Llamar a la “unión” cuando todo está en llamas

El Gobierno nacional está en problemas: el Presidente de la Nación está llamando a “la unidad de los argentinos”. Y -es una certeza estadística- el kirchnerismo hace flamear la bandera de la “unión nacional” sólo cuando su número de desaciertos supera cualquier relato.

En 2011, el año en que ganó la reelección con un incontestable 54% de los votos, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner usaba casi a diario la Cadena Nacional de Radio y Televisión y, tanto a los opositores que proponían cambios en el rumbo del Gobierno, o a los empresarios que planteaban la necesidad de concretar reformas en el modelo económico, les contestaba con la misma muletilla: “lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas”. Es decir, su gobierno no estaba para dialogar sino para mandar y el que no ganaba comicios carecía de todo derecho a ser escuchado.

En 2015, en cambio, su discurso era otro. El default asfixiaba a la Argentina. Hasta la Fragata Libertad nos habían embargado. Y Axel Kicillof, en diciembre de 2014, había lanzado los bonos Bonar 2024 para canjearlos por los Boden 2015 que vencían en 10 meses. Emitieron 3.000 millones dólares, pero sólo colocaron 286 millones. La credibilidad del país en los mercados era nula e insanable. Entonces, en agosto, para la conmemoración de la muerte del general José de San Martín, ella declaró que la mejor manera de homenajear al prócer era “entender la necesidad de la unidad nacional como instrumento para construir una gran nación”.

En 2017, para ni siquiera discutir candidaturas ni listas, Cristina fracturó al mismísimo Partido Justicialista y fundó “Unidad Ciudadana”. Pero el domingo 23 de octubre, cuando fue derrotada en provincia de Buenos Aires como candidata a senadora, dijo en su discurso: “Creemos en la unidad de las distintas fuerzas políticas de la oposición”. Agregó, nadie menos que ella: “nos hemos enfrentado a la mayor concentración de poder de la que se tenga memoria desde el restablecimiento de la democracia”.

De modo que la convocatoria a la “unidad” por parte del kirchnerismo es siempre, más bien, un llamado a coparticipar las responsabilidades por las calamidades perpetradas: esas que habían sido objeto de toda clase de advertencias, para las cuales el oficialismo sólo tuvo oídos sordos y respuestas que bastardean.

Ahora el que llama a la “unidad” es el compañero de fórmula de Cristina, vastamente abandonado por el kirchnerismo. El pasado viernes 18 en Tucumán, a la semana siguiente en una entrevista radiofónica, y el martes pasado ante el Consejo Económico y Social, el jefe de Estado pidió dejar atrás las diferencias y abogó por “la unidad de los argentinos”.

¿Tantos problemas tiene el Gobierno? Esencialmente, sí. En términos pragmáticos, un Gobierno (cualquiera sea) debiera aspirar a enfrentar una sola clase de “tormenta” en el océano de inconvenientes que debe transitar: o dificultades económicas o dificultades políticas. Mientras sólo afronte una de esas dos tempestades, se puede navegar. Esta cuarta presidencia kirchnerista, sin embargo, atraviesa esos dos problemas juntos. Y otros más también.

Exorcismos en vez de planes

Los problemas económicos de la gestión son de tal magnitud que la última novedad en esta materia es que la Casa Rosada ha anunciado su naturalización.

“La inflación se complica por el escenario internacional, pero ayer hablamos con Martín (Guzmán, ministro de Economía) y de los 50 puntos de inflación debe haber 10 que tienen que ver con la guerra, pero hay 40 que son nuestros. Eso está mal, nos daña a todos”, manifestó el martes en el Centro Cultural Kirchner, delante de gobernadores, movimientos sociales, empresarios y gremialistas.

Es decir, en marzo el Gobierno ya da por hecho una inflación de semejante magnitud. Huelga decir que, con la actual dinámica de la suba de precios, ese 50% es una manifestación de optimismo.

El agravante es que esta administración, que considera que antes que un plan económico se necesita un exorcismo contra los “diablos” de la suba de precios, necesita que la inflación sea así de alta. Sin margen social para aumentar aún más los impuestos, la suba de precios funciona como “impuesto inflacionario”: más se disparan los costos, más recauda el fisco.

Una UTE en disolución

Los problemas políticos son congénitos y su condición es cada vez más gravosa. Alberto Fernández fue escogido como gerente de un peronismo con cuatro grandes grupos, de los cuales él nunca fue accionista: el kirchnerismo, los gobernadores, el massismo y los sindicatos. Es decir, siempre tuvo la autoridad que le da el cargo, pero no el poder que dan las bases.

Ahora, ni siquiera esa “UTE” peronista está entera. Massa se fotografía con Alberto igual que con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. El sindicalismo está en efervescencia. Los gobernadores sólo atienden su propio juego. Y el kirchnerismo sigue ninguneando en capítulos consecutivos al jefe de Estado: ayer lo hizo Kicillof.

Unidad, pero con excepciones

Ca institucional: estamos al borde de que el país se quede sin el organismo constitucional que se encarga de seleccionar, sancionar y remover a los jueces de la nación. Hay plazo hasta el próximo viernes 15 para que se dicte una ley que le devuelva al Consejo de la Magistratura la estructura equilibrada que establece la Constitución Nacional desde 1994, y que se tradujo en la primera conformación de ese instituto. Después de haber sido dos veces manoseado y desnaturalizado por el kirchnerismo, la Corte Suprema de la Nación intimó al poder político, en diciembre, a que en 120 días reestructurara esa institución esencial para la república.

Hasta 2006, el órgano funcionó sin reparos con 20 consejeros. Pero en la Presidencia de Néstor Kirchner, el oficialismo alegó que era burocrático y lento y eliminó de su conformación al presidente de la Corte, a la vez que redujo a 13 sus miembros: siete eran políticos. Frente a los fallos adversos de los tribunales inferiores, y la inminencia de una sentencia firme que demoliera ese Consejo jibarizado, en 2013, durante la segunda presidencia de Cristina, se desdijeron y propusieron un organismo de 19 integrantes. Eso sí: deberían hacer campaña electoral, porque se los votaría en comicios nacionales, y para ello deberían ser candidatos por algún partido político. Esto incluía a los mismísimos jueces federales, en nombre de la “democratización de la Justicia”. Esa disposición fue fulminada de nulidad y se mantuvo el régimen de 13 consejeros de 2006, al cual se declaró inconstitucional en diciembre.

El miércoles iba a tratarse en el Senado esta urgencia. Pero el kirchnerismo postergó la sesión. ¿Por qué? Porque no logró reunir el apoyo de 37 senadores para imponer su proyecto.

La iniciativa por la que porfió el kirchnerismo no reestructura el Consejo de la Magistratura: al esquema de 13 integrantes, declarado inconstitucional, le adosa otros cuatro. La oposición, en cambio, quiere volver a los 20 originales. Presidente de la Corte incluido. Horacio Rosatti fue el primer ministro de Justicia de Néstor. Renunció porque no aceptó los mecanismos de contratación para la construcción de cárceles que proponían Julio de Vido y José López. Por alguna razón, después de ello, hay kirchneristas a los que Rosatti les resulta tan insoportable…

Senadores de otros bloques que son “aliados” al Gobierno, y hasta los del propio Frente de Todos, pidieron cambios al proyecto “K”. Pero el oficialismo decidió forzar las cosas hasta último momento. El martes, cuando no hubo caso, el formoseño José Mayans, presidente de la bancada, no tuvo más remedio que mandar de nuevo el dictamen al plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. Ahora faltan 15 días para que la Cámara Alta dé media sanción a una norma que, dado el escaso tiempo disponible, deberá ser ratificada sin cambios por la Cámara de Diputados, para luego debe ser promulgada (sin margen de veto) por la Casa Rosada, y publicada en el Boletín Oficial. De lo contrario, el Consejo de la Magistratura quedará inhabilitado para dictar resoluciones.

¿Por qué no hubo vocación de consensuar el dictamen de mayoría con otros partidos en nombre de “la unión de todos los argentinos” que pregona Alberto? ¿La unidad de todas las fuerzas democráticas en contra de la concentración de poder, a la que convocó Cristina, no se aplica a la hora de buscar un Consejo de la Magistratura equilibrado y sin predominio “K”?

La palabra perdida

Precisamente, aquí asoma el cuarto problema del Gobierno: por el momento, nadie estaría creyendo en la palabra oficial. Y sin palabras, no hay política. No es una presunción: es un axioma. La modernidad se funda en el mito de que vivíamos en el Estado de Naturaleza, en una situación de guerra permanente, hasta que un día “conversamos”: nos “pusimos de acuerdo” en ceder algunas libertades a cambio de vivir en el marco de leyes (normas escritas con palabras). Es decir, con palabras salimos de la jungla y fundamos el Estado de Derecho.

El camino elegido por el kirchnerismo ha sido el relato: ya se agotó. La realidad siempre está más allá del deseo. Los números de la inflación son contundentes. Igual que los de las derrotas kirchneristas de las PASO de septiembre y de las generales de noviembre. Pero el Gobierno sin palabras pareciera no poder advertir ese diagnóstico.

Sólo los enamorados del relato pueden creer que las matemáticas son charlables…