Los radicales avanzan con su estrategia de llegar a la Justicia Federal

Los intendentes radicales están decididos a llevar a la Justicia Federal el tema de la dispar distribución de fondos entre los municipios de Tucumán. Los también candidatos a diputados por Juntos por el Cambio Mariano Campero (Yerba Buena) y Sebastián Salazar (Bella Vista), junto con el presidente de la UCR, Roberto Sánchez, se reunieron en Buenos Aires con juristas y constitucionalistas para avanzar cuanto antes con la presentación judicial. La intención es iniciarla antes del próximo mes, según afirmó el yerbabuenense.

“Lo que estamos haciendo es seguir con la estrategia de avanzar lo más contundentemente con la presentación. Vamos a ver si logramos hacer los planteos judiciales antes de que termine el mes de septiembre”, explicó Campero, también legislador electo.

“Al ‘Pacto Social’ lo usan para disciplinar intendentes y delegados comunales”

El yerbabuenense afirmó que recibieron respuestas contundentes de parte de los letrados luego de exponerles que no hay un coeficiente ni un parámetro que siga la Provincia para distribuir los fondos para el funcionamiento de municipios y comunas que están dentro del Convenio Consensuado de Fondos Unificados (Ley 8.829, antes llamado “Pacto Social”). Además, les acercaron los montos -reintegrables y no- que recibieron sus distritos y los compararon con los que se les entregaron a los que son administrados por el oficialismo. “Son asimetrías pocas veces vistas en la Argentina, de acuerdo a lo que estamos charlando con los juristas y constitucionalistas”, dijo.

Contra la Justicia

El candidato a diputado que impulsa la presidencia de Patricia Bullrich insistió con que descreen de los tribunales tucumanos y que por eso apuntan a llegar a la Justicia Federal. “Creemos que la Justicia tucumana está cooptada, por lo que la intención es llegar a la Corte de la Nación”, aseguró. A modo de ejemplo, mencionó lo ocurrido recientemente con el “caso Manzur”, por la candidatura del gobernador para la Vicegobernación. Pero también comentó que hay otros precedentes en la misma dirección, como cuando el constitucionalista Luis Iriarte pidió información de los empleados de la Legislatura y se lo denegaron; o cuando el legislador José María Canelada buscó acceder a la Cuenta de Inversión del Gobierno. 

El Pacto Social tiene los días contados

Sánchez, en ese sentido, remarcó que no desistirán con el reclamo de la coparticipación de impuestos a los municipios de Tucumán. “No estamos dispuestos a tolerar que en nuestra provincia se siga discriminando a los ciudadanos según que su intendente sea más o menos amigo del gobernador. No van más los atropellos”, disparó.

Coincidencias

Campero también hizo referencia a las expresiones vertidas por el gobernador electo, Osvaldo Jaldo, quien afirmó que en su gobierno se van a producir “modificaciones importantes” en la relación Provincia - Municipio, para que cada distrito sea el que administre los recursos nacionales y provinciales que por ley le corresponden. “Es un reconocimiento explícito de las irregularidades en cuanto a la distribución de recursos”, dijo. Además, se expresó de acuerdo con lo que expresó el vicegobernador. “Coincidimos con Jaldo que hay que salir del ‘Pacto Social’. Los municipios tienen que administrar sus recursos”, consideró.

Antes que cambiar el Pacto Social miran la Ley de Coparticipación

Los radicales entienden que con las cifras que se conocieron del reparto de dineros no sólo se los discrimina a ellos, sino también a algunos intendentes peronistas. Indicaron que los dichos de Jaldo serán incorporados a los trabajos que están haciendo, así como lo que expresó el ministro del Interior, Miguel Acevedo, quien reconoció que no existe un coeficiente para la distribución de fondos. Dijo que los dineros reintegrables se acuerdan con el gobernador, garantizando salarios y servicios. “No es que sea un coeficiente o un parámetro coparticipable, no existe eso. Son convenios, hay flexibilidad. No hay un índice, por eso no se puede comparar ni por extensión ni por territorio. Esto es consensuado”, recalcó.