Un legislador oficialista, en contra del peaje en El Cadillal: "No sería beneficioso"

El proyecto de ley impulsado por legisladores del Frente de Todos (FDT) para establecer un sistema de peaje en la ruta provincial 347, que conduce a El Cadillal, generó cuestionamientos en el propio bloque oficialista.

El peronista Gerónimo Vargas Aignasse recibió ayer a un grupo de vecinos de esa localidad que están en contra de la iniciativa, impulsada por legisladores Juan Rojas (autor), Sergio Mansilla, Manuel Yapura Astorga y Maia Vanesa Martínez (cofirmantes).

"Coincidimos en que no sería beneficioso para el desarrollo de este centro turístico", expresó Vargas Aignasse, luego de la rueda de diálogo con la comisión de representantes del lugar. Además, advirtió que esa villa veraniega "necesita más apoyo del Estado, sin más costos a los turistas".

No es el primer oficialista que expresa sus reparos hacia la propuesta para instalar un peaje en la carretera que vincula esa comuna rural con la ruta nacional 9.

“La intención de algunos legisladores de intervenir con un peaje el acceso a la comuna de El Cadillal parece al menos, apresurada. Especialmente, si no fueron consultados sus principales afectados: los vecinos de la propia comuna que entran y salen diariamente de ella”, había señalado ayer el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera.

Además, había advertido que El Cadillal “es uno de los principales destinos del turismo local, y especialmente de los sectores populares del área metropolitana del Gran San Miguel a los que se les impondría una injusta barrera de acceso y habilitará en los hechos vías alternativas, clandestinas y peligrosas”.

El proyecto en cuestión fue elevado por los representantes del oficialismo en la comisión de Turismo de la Legislatura.

En caso de que la propuesta avance y se convierta en ley, los cobros por el peaje se extenderán durante 10 años -renovables-, y el precio del tributo por la circulación será el equivalente al costo de un litro de nafta premium.

En principios todos los propietarios de vehículos pagarían, pero los residentes tendrían bonificación. Sólo quedarían exentos al pago las ambulancias, las personas con carnet de discapacidad, las fuerzas de seguridad y otros vehículos del Estado.