock (tienen el 50% de la deuda emitida por Mauricio Macri y el 60% de los bonos de la gestión K), que advirtieron que si el Gobierno no modifica la oferta actual, la aceptación será muy baja y por lo tanto no podría hacer el canje.

Esta velada amenaza tiene traducción para el mercado. Las consecuencias negativas en el plano financiero local aparecerán en días en el valor del tipo de cambio, a través de una mayor brecha entre el dólar oficial y los alternativos, así como en el valor de bonos y acciones.

Estos grandes inversores en bonos de deuda entienden que tampoco el FMI aceptará una negociación si antes la Argentina no cierra su problema con ellos.


Alternativa

Ante esta disyuntiva, tres economistas especialistas en deuda soberana, Héctor Giuliano, Alejandro Olmos Gaona y Francisco Llorens enviaron una carta al presidente Fernández, para proponer una solución alternativa a la renegociación con los acreedores internacionales. Ellos plantean “serios reparos” en el arreglo “basado en bonos convencionales con tasas de interés y pagos de capital crecientes, y la improbable y/o costosa vuelta al mercado de la deuda”. Y proponen una “alternativa de pago”, basada en bonos ajustados por inflación, como se usa en los países desarrollados, principalmente por municipios, Estados, y grandes bancos y fondos de inversión, con un servicio de intereses propio que no deberían superar el 1% anual ajustado por la inflación mundial, hasta que se produzcan los pagos del capital.

Según los académicos, los bonos ajustados por inflación “posibilitan una curva de pagos acumulados exactamente inversa a la de los bonos convencionales” y evitarían recurrir al mercado internacional “por décadas”, liberando a la Argentina de las “condicionalidades” y exigencias extra financieras que imponen los prestamistas. Sugieren que como muestra de buena fe y voluntad de pago, que la Argentina deposite trimestralmente en una cuenta consignación en el exterior, los intereses corridos desde el 22 de abril pasado, fecha en que cesó en sus pagos.


Lo más real

También otros especialistas dieron su opinión, como Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, que midió la realidad. “Cerrar un exitoso acuerdo sigue siendo el escenario que descuentan los operadores, aún con demoras y tironeos finales. Esto ocurre porque es el escenario más conveniente para ambas partes, ya que las diferencias económicas están reducidas y en las divergencias en las cláusulas legales habría voluntad de pulirlas, por lo cual todo queda en manos de definiciones políticas”.


Tres grupos
Punto medio entre ofertas de canje
Los grandes grupos de bonistas (Ad Hoc, Tenedores de Bonos de Canje y el Comité de Acreedores), pudieron encontrar manera de que la oferta de canje rondara los 55 dólares, para partir la diferencia con el gobierno, que era de 3 dólares. La periodista especializada María Iglesias citó en Clarín entre los detalles que esa diferencia fue zanjada en 54,8 dólares, partiendo a la mitad la diferencia entre las posturas del país y de los grupos mayoritarios.

Amortización
Adelantamientos de fechas
Otro de los puntos en los que hubo cambios respecto a las ofertas fue en la amortización de tres bonos, que según comenta Clarín se adelantan. El título que se utilizaría para reconocer los intereses corridos devengados, en vez de vencer en 2030, caducarán en 2029. Otros dos instrumentos también tendrán fechas de vencimiento más tempranas. Los funcionarios nacionales citados comentaron estos cambios como “imperceptibles” respecto al monto de pago.

En lo legal
Apoyo de los bonistas
En el cuarto punto destacado por Clarín, habla del lenguaje similar al usado por Ecuador en la reestructuración: se sube el umbral mínimo de participación. El gobierno nacional lo había fijado en un 50% de aceptación, que al aplicar las cláusulas de acción colectiva podrían significar una adhesión del 60%. Esos porcentajes ahora se buscará elevarlos hasta el 75%. Fuentes del sector de los bonistas mencionan que el apoyo de esta oferta rondaría el 80%.

Fechas de pago
Modificación entre las ofertas
Entre las claves, Iglesias también cita que en la materia económica se siguen ofreciendo los cinco bonos originales tanto en dólares como en euros. La modificación fue respecto a las fechas de pago, porque mientras en la oferta anterior los plazos caían en marzo y septiembre, ahora se adelantaron para enero y julio, con el primer pago a mediados del año que viene. Ese cambio hace que el valor de la oferta, según fuentes nacionales, crezca.