“Los biocombustibles son la opción más eficiente y accesible para el segmento más difícil de descarbonizar, que es la matriz de transporte de Argentina. Suponen el uso de tecnologías maduras, compatibles con la infraestructura y con el parque vehicular existentes. No presentan los enormes requerimientos de inversiones que suponen otras alternativas priorizadas por el Gobierno nacional. Y lo más importante es que constituyen un inigualable factor de desarrollo para amplias zonas del país; en especial, para las más postergadas”, dijo Santiago Paz, de la Fundación Miguel Lillo, experto en biocombustibles.

Respecto de la nafta fósil, el Gas Natural Comprimido (GNC) solo reduce un 17% las emisiones, mientras que con el bioetanol se pueden obtener ahorros superiores al 70%. Lo mismo se aplica al biodiesel, que también presenta disminución de emisiones respecto del gasoil, similares a las del bioetanol.

“Incomprensiblemente, el Gobierno nacional se empecina en presentar al sector agroindustrial como el principal responsable de los problemas climáticos del país, y les niega que asuman el rol protagónico que pueden ofrecer para la solución de estos”, dijo.

Añadió que en materia de precios pretende circunscribir las bioenergías a valores competitivos con los de los combustibles fósiles, sin ponderar debidamente las diferencias en el impacto ambiental de las distintas opciones. “El Gobierno deja poco margen para el crecimiento de los mercados de corte obligatorio, bajo la pretensión de que este se dé sobre la base de mercados voluntarios, que resultan inviables si se omite contemplar el verdadero costo de reparación del impacto ambiental de las energías fósiles -que debería ser la referencia para una transición equilibrada-”, explicó.

Agregó que la Nación pretende, además, prohibir el uso de los motores de combustión interna a partir de fines de 2040, cuando utilizados con biocombustibles tienen menores emisiones que los eléctricos a baterías con los que quiere reemplazarlos.

¿Cómo superar el evidente sesgo antibiocombustibles de las políticas energéticas y ambientales nacionales?, se preguntó, retóricamente. “Es imprescindible armar un frente compacto entre todos los productores de bioenergía (evitar situaciones como las del año pasado, en las cuales alguno saca los pies del plato para resguardar sus propios intereses). Por otro lado, las dirigencias sectoriales deben involucrarse y comprender en profundidad la problemática -ellos son responsables de la preparación del libreto para acercarlo a los políticos, no a a inversa-. Y, finalmente, todo lo anterior debe desembocar en la acción de una liga bioenergética, que integre la mayor cantidad de provincias con producción actual y potencial, que defienda los intereses de sus distritos por encima de los del partido del gobernante de turno”, respondió Paz.

En la estructura actual de manejo de las cuestiones climáticas, la caja de resonancia que mejor podría hacer sentir la voz de las provincias es el Consejo Federal de Medio Ambiente, que interviene en estas políticas. Por ejemplo, puede citarse el comunicado en defensa de las bioenergías que consensuó en octubre por iniciativa de la representante tucumana, Florencia Sayago.

“Se reservó una participación muy limitada para el sector productivo en el Consejo Asesor Externo, que participa en deliberaciones del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que define lineamientos de políticas energéticas y ambientales. Con voz, pero sin voto, se le asignaron solo tres lugares entre más de 20, con mayoría de representantes de pueblos originarios, organizaciones que trabajan en tema de inclusión/equidad/género, universidades, representantes del sector de ciencia y técnica, etcétera”, dijo.