Por Gustavo Rodríguez
05 Septiembre 2023
EL EPICENTRO DEL CONFLICTO. Los policías revoltosos se congregaron en la Subjefatura de Policía para evitar el despliegue de la fuerza.
“Hay sobrada evidencia para que el caso llegue a una condena”, aseguró el fiscal Diego López Ávila que, junto a Adriana Giannoni investigaron uno de los acontecimientos más negros de la historia de la provincia: la sedición policial que generó los saqueos de diciembre de 2013. A partir de hoy, 42 personas comenzarán a ser enjuiciadas por diferentes delitos, en lo que será el debate más importante de todos los tiempos que se haya realizado en la provincia, dejando de lado los de lesa humanidad llevados adelante por la Justicia Federal.
El 8 de diciembre, los integrantes de la Policía comenzaron con una huelga por un reclamo salarial que se extendió hasta el 11 de ese mes. Durante esos días, aprovechándose que los habitantes de la provincia estaban desprotegidos, una horda de delincuentes comenzó a saquear todo lo que encontraba en su camino. Los vecinos, en cambio, se armaron y colocaron barricadas para protegerse de los vándalos. En resumen: la provincia quedó envuelta en un profundo caos.
Diego López Ávila
Mientras Tucumán ardía en llamas, hubo una reunión en el Ministerio Público Fiscal donde se tomó una decisión. Se designó a la fiscala Adriana Reynoso Cuello para investigar los robos que se registraban, mientras que Giannoni y López Ávila tuvieron a su cargo investigar a los que habían generado el caos.
Adriana Giannoni.
El fiscal indicó que los sediciosos habían copado la subjefatura de Policía, punto clave en la actividad de la fuerza, ya que allí funcionaba el servicio 911, división central en esos tiempos en la prevención del delito. “Lo primero que resolvimos fue solicitar una orden de allanamiento, pero el pedido fue rechazado por el juez Víctor Manuel Pérez y cuando nos lo dieron porque insistimos, los sospechosos se retiraron del lugar”, destacó. “En esos momentos nos dimos cuenta de lo que sucedía al observar a los uniformados aplaudir a las personas que circulaban para robar”, agregó.
DEFENSA. Los tucumanos improvisaron barricadas para protegerse.
“No fue sencillo avanzar con nuestro trabajo. No hay que olvidarse de que en esos tiempos no existía el Equipo Científico de Investigación Fiscal, es decir, eran policías investigando a sus compañeros”, explicó Giannoni. “Además se hizo bajo un clima de extrema tensión. Fuimos amenazados y nos debieron asignar custodia. Lo mismo pasaba con los testigos: muchos de los que hablaron no dijeron todo por temor a sufrir represalias”, añadió la fiscala, que ya está jubilada.
Los resultados
Después de seis meses de investigación, con testimonios de integrantes de la fuerza, informes de la Policía y registros fílmicos, fundamentalmente, los fiscales determinaron los roles y las acusaciones que hicieron en contra de más de 40 personas. Dividieron los cargos en tres grandes grupos:
1- Individualizaron e imputaron a los cabecillas de la huelga y los acusaron básicamente de haber liberado a la provincia para que terceros cometieran diferentes ilícitos como forma de presión para que el Gobierno les concediera los pedidos que habían realizado. También sostuvieron que impidieron bajo amenazas que sus compañeros se incorporen al servicio.
2- También identificaron a un importante grupo que participó en la huelga, que no se presentó a cumplir servicios y amenazó a los que sí querían hacerlo..
3- El único funcionario acusado fue el jefe de Policía, Jorge Racedo. Le endilgaron no haber tomado las medidas necesarias para desactivar la huelga ni dispuesto las acciones correspondientes para detener a los revoltosos.
OTRA POSTURA. El ex jefe de Policía Jorge Racedo explicará su actuación.
En junio de 2014 solicitaron que 47 acusados fueran enjuiciados por varios delitos y su solicitud debería haber sido analizada por el juez Pérez, el mismo que había negado que se realizara el allanamiento para poner punto final a la sedición.
Por razones desconocidas, el planteo pasó a manos de la jueza Mirta Lenis de Vera, que aceptó el pedido en noviembre de 2015, es decir, 16 meses después de que se lo hiciera. A partir de ese momento, los entonces jueces de apelación Enrique Pedicone y Eudoro Albo analizaron los múltiples recursos que presentaron los defensores de los acusados y resolvieron en febrero de 2018 que la causa llegue a debate oral.
A partir de ese momento, el expediente comenzó a recorrer un largo camino en el que por cuestiones de agenda del primer tribunal y por lo complicado que resultó organizar un debate de estas características, se demoró hasta hoy, cuando comenzará el juicio. Así Tucumán se transformó en la única provincia del país que no enjuició a los autores de las huelgas policiales que se registraron entre noviembre y diciembre de 2013 en distintos puntos del país.
El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Aldo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica serán los encargados de dirigir el histórico debate que tendrá algunos ribetes especiales.
La acusación será sostenida por los auxiliares Rafael Heredia Carreño y Gerardo Archa, dirigidos por el fiscal de Cámara Daniel Marranzino. Fuentes del Ministerio Público sostuvieron que el principal objetivo es lograr que todos los acusados sean condenados por algunos de los delitos por los que fueron imputados. Pero saben desde un primer momento que no podrán hacerlo con todos.
El Gobierno actuará como querellante y el Estado estará representado por José María Molina y Santiago Luis Xamena. Ambos desistieron de realizar declaraciones hasta tanto avance el debate, aunque sí señalaron que representarán los intereses de la provincia.
Estrategias
En tanto que la tarea de asistir a los acusados correrá por cuenta de cuatro defensores oficiales y 10 particulares. “No hay mucho margen para plantear nulidades. El mayor desafío de los acusadores será demostrar la participación que le endilgan a cada uno de ellos”, aseguró el defensor de uno de los cabecillas Ernesto Baaclini. “A mi entender no hay demasiadas evidencias. Que aparezcan en una filmación no es suficiente para demostrar que haya alentado la sedición”, añadió.
“Será un debate largo y complejo en el que deberemos mostrar todas las cartas que tenemos guardadas para esta instancia”, agregó Julieta Jorrat.
Arnoldo Ahumada, defensor del ex jefe de Policía, adelantó que en la audiencia quedará demostrada que la acusación que recibió tiene que ver con las antipatías que cosechó como titular de la fuerza. “Se equivocan al considerar que él no dio ninguna orden para evitar que se registrara esos lamentables episodios. Racedo advirtió a las autoridades de lo que estaba sucediendo y esperó una orden política y judicial para actuar”, explicó el profesional. “Pretendía que le dieran una orden para actuar y que fuera controlado para evitar cualquier tipo de excesos, pero nunca sucedió”, explicó.
Pablo Rivera, defensor de otro de los señalados como cabecillas, indicó que el juicio tendrá un alto contenido político. “Demostraremos que las autoridades sabían de esta situación y que no hicieron nada para detenerla. Al observar el caos que se generó, salieron a buscar responsables, como es el caso de mi defendido. Aquí nadie dijo por qué el ex gobernador José Jorge Alperovich decidió quitar los autos de sus concesionarias dos días antes de que comenzaran los saqueos”, señaló en una nota con LA GACETA.
López Ávila ponderó los beneficios de la realización de un juicio oral. “Por la inmediatez de un debate pueden surgir nuevos indicios o más pruebas. Por eso hay que esperar los resultados de las audiencias”, razonó.
Los delitos que afrontan los acusados
Sedición agravada por su condición de agentes de la fuerza pública y por la ostentación de armas de fuego en condición de agentes de la fuerza pública y por la ostentación de armas de fuego en concurso real.
Incitación a la violencia colectiva contra la institución policial de la provincia de Tucumán.
Impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra.
Privación ilegítima de la libertad por pertenecer a la fuerza de seguridad.
Coacción agravada con el fin de obtener concesiones de los miembros del poder público provincial.
Partícipes necesarios de los delitos de hurto calamitoso reiterado por conmoción pública agravado por resultar miembro de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Robo calificado calamitoso reiterado por conmoción pública agravado.
Incumplimiento de los deberes de funcionario público
Los imputados
1- Jorge Racedo - funcionario - a disposición
2- Eugenio Mamaní - cabecilla - a disposición
3- Juan Luis Albarracín - partícipe - disposición
4- Luis Orlando Vega - partícipe- a disposición
5- Franco Acuña - partícipe- a disposición
6- Omar Albarracín - partícipe - a disposición
7- Walter Angelis - partícipe - a disposición
8- Flavia Bedmar - cabecilla - a disposición
9- Julio Lescano - partícipe - a disposición
10- Daniel Medina - partícipe - a disposición
11- Augusto Naranjo - partícipe - a disposición
12- Gabriela Albornoz - partícipe - a disposición
13- Víctor Ruesgas - partícipe - a disposición
14- Néstor Salinas - cabecilla - a disposición
15- Cristian Zóttola - partícipe - a disposición
16- Omar Contreras - partícipe - a disposición
17- Marcelo Alderete - partícipe - a disposición
18- Federico Castro - cabecilla - a disposición
19- Víctor Di Colantonio - partícipe - a disposición
20- Mario Galarzo - partícipe - a disposición
21- Diego Galván - partícipe - a disposiciónn
22- Luis Herrera - cabecilla - a disposición
23- Héctor Jaime - partícipe - a disposición
24- Marcelo López - partícipe - a disposición
25- Orlando López - partícipe - a disposición
26- Lucio Medina - partícipe - a disposición
27- José Molina - partícipe - a disposición
28- Richard Nadal - partícipe - a disposición
29- Daniel Narváez - partícipe - a disposición
30- Carlos Reyna - partícipe - a disposición
31- Manuel Reynoso - partícipe - a disposición
32- Ángel Romano - partícipe - a disposición
33- Adrián Ruiz - partícipe - a disposición
34- Sergio Hogas - cabecilla - a disposición
35- Diego Herrera - cabecilla - a disposición
36- Eduardo Rodríguez - partícipe - a disposición
37- Jorge González - partícipe - a disposición
38- Ismael Gómez - partícipe - a disposición
39- Franco Jerez - partícipe - a disposición
40- Pablo Pérez - cabecilla - a disposición
41- Walter García cabecilla - a disposición
42- Diego Urquiza - cabecilla - a disposición
43- Ariel Herrera - partícipe - prófugo
44- Julio Acosta - partícipe - fallecido
45- Ángel Chaile - cabecilla - fallecido
46- Mario Hernández - partícipe - fallecido
46- Miguel Ángel Toledo - cabecilla - fallecido
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