Tres hombres -de 21, 24 y 40 años- fueron condenados a tres años de prisión -de cumplimiento condicional-, luego de haber reconocido durante un juicio abreviado su responsabilidad en las estafas telefónicas contra seis jubiladas, confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF).  

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La Unidad de Delitos Complejos del MPF, a cargo de Marcelo Leguizamón, logró determinar durante la investigación el modus operandi del grupo. Según el informe oficial, las estafas comenzaban con una llamada telefónica, en la que una mujer, simulando ser familiar de las víctimas, advertía sobre la necesidad de cambiar sus ahorros -en moneda extranjera o argentina- por billetes nuevos, como así también una nueva insignia en joyas, todo ello, con el fin de que dichos bienes "no perdieran su valor". 

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Una vez que las víctimas daban el visto bueno, esta mujer -por el momento, no identificada- les decía que un contador o un empleado de una entidad financiera pasaría a recoger por sus casas los billetes para poder cambiarlos, y luego reintegrarlos.

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De esta manera, un hombre se presentaba ante las víctimas y, tras hacerse con los bienes, se daba a la fuga. En total, se contabilizaron seis casos con similares operatorias, por lo que la investigación fue unificada.

Los nombres

Según el informe del Ministerio Público Fiscal, tres hombres fueron condenados por estos delitos. Se trata de Juan Walter Ismael, de 21 años, y Marcelo Alejandro Caldera, de 40 años, domiciliados en Famaillá; y de Juan Gabriel David, de 24, oriundo de San Miguel de Tucumán. En tanto que las víctimas son de Capital, Trancas, Banda del Río Salí y Yerba Buena.

Los imputados fueron declarados "material y penalmente responsables del delito de estafa, en calidad de coautores, por seis hechos ocurridos el  4, 15, 27 y 29 de enero de 2021; el 17 de febrero de 2021 y el 12 de noviembre de 2020", señala el reporte del MPF.

La explicación del fiscal

“Hubo una decisión común, es decir, un plan acordado. Los imputados, junto a la coautora no identificada aún por este Ministerio, previa distribución de roles y con intenciones de lograr una disposición patrimonial de las víctimas, las indujeron al error mediante llamadas telefónicas, que las prepararon, y determinaron a disponer de su dinero en favor de los mismos, quienes cumplieron el rol de receptor del dinero, simulando ser una persona representante de un banco”, detalló Leguizamón.

En ese sentido, sostuvo que "existió una división del trabajo" y "mientras la coautora realizó el llamado telefónico a las víctimas solicitando la disposición del dinero, los encartados las esperaban en la vereda de los domicilios para aprovecharse de ellas, quienes resultan doblemente vulnerables por ser mujeres y de avanzada edad para poder llevar a cabo el delito”.

La pesquisa

El fiscal se refirió al trabajo que realizó el personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), a través de la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal, que acreditó la conexidad que existe entre todos los hechos por ser realizados por las mismas personas imputadas. Según el informe oficial, de los teléfonos secuestrados surgió una intensa actividad de llamadas entrantes y salientes en los horarios en los que sucedieron los hechos y con anterioridad, es decir, la planificación para cometer las estafas. Además de contar con material fílmico y fotográfico de cámaras de seguridad de una vecina.

Por otro lado, teniendo en cuenta que los dos automóviles (un Toyota Etios y un Fiat Siena) habrían servido para la comisión de los hechos investigados, se deberá disponer el decomiso de los rodados, poniéndolos a disposición del Estado Provincial, conforme lo ordenado en el digesto penal, indicaron en el MPF.

Reglas de conducta

En cuanto a las condenas condicionales, entre las reglas de conductas impuestas se detalla: fijar residencia y firmar una vez por mes el libro de comparendo ante la comisaría jurisdiccional correspondiente; la prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros de donde se encuentren las víctimas, "no pudiendo los imputados llevar a cabo cualquier acto de turbación, perturbación, hostigamiento, amedrentamiento y/o intimidación directa o indirecta sea por sí o por terceros y por cualquier medio de comunicación existente"; y "la prohibición de portar cualquier tipo de arma de fuego propia o impropia, sin que sea necesaria la acreditación de aptitud de disparo del arma o su munición", entre otros. Por último, los condenados deberán realizar una reparación económica por la suma de $250.000 en un único y solo pago, la que será puesta a disposición de las damnificadas, "comprometiéndose los imputados a efectivizar la reparación consignando como fecha límite el día 10 de diciembre de 2021", señala el informe oficial.