Expropiación de YPF: salió un fallo adverso y Argentina deberá negociar para evitar pagar U$S16.000 millones

Se conoció un fallo adverso en el juicio por la expropiación de YPF. Ante esta decisión judicial, ahora Argentina deberá negociar para evitar pagar U$S16.000 millones, aunque el fallo será apelado por la Procuración del Tesoro.

La jueza norteamericana, Loretta Preska, quien ya había decidido la mala praxis por parte del Estado, optó por el escenario más desfavorable para el país a la hora de calcular los resarcimientos. 

Las partes deberán ponerse de acuerdo en la cifra final. La jueza Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan, en EEUU, volvió a fallar en contra de la Argentina. El gobierno nacional tendrá que negociar con el fondo inglés Burford cuál es la compensación por la expropiación de YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

¿Qué cifras manejan cada una de las partes?

Si bien Preska no fijó una cifra, optó por el peor escenario para el país, que ya había sido encontrado culpable de expropiar mal la petrolera. Esta situación implica que decidió que el esquema de compensación económica que propuso la querella era el adecuado.

Burford, un estudio que cotiza en la bolsa de Londres y se especializa en comprar juicios, negocias con ellos y litigar durante años por los beneficios económicos, dijo que el resarcimiento debe rondar los U$S16.000 millones; el Estado argentino, por su parte, indicó que esa cifra es de U$S5.000 millones.

¿Qué hará el gobierno argentino?

En adelante, las partes deberán negociar sobre la base del tope del reclamo. Ya había trascendido que el fallo será apelado por la Procuración del Tesoro. 

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, escribió en Twitter que el Estado “apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente, Alberto Fernández, analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, dijo en las redes sociales.

¿Cuál es el origen del conflicto?

Burford y Eton Park, los demandantes, señalan que 16 de abril de 2012 es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación. Ese día se envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF. 

El Estado argentino, en tanto, sostuvo que los daños económicos deben calcularse a partir del 7 de mayo de 2012 que es la fecha en que entró en vigor la ley.