Los costos de una devaluación en cuotas

Impuestos a las importaciones; la ampliación del régimen de dólar diferencial para las economías regionales y una simplificación cambiaria. Esos han sido los tres ejes de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, tras el entendimiento que la Argentina alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de una devaluación en cuotas como lo definió la consultora Ecolatina en su último informe.

A menos de tres semanas de las elecciones PASO -y en medio de las negociaciones con el FMI- el principal objetivo del Gobierno se mantiene intacto de cara a la necesidad de sostener su competitividad electoral: evitar un escenario disruptivo (crisis) asociado a un salto discreto y desordenado del tipo de cambio oficial que genere una espiralización inflacionaria, un deterioro mayor en los ingresos reales y una contracción aguda de la actividad económica que impacte en el empleo, en el marco de una compleja situación social, plantea el informe privado al que accedió LA GACETA.

Según Ecolatina, la idea detrás de estas medidas es “devaluar sin devaluar” o “devaluar en cuotas”, aplicando devaluaciones fiscales que acentúan el esquema de segmentación del mercado cambiario y la práctica de tipos de cambio múltiples.

¿A qué apuntan? Al procurar desincentivar las importaciones e incentivar las exportaciones, se busca: reducir el exceso de demanda de divisas -a un tipo de cambio “barato”- en el mercado cambiario a fin de frenar el drenaje de reservas del BCRA y evitar el “mal mayor” (devaluación discreta del dólar oficial). Ambas medidas ofrecen el beneficio de una mayor recaudación vía derechos de exportación y por el impuesto PAIS que colaboraría en el esfuerzo fiscal necesario para cumplir con la necesaria reducción del déficit fiscal tras un primer semestre que mostró un déficit creciente.

¿Cuáles son los riesgos o costos colaterales? En este aspecto, la consultora evidenció dos cuestiones:

1)- Mayores presiones inflacionarias. Si bien el impacto es menos generalizado que el de convalidar un saldo discreto del tipo de cambio oficial, la incidencia sobre los precios domésticos no será inocua: extender el “dólar agro” a cereales como el maíz implica encarecer un insumo relevante del sector engordador de pollos y cerdos y de los feedlots, mientras que aplicar un impuesto a las importaciones (aumentar el costo de reposición) significa encarecer bienes e insumos utilizados en procesos productivos o consumos finales de la economía, lo que genera un traslado a los precios internos.

2)- Otro efecto colateral es el que sufren aquellos importadores que tomaron una cobertura en dólar futuro o con instrumentos dollar linked, que ajustan bajo el dólar oficial (A3500). En consecuencia, para un importador que tenía un contrato a futuro -que le brinda una especie de “seguro” ante el caso de una devaluación-, la cobertura perdería efectividad ante el súbito encarecimiento de su actividad: su cobertura seguiría siendo por el dólar oficial de $ 270, pero a los efectos de continuar con su actividad comercial deberá comprar los dólares entre $ 290 (bienes) y $ 340 (servicios).

Esos anuncios son parte fundamental de la negociación con el FMI y deben entenderse en ese marco como un acercamiento entre las partes. En la semana se conoció un informe que suele publicar el FMI en forma anual (External Sector Report). Dentro de sus más de 100 páginas se evalúa que el nivel de atraso del tipo de cambio real de Argentina se encontraría entre el 15% y el 25% (según distintos modelos), sugiriendo -entre otras políticas- la eliminación de restricciones cambiarias (unificación) y de las prácticas de tipos de cambios múltiples, acompañada por una consolidación fiscal.

¿Fue un mensaje dirigido al Gobierno? Ecolatina cree que no -es más, algunas de las recientes medidas apuntan en sentido contrario- pero que sí reflejan el espíritu de las posibles demandas que el Fondo le estaría haciendo al Gobierno.

La importante demora en la resolución de este conflicto parece indicar que las negociaciones se han ido tensando, con un FMI que ha ido endureciendo su posición -quizá al mayor nivel desde la firma del acuerdo el año pasado- y un potencial adelanto de desembolsos que quedó en el centro de la discusión frente a los condicionamientos que estaría imponiendo el organismo. Estos últimos buscarían responder a la siguiente pregunta: ¿Qué medidas se tomarán para garantizar el cumplimiento de las metas en lo que resta del año?, partiendo de los importantes desvíos (sobre todo en el segundo trimestre) registrados en lo que va del año. Los recientes anuncios apuntan en este sentido.

En definitiva, Massa sostiene que con el FMI se acordó un desembolso importante para agosto y otro tanto para noviembre, sin dar mayores precisiones hasta que esto sea comunicado oficialmente por el organismo. Esto podía indicar que se abre la alternativa de posponer el pago de U$S 2.600 millones para calzarlo con el desembolso, algo que ya ha sucedido en el pasado. Destrabando los U$S 4.000 millones, la Argentina podría cubrir la mayor parte de los pagos hasta septiembre, inclusive (U$S 4.300 millones), previo a las elecciones generales, finaliza Ecolatina.