19 Agosto 2023
POLÉMICA. Las recurrentes amenazas de bomba en escuelas y en colegios motivó pedidos de informes a los ministros Agüero Gamboa y Lichtmajer. La Gaceta / fotos de Analia Jaramillo - Ines Quinteros Orio - Juan Pablo Sanchez Noli
En la Legislatura, la oposición se hizo eco de la problemática suscitada por las recurrentes amenazas de bomba en escuelas y colegios de Tucumán.
A través de distintos proyectos, legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) y de Fuerza Republicana (FR) buscan que se implementen medidas para fortalecer las investigaciones respecto a estas prácticas, producto de las cuales se desalojan a diario distintos establecimientos educativos y se activan por protocolo costosos operativos de seguridad que involucran a diferentes organismos del Estado.
En la última semana hubo múltiples amenazas por supuestos explosivos en escuelas de la provincia, además de la Facultad de Educación Física de la UNT. Antes, también se habían registrado este tipo de comunicaciones en la sede céntrica de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En este marco, el legislador radical José María Canelada formalizó un proyecto de resolución para requerir la citación de los ministros Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Juan Pablo Lichtmajer (Educación).
El dirigente de JxC planteó la necesidad de que estos funcionarios expongan ante el cuerpo colegiado sobre “las medidas tomadas para evitar estas maniobras e identificar a los responsables”.
A su vez, solicitó que se indique “cuáles son los equipos técnicos abocados a la investigación” y los “protocolos implementados”; las medidas tomadas para recuperar las horas de clases perdidas; y “las acciones llevadas a cabo desde el inicio de las amenazas para evitar” que se concreten.
“Lo que está sucediendo excede a una broma de mal gusto. Hay una maniobra evidente y a gran escala cuyos fines y responsables deben ser identificados rápidamente. Hay que actuar con mayor celeridad para parar con una situación muy desagradable que está afectando a miles de familias y educadores”, sostuvo Canelada.
Consideró luego que “pese a la gravedad de la situación, no se escuchan las voces de los responsables de la seguridad y la educación de la provincia”. “Es como que nadie quisiera hacerse cargo de los problemas. Las amenazas de bomba a las instituciones educativas se están multiplicando y no se conoce que haya una investigación seria sobre el problema. Es increíble que no haya equipos técnicos capaces de determinar de dónde vienen estos ataques”, reprochó el radical.
La vicepresidenta segunda de la Legislatura, Sandra Orquera (FR), exigió por su parte la aplicación de la Ley 9.486, que establece la creación de la Unidad Fiscal de Delitos Cibernéticos en el ámbito del Poder Judicial de Tucumán. “Hace semanas que vemos en las noticias instituciones que deben ser evacuadas por amenazas de bomba. Urge la creación de esa fiscalía”, reclamó la dirigente bussista.
Orquera recordó que la iniciativa había sido sancionada en diciembre de 2021 por el cuerpo colegiado.
Si bien el texto fue promulgado en enero de 2022 por el Poder Ejecutivo, no se aplicó hasta ahora debido a que fue objeto de una acción de declarativa de inconstitucionalidad formulada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).
Uno de los ejes centrales de este proceso judicial gira en torno a la posible “intromisión indebida del Poder Legislativo en las facultades y atribuciones privativas del MPF”. “(La ley 9.486) pasa por alto que la ciberdelincuencia es un fenómeno criminal y no un tipo penal específico, y así se lo ha venido abordando en el MPF. A partir de los datos acopiados, se ha propuesto la investigación de estas causas de manera interdisciplinaria -por la complejidad que representan-, definiendo los tipos penales más frecuentes que exhibe la ciberdelincuencia en Tucumán”, plantea la demanda, que se encuentra en trámite en el ámbito de la CSJT.
Orquera, sin embargo, insistió con que “no hay motivos para seguir demorando la operatividad” de esta normativa. “Con la Fiscalía de Delitos Cibernéticos en funcionamiento avanzaríamos mucho más rápido en encontrar a los responsables (de las amenazas de bomba). Apelamos a que el Ministro Fiscal cree la unidad especializada lo más pronto posible”, aseveró la aliada al libertario Javier Milei.
El vicepresidente de la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura, Dante Loza, advirtió que estos hechos “pueden parecer una broma, pero en realidad es algo gravísimo por todo lo que se genera”. Y señaló que, en un contexto crítico como el actual, este tipo de actos suman todavía más tensiones. “Toda la sociedad, incluida la dirigencia política, nos debemos llamar a una profunda reflexión”, añadió el dirigente peronista.
Lo más popular
