El gobernador interino Osvaldo Jaldo tiene muy presente el nombre de una ciudad argentina. “Para no ser Rosario, debemos actuar rápido”, señaló. Y fue más allá. “Nada menos que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se reunieron allí para pedir colaboración en la lucha contra el narcomenudeo. Y en Tucumán, al estar en vigencia la norma, lo estamos haciendo”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

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El temple del tranqueño es otro porque después de casi tres años siente que su iniciativa se hizo realidad. Cuando presidía la Legislatura propuso e hizo aprobar por mayoría una nueva ley para combatir, con este sistema, la venta de droga, reemplazando así la que se había promulgado en 2015 y que nunca se pudo poner en práctica por una medida cautelar -impulsada por el Ministerio Público Fiscal-. “Eso es lo que nos pedía la gente en la campaña. Debemos darles una respuesta”, sintetizó en una entrevista que concedió a LG Play en junio de 2019, horas después de haber sido reelecto en el cargo.

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Pero la situación no cambió con el cambio de norma: la Corte Suprema de Justicia de la provincia entendió que la medida cautelar seguía vigente. Al quedar al frente del Poder Ejecutivo insistió con su aplicación. La Fiscalía de Estado le pidió al máximo tribunal que resolviera el conflicto. Y los vocales lo hicieron. Con un fallo que no fue unánime, le dieron la razón y dejaron entreabierta una puerta para que se aplicara la ley en la provincia. Y el jueves se terminó de abrir: al no haberse presentado un nuevo recurso en contra de la decisión, la sentencia quedó firme.

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“Con esta norma lo único que se pretende es colaborar con la justicia federal. Nos encargaremos del narcomenudeo y ellos lo harán con el narcotráfico, es decir, con los casos de contrabando más grande”, insistió. “Valoro la postura del MPF de no haber presentado ningún recurso que pudiera frenarla. Este es un problema serio del que los tres poderes del Estado deben involucrarse y vamos por ese camino. Ya está vigente, ahora hay que ponerla operativa”, agregó.

Medidas

En el fallo de la Corte provincial, los jueces plantearon varias dudas sobre su aplicación y subrayaron las necesidades que debían atenderse de manera urgente. Jaldo entendió el mensaje y, antes de que quedara confirmada la sentencia, comenzó a moverse. El 28 de abril, de la sede gubernamental, salieron dos notas firmadas por el fiscal de Estado Federico Nazur. Una fue dirigida al ministro de Economía Eduardo Garvich solicitando que active o amplíe las partidas presupuestarias al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo para que pudiera ponerse en marcha.

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La otra misiva fue recibida en el despacho del presidente de la Legislatura Sergio Mansilla. En este caso le adelantó que era necesario modificar dos puntos de la ley (en realidad se trata de una adecuación para que pueda ser utilizado con el nuevo código procesal penal) que se necesita y que fue requerida por el máximo tribunal.

Ayer el PE también empezó a distribuir notas para que se constituya el grupo que deberá vigilar el desarrollo de la aplicación de la norma. Tiene un nombre rimbombante: Comisión Interpoderes. Estará integrada por un vocal de la Corte; el ministro Fiscal (Edmundo Jiménez); el ministro Pupilar de la Defensa (Washington Navarro Dávila), la ministra de Gobierno (Carolina Vargas Aignasse), el ministro de Seguridad (Eugenio Agüero Gamboa), el presidente de la comisión de Seguridad de la Legislatura (Javier Morof) y tres legisladores (dos por la mayoría y uno por la minoría). Además, se invitará a un representante de la justicia federal de Tucumán y a uno del Ministerio Público de la Nación. “La idea es que se empiece a trabajar cuanto antes para ir definiendo todos los detalles que sean necesarios”, adelantó el tranqueño.

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Otra de las dudas que existían sobre la aplicación de la norma es cómo se cubrirían los cargos en la Justicia. Según la ley, se debían nombrar cuatro fiscales, dos defensores oficiales y ocho jueces (que también pueden desempeñarse en causas comunes del fuero penal) para atender los casos de narcomenudeo. También ordenaba que sean elegidos por concursos, aunque planteaba la posibilidad de que recurrir a subrogancias hasta tanto se termine el proceso legal de selección. Y eso es lo que ocurrirá. “En esto quiero ser muy claro. No se saldrán a buscar jueces de cualquier lado, se elegirá a los que se encuentran ya ternados y, por una razón u otra, no fueron designados hasta el momento”, explicó el gobernador interino.

Jaldo dijo que es optimista con respecto a los resultados que se pueden conseguir. “Combatir el narcomenudeo servirá para bajar los índices de inseguridad: sabemos que el 80% de los que delinquen tienen problemas de adicción”, añadió. “Pero lo más importante es que tenemos que trabajar incansablemente para que Tucumán no sea Rosario. Estamos a tiempo y ahora tenemos con qué”, finalizó.

Las claves del caso

La primera ley para luchar contra el narcomenudeo se aprobó en 2015, pero su aplicación fue frenada por una cautelar impuesta por el MPF.

Jaldo intentó destrabar el conflicto creando otra norma en 2019, pero fracasó en su intento porque la Corte mantuvo el mismo criterio que la anterior.

El máximo tribunal de la provincia levantó la cautelar y, al hacer un nuevo planteo judicial, la sentencia quedó firme y se puede aplicar la ley.

Antes que quedara firme, el gobernador interino solicitó que se amplíen partidas presupuestarias y se modifiquen algunos puntos de la norma.

También se avanza para que se forme la Comisión Interpoderes que será la encargada de hacer un seguimiento de la aplicación de la norma.

Jaldo aclaró uno de los temas más candentes: los cargos fiscales, defensores oficiales y jueces que se necesitan serán cubierto con subrogancias.