El proyecto para eliminar el Impuesto a las Ganancias a los salarios más altos de la economía prevé volver a un universo similar a la que había en 2001, cuando alcanzaba a alrededor de un 10% de los trabajadores en relación de dependencia.
Cuando se puso en marcha en el marco del gobierno de Fernando De la Rúa, con José Luis Machinea como ministro de Economía, el régimen alcanzaba a personas con salarios equivalentes a algo más de U$S8.300 mensuales, o el equivalente a U$S100.000 anuales, teniendo en cuenta que en ese momento el tipo de cambio era de 1 a 1.
Al valor del dólar oficial actual, deberían alcanzar a personas con salarios de unos U$S2,9 millones mensuales, aunque el proyecto prevé que dejen de pagar desde U$S1 millón por mes.
El problema, en todo caso, podría ser para el próximo gobierno, porque lo que está proponiendo Sergio Massa es resignar la recaudación del 30% del tributo, aproximadamente, según estimaciones de funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de las que tuvo conocimiento Noticias Argentinas.
De aplicarse los cambios, que requieren de una ley porque en materia tributaria sólo define el Congreso, sólo quedarían alcanzados entre 600.000 y 700.000 trabajadores, quienes evidentemente en los últimos 20 años perdieron poder de compra con sus ingresos.
De acuerdo con datos que se manejan en el organismo que conduce Carlos Castagneto, en los primeros ocho meses del año, el impuesto que grava los ingresos de la cuarta categoría, tal cual se define técnicamente a los salarios, habría aportado $1,6 billones, sobre un total de $5 billones.
Se trata de una masa de recursos muy importante que difícilmente la oposición, que considera que va a estar en la Casa Rosada en 2024, apruebe faltando menos de 90 días para la conclusión del actual mandato.
El proyecto prevé, además, incluir un artículo de ajuste de las categorías y el mínimo no imponible de manera automática, debido a la inflación.
El verdadero mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias alcanza a salarios de más desde $171.000 en mano, pero estos no pagan debido al efecto de las deducciones incrementadas que se deciden desde la AFIP. Por eso, el piso sube hasta los $500.000 mensuales.
Eso se debe a que la Ley dice que el mínimo y las categorías se establecen en función de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Registrados (Ripte) de octubre del año anterior, lo cual hace que en contextos de alta inflación como el actual, los ajustes queden siempre atrasados.
Cada año van entrando más asalariados y a su vez, los que ya están en el tributo escalan rápidamente a las categorías más altas que tributan 35%.
Las alternativas
El proyecto de Sergio Massa habla de un “puente” para llegar desde la situación actual a la nueva, puesto que como el tributo es de cálculo anual, los cambios deberían empezar a regir en enero de 2024.
No hay detalles de cómo sería ese mecanismo de transición, pero hasta ahora el Gobierno ha planteado dos alternativas en casos anteriores y similares con reducciones de impuestos.
Una sería ajustar nuevamente las deducciones especiales hasta lograr el efecto deseado en la remuneraciones y la otra es postergar los vencimientos de los anticipos mensuales hasta fin de año, generando una deuda de los trabajadores con la AFIP, para luego presionar al Congreso que se trate la ley, y de ese modo, condonar la deuda.
Según las proyecciones del Ministerio de Economía nacional, el porcentaje de empleados más beneficiados por la medida, según los sectores en los que trabajan, serían la industria (19,13%); defensa, seguridad, enseñanza y administración pública (14,5%) e intermediación financiera y servicios de seguros (11,94%).
Le siguen luego: comunicaciones (7,84%), servicios de transporte y almacenamiento (7,71%); enseñanza privada (6,33%); comercios al por mayor y por menor (5,82%); explotación de minas y canteras (5,82%); prestaciones de servicios (8,10%); suministro de electricidad, gas, agua y cloacas (5,06%); construcción (3,11%); salud humana y servicios sociales (2,91%); servicios de alojamiento y servicios de comida (0,90%); agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (0,65%) y el resto de las actividades (0,20%).
Con el piso mínimo en $700.870, un sueldo bruto de $800.000 paga de Ganancias $117.690; uno de $850.000 debe hacer frente a $135.190; otro de $900.000 abona $152.690; uno de $950.000 paga $170.190 y un salario bruto de $1.000.000 tiene que pagar por impuesto a las ganancias $187.690, consignó el sitio Noticias Argentinas.