“Lo único que le pido es que no lo dejen que se me acerque. Quiero vivir en paz. Necesito poder seguir adelante y con ese hombre no puedo hacerlo”, dijo la víctima en una audiencia que se realizó el martes en el Centro Judicial de Monteros. Y el juez Mario Velázquez, en cuatro días, no sólo dictó medidas restrictivas en su contra, sino que ordenó que la mujer reciba asistencia por parte del Estado.

Todo comenzó el viernes 2 de octubre. Ese día, según la denuncia realizada por B.G., Jorge Luis Salguero la golpeó y la amenazó en su vivienda de Simoca. La fiscala María Eugenia Posse, al comprobar el castigo físico que había sufrido, pidió que se le abriera una causa por amenazas y lesiones leves agravadas por el vínculo.

En su alegato, la investigadora presentó, entre otras pruebas, el informe del médico forense que constataba las lesiones de la mujer, una denuncia radicada en 2016 que fue archivada porque la víctima no la continuó y los antecedentes del caso. También informó que el personal de su fiscalía realizó un informe socioambiental en el barrio donde residía la pareja. En él, según dijo, constató los hechos de violencia contra B.G y sus hijos, todos menores de edad. “En ese trabajo nos encontramos con personas que no querían hablar porque le temían al acusado. Dijeron que era un hombre peligroso, por lo que consideramos que este es un caso de altísimo riesgo”, indicó.

Negación y réplica

Salguero, a la hora de declarar, negó todas las acusaciones. Dijo que ese día se había ido a pescar con dos sobrinos y, cuando regresaron, se dedicó a comer los pescados y a tomarse unos “vinitos”. “Estuve hasta tarde tomando, me fui a dormir y cuando me levanté ella no estaba. Se había ido con nuestros hijos. Es imposible que yo la haya golpeado. Nunca lo hice; sí tuvimos discusiones, como cualquier pareja”, declaró.

A los minutos, con la voz entrecortada, la víctima señaló: “¿cómo podés mentir tanto? Desde hace años que me venías pegando. No te importó nada, ni siquiera que estoy esperando un hijo tuyo. Nunca te importó nada, siempre me agrediste. Esto no es vida. Quiero tener algo de paz de una vez por todas”.

La fiscala Posse, al tratarse de delitos excarcelables, no pidió que se le dicte la prisión preventiva, pero sí que se le imputen los delitos, que se le otorgue una prórroga de prohibición de acercamiento y que la víctima, acompañada por efectivos policiales, se presente en el domicilio a retirar todas sus pertenencias. El juez Velázquez aceptó todos los planteos, pero también pidió que intervenga la Dirección de Niñez, Adolescencia e Infancia (Dinaif) para brindarle contención a la víctima.

También le pidió a la representante del Ministerio Público Fiscal que en tres meses cierre la investigación del caso. Por otra parte, se declaró incompetente para resolver régimen de visita y el pago de una pensión alimentaria, aunque decidió que se envíe un oficio para que actúe el juzgado de Familia de manera urgente.

Antes de dar por terminada la audiencia, le dio la palabra al imputado (el cual sólo pidió que le devolvieran el celular que había entregado en la comisaría) y luego le dijo con tono firme: “Señor Salguero le advierto que usted, si entorpece el proceso, si se arrima o molesta a la víctima, se le aplicarán otras medidas mucho más duras. ¿Entendió?”, le consultó. “Sí”, le respondió el acusado. “Está debidamente advertido”, agregó el magistrado.

Otra mirada

“La aplicación del nuevo código nos permite encontrar una resolución rápida y definitiva de las causas penales de violencia de género”, explicó el fiscal Augusto Zapata, titular de las dos Unidades Fiscales de Violencia de Género I y II del Centro Judicial Capital. “La celeridad es fundamental para que los conflictos no se agraven y se los pueda resolver dándoles una resolución concreta”, agregó.

“Las audiencias están funcionando satisfactoriamente; se les da a todas las partes la posibilidad de ser oídas; hay una inmediación en la que el juez escucha a todos y se logra una resolución de mayor calidad y más adecuada al conflicto que se presenta al no existir el escrituralismo anterior, que podía alejar de la realidad al juez”, destacó el fiscal.

El funcionario judicial explicó que lograron resolver causas en una semana. “Es una gran diferencia, ya que con el viejo proceso llevaban años e incluso las causas terminaron prescribiendo”, indicó. “Ahora, en muchos casos, logramos realizar acuerdos de juicios abreviados, logrando la resolución en menos de un mes. En ese sentido es un cambio de paradigma totalmente diferente que nos permite una solución para todas las partes”.

Zapata también indicó que hubo varios cambios importantes. “Se pidieron numerosas medidas de protección de personas. También estamos trabajando con otras instituciones como la Dinaif y los juzgados de familia en un trabajo articulado e interinstitucional para resguardar a la víctima”, concluyó.