El regreso de Juan Manzur a la gobernación plantea cuatro escenarios que el gobernador, que el jueves reasumirá sus funciones, deberá afrontar para que el Frente de Todos llegue a las elecciones del 14 de mayo sin grandes contratiempos. En los últimos 16 meses, el vicegobernador Osvaldo Jaldo condujo el Poder Ejecutivo en una tarea coordinada con el hasta ahora jefe de Gabinete de la Nación. “Somos un equipo”, remarcó el gobernador interino cuando LA GACETA le consultó acerca de la relación política e institucional con su compañero de fórmula. Ambos coinciden que esa manera de gestionar se prolongará en el tiempo, más aún si es que ganan las elecciones y si Manzur recibe el aval judicial para convertirse en candidato a vicegobernador. “El gobernador, Osvaldo Jaldo, hizo un gran trabajo. Una labor excepcional junto a todo su equipo de colaboradores; y ahora vamos a coordinar esfuerzos trabajando juntos”, declaró ayer el hasta ahora funcionario nacional. Pero, ¿cuáles son los cuatro frentes que deberá enfrentar el binomio gubernamental en el último tramo del segundo mandato?

• La cuestión política. Jaldo organizará un acto de recepción para Manzur, que se hará en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Más allá de lo institucional, esa convocatoria será otra muestra de unidad entre ambos y un mensaje directo hacia los espacios internos del Frente de Todos que aún mantienen diferencias en la previa de los comicios. “El peronismo nunca abandona; no deja solo a nadie, menos cuando se asume una responsabilidad de magnitud. Todos los que forman parte de nuestro espacio, sin excepción, vamos a acompañar a Osvaldo Jaldo”, dijo el martes el jefe de Gabinete en presencia del presidente Alberto Fernández. El mensaje es claro: no se admitirán divisiones en la estructura oficialista.

• La continuidad de la obra pública. Entre los compromisos nacionales asumidos en el período en que Manzur ocupó la Jefatura de Gabinete, el Gobierno federal avaló el financiamiento de más de 500 proyectos ejecutivos tucumano con una inversión aproximada a los $ 158.000 millones. En la charla con el Presidente, Manzur le pidió que se mantenga el ritmo de la obra pública que demandará entre 12 y 18 meses en la mayoría de los casos. Junto con Jaldo, el gobernador focalizará su accionar político y electoral en la entrega de viviendas. En lo que resta de mandato, el mandatario se encargará de acelerar las gestiones en Buenos Aires para asegurar el envío de partidas. Esto implicará que, al menos entre dos y tres días a la semana, Manzur deje a cargo del Poder Ejecutivo a Jaldo. Lo que se dice, una transición acompañada.

• El frente fiscal. Las finanzas públicas vienen de un año en el que las provincias se capitalizaron con buenos ingresos coparticipables y transferencias no automáticas para la ejecución de distintos programas. Así, 2022 cerró con cierto superávit fiscal. Tucumán no fue la excepción a la regla. Sin embargo, en los últimos meses los ingresos fiscales nacional y provincial mostraron signos de desaceleración en el crecimiento. El Gobierno necesita recaudar más para afrontar los gastos en un año impar, caracterizado por la explosión de las erogaciones producto del período electoral. Manzur, ahora, deberá gestionar fondos ante el ministro de Economía, Sergio Massa, para que el Presupuesto se mantenga en los parámetros del equilibrio. La deuda pública, que hasta octubre pasado era de $ 37.566 millones, no pesa sobre la ejecución presupuestaria. Según el Ministerio de Economía hay un buen perfilamiento respecto de los vencimientos que no llega a comprometer la evolución de las finanzas. Por ahora no se ha avanzado en una moratoria impositiva provincial como mecanismo para sostener los niveles de recaudación. En cambio, sí se prorrogarán los planes de facilidades, con el fin de recuperar parte de la deuda histórica que los contribuyentes poseen con la Dirección General de Rentas.

• La negociación salarial. Otro de los aspectos esenciales que la gestión del binomio Manzur-Jaldo deberá resolver en el corto plazo es la negociación por el incremento de los salarios en el sector público. Las negociaciones arrancaron con la docencia y se extenderán hasta marzo con el resto de los estatales. El piso de la negociación es el 60% de inflación que el propio Gobierno ha pautado en el Presupuesto vigente. La idea es intentar abonar ese aumento en tres tramos (el año pasado había sido acordado para marzo, julio y septiembre). El Estado destina unos $ 20.000 millones mensuales para pagar el sueldo de unos 110.000 empleados estatales, de acuerdo con los registros de la Contaduría General de la Provincia. Un reajuste del 60%, en consecuencia, implicaría que la Provincia deberá destinar al menos $ 120.000 anuales para cumplir ese compromiso. Sin embargo, al ser por tramos, el impacto presupuestario puede rondar los $ 45 millones en este período. Ese es un escenario ideal. Los gremios querrán que el salario estatal acompañe el ritmo de la inflación.