Cuando se hace política con la seguridad

En una semana pasaron muchas cosas por la inseguridad. Fueron tantas, pero tantas que una vez más quedó demostrado que tres meses pueden ser una verdadera eternidad. Hasta que asuma el gobernador electo Osvaldo Jaldo puede pasar de todo. Pero al mismo tiempo dejó al descubierto que en nuestra provincia se sigue haciendo políticas con la seguridad y no políticas de seguridad.

En la primera oportunidad que se le presentó, Jaldo se reunió con la cúpula policial. Cuentan que ese encuentro no sólo sirvió para demostrar que es un tema que le preocupa, sino que será uno de los pilares de su gestión. Los asistentes dijeron que con un tono sereno le marcó la cancha a todos. Primero dejó en claro que nadie tenía el puesto asegurado y les informó que pasarían a retiro a todos aquellos que no estuvieran dispuestos a transitar el camino que está trazando.

Sus allegados confían que con estadísticas en mano, sabe perfectamente cuáles son los resultados que consigue cada uno de los jefes de la fuerza y más aún si se tiene en cuenta que en los próximos meses se definirán los retiros de varios de ellos. Ese mensaje se transformó en motivador para los comisarios que están por detrás. Saben que se les está abriendo una puerta para ascender. Para algunos fueron frases para motivar a una tropa que por momentos parecía desorientada. “Muchos se matarán por tener una estrella más en su uniforme. Eso significa que se esforzarán para conseguir mejores resultados”, explicó un jefe policial.

Adelanto

Los comisarios informaron que durante el encuentro hubo otro adelanto por parte del futuro gobernador. Les avisó que luchar contra la inseguridad no sólo será una tarea de la Policía, sino que estará acompañada por acciones concretas que deberán realizar la gente de los ministerios de Desarrollo Social y de Salud. Siempre según las versiones recogidas, la idea es tratar de reconquistar los barrios que son dominados por los transas y lograr rehabilitar a la mayor cantidad de tucumanos que son presos del consumo problemático de alcohol y de drogas. Pero la idea es mucho más amplia. La iniciativa apunta a que todos aporten su granito de arena. Trabajar más en conjunto con los municipios, desde coordinar tareas con los vigías ciudadanos, pasando por el mantenimiento de las calles y hasta (aunque sea tragicómico) la poda de ramas de árboles que complican la captación de imágenes por parte de las cámaras de seguridad.

Esta iniciativa no es desconocida por los tucumanos o por lo menos pocos recordarán del Plan Integral de Seguridad que propuso el ex secretario Paul Hofer y con el que se consiguieron los índices más bajos de homicidios de los últimos tiempos. El problema es que no contó con el apoyo político ni del propio oficialismo. La gran pregunta ahora es saber si Jaldo y su elegido para conducir esta área (apostaría a la continuidad del ministro Eugenio Agüero Gamboa) lo tendrán. Todo parece indicar que no, por lo menos hasta que asuma. Eso se llama hacer política con la seguridad.

Dudas y silencios

Dos frentes conflictivos se presentaron en los últimos días. Uno fue el escándalo en la Policía porque el comisario Mauro Fernández no quiso asumir como jefe de la Unidad Regional Capital. Hasta ahora no tuvo consecuencias políticas, pese a que todas las críticas apuntaron al secretario de Seguridad Luis Ibáñez como responsable de esta situación. Su continuidad en el cargo era responsabilidad del gobernador Juan Manzur, según afirmó Jaldo al salir de la reunión con la cúpula policial. Pero el futuro sigue en veremos y el ex comisario sigue batiendo récords en permanencia en el cargo. Desde que se creó el Ministerio de Seguridad no hubo un funcionario que haya perdurado tanto tiempo. Sus virtudes son un misterio.

La crisis carcelaria, que afecta a toda la sociedad y no a los detenidos, es otra muestra. Un tema tan grave como este debería haber provocado la reacción de los tres poderes. En el Poder Ejecutivo, cuando Jaldo estaba interinamente al frente del Gobierno tomó la decisión política de construir el penal de Benjamín Paz, pero Manzur, el mismo que consiguió los fondos cuando era Jefe de Gabinete, generó una demora en la obra por demorar los pagos a la empresa que la construye. Los integrantes del Poder Legislativo estuvieron más preocupados en pedir y resistir la presencia del ministro Agüero Gamboa para brindar explicaciones que en aportar ideas soluciones a un problema que estalló en 2015. Al primer proyecto para resolver la construcción de la cárcel lo presentó el legislador José María Canelada, al inicio del período 2019-2023. Luego el legislador Ricardo Ascárate elevó otro proyecto para gestionar un predio de la Nación que podría ser utilizado como centro de detención. El Poder Judicial, especialmente el Ministerio Pupilar de la Defensa y la Corte Suprema de Justicia, mantuvieron un asombroso silencio en este tema, a pesar que es su responsabilidad velar por la situación de los privados de la libertad.

Fracasos

Hay otra realidad: todas las buenas ideas que se generan en la provincia fracasan por cuestiones políticas. No hubo norma más apoyada por todos los sectores que la de Narcomenudeo. Hasta se decidió crear la Comisión Interpoderes para, según se definió, estará dedicada al control y seguimiento de resultados, y al análisis y evaluación de la implementación de dicha Ley, así como a la elaboración propuestas superadoras en materia de lucha de este delito. Sólo funcionó para ponerla en marcha y a nueve meses de haber entrado en vigencia, ese cuerpo ni amagó con reunirse para hacer un balance.

Lo mismo sucedió con la Ley de Emergencia de Seguridad Pública, Carcelaria y Seguridad Vial que fue promulgada en 2017 y prorrogada en 2021 hasta octubre de 2023. También hubo una comisión interpoderes que debería hacer un control. Hasta 2021, había desfilaban los funcionarios del área para dar explicaciones sobre lo que sucedía en la provincia y qué estaban haciendo. Pero ese grupo, que fue creado para que supuestamente surgieran ideas, cuestionamientos y apoyo, lleva más de dos años sin reunirse, es más, ni siquiera se sabe quiénes los integran. Todo esto sucede cuando se hace política con la seguridad.