Una compleja maraña envuelve desde hace años al transporte público de pasajeros en Tucumán, que oscila entre un servicio cada vez más deficiente y la protesta de choferes, con jornadas de paro. Con cada vez mayor frecuencia se dan las instancias como la de estos días, en las que la negociación, apenas sostenida en términos de diálogo por los distintos sectores, va tensándose, conciliaciones obligatorias mediante, hasta llegar a situaciones de quiebre. Una vez superados estos momentos, vuelve una calma chicha que desaparece con cada nueva tormenta.
La circunstancia actual, de empresarios (en estos días hablaron los de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, Fatap) que se encuentran imposibilitados de cumplir con la recomposición salarial de los choferes del interior nacionales y provinciales, y de funcionarios casi impotentes frente a la crisis y la inflación, se repite desde hace mucho tiempo.
El funcionamiento del sistema de transporte no está prácticamente en la agenda de discusiones; no se debate acerca de las exigencias mínimas que se les debe hacer a las empresas transportistas ni sobre los recorridos; dependen totalmente de los subsidios, por lo que con cada aumento de salarios o de costos está latente la posibilidad de que se lleve a cabo un paro de ómnibus. Esto fue postergado ayer con una nueva conciliación obligatoria, pero la discusión volverá la semana que viene.
Cuando, a causa del agravamiento de la crisis -antes de la pandemia por coronavirus- se volvieron frecuentes las protestas directas, fue notorio que el sistema fallaba por todas partes, se impulsaron propuestas de solución. Se habló de replantear las concesiones, de buscar otras formas de transporte. Intervinieron actores políticos, tanto de la Legislatura como de la Municipalidad, del Concejo Deliberante capitalino y de Transporte de la Provincia, y hasta representantes tucumanos en el Congreso nacional. Se habló de implementar un sistema como el de Salta, de cambiar la forma de uso de las tarjetas Ciudadana y Metropolitana para implementar la tarjeta Sube, y durante la pandemia surgieron transportes municipales en Tafí Viejo y Yerba Buena. Paulatinamente, a caballo de la agobiante crisis económica, que en el caso de este servicio parece ser terminal, desaparecieron los legisladores y los representantes de la Municipalidad y del Concejo, y todo quedó reducido a la repetida discusión entre empresarios, sindicato y funcionarios provinciales y nacionales que entregan subsidios.
Se trata de los mismos protagonistas que discuten sobre la agonía del sistema en los últimos 15 años, responsables de no haber hallado caminos para evitar el deterioro progresivo de la prestación de este servicio público, que afecta a cientos de miles de personas. Convendría que se analice en profundidad quiénes deben incluirse en el debate sobre el sistema en busca de cambiarlo para mejorar, más allá de la emergencia de discusión de costos, salarios y protestas.