Las acciones del juez de Impugnación Enrique Pedicone, presuntamente, encuadran en las causales de remoción de mala conducta, falta de cumplimiento de los deberes de su cargo, ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, reiteración de irregularidades en el procedimiento, y falta de independencia. Eso sostiene el abogado Alfredo Falú en el pedido de juicio político que presentó contra el ex camarista, en el marco del escándalo desatado por la denuncia de Pedicone contra el vocal Daniel Leiva, por presunto tráfico de influencias.
Falú articula su planteo en cuatro ejes. En primer lugar, sostiene que Pedicone habría trasgredido la inviolabilidad de las conversaciones privadas al grabar, según él manifiesta, tanto a Leiva como al actuario Fernando Valladares, quien manuscribió las actas que dan fe de los audios entregados por el juez a la prensa, documentos que luego desconoció. Precisamente, el segundo punto del pedido de remoción es la presunta coacción de Leiva contra Valladares. A ello agrega la supuesta omisión de formular la denuncia por parte de Pedicone, ya -recalca Falú- dice haber grabado a Leiva el 28 de julio, pero radicó la denuncia el 1 de septiembre, “después de haber sido sancionado por la Corte”. Finalmente, pide la destitución por “los reiterados apartamientos de las normas para anular prisiones preventivas”.
Planteos en contra
Vocal de la Corte Suprema (5): Daniel Leiva enfrenta cinco pedidos de juicio político; uno presentado por Nicolás Mirande y Fernando Sergio Vera del Barco (del Pro); otro de la gremialista Alejandra Martínez y el abogado Gustavo Morales; el tercero de 10 dirigentes de Juntos por el Cambio; el cuarto de dos abogados que representan 436 firmas y el quinto del destituido juez Roberto Guyot.
Juez del Tribunal de Impugnación (6): Enrique Pedicone enfrenta cinco pedidos de destitución: el primero lleva la firma de la víctima Lucas Emmanuel Mayer y de su padre, el ex juez Carlos Mayer; el segundo y el tercero son impulsados por el ex legislador Juan Eduardo Rojas, que representa a familiares de las víctimas Barrionuevo Núñez, Concha y Palavecino; el cuarto fue promovido por el abogado Carlos María Gallardo; el quinto es el del ex legislador Antonio “Pachi” Raed; y el sexto, del abogado Alfredo Falú.