El oficialismo habló de garantizar la paz social en la aprobación de la ampliación presupuestaria

Por amplia mayoría y con el rechazo de gran parte de la oposición, la Legislatura aprobó la ampliación presupuestaria de $ 305.000 millones que solicitó el Poder Ejecutivo (PE) para lo que resta de 2023. La iniciativa, que fue avalada de modo nominal por 36 legisladores y rechazada por nueve, será clave para garantizar la paz social hasta fin de año, según argumentaron en reiteradas oportunidades parlamentarios del bloque del Frente de Todos (FdT).

En un debate conducido por el presidente subrogante Sergio Mansilla, el titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Juan Antonio Ruiz Olivares, explicó que la ampliación solicitada es una consecuencia del proceso inflacionario que atraviesa el país. Explicó que más del 65% de esos dineros están destinados a cubrir la planilla salarial de trabajadores del Estado, con los incrementos salariales y el aguinaldo de fin de año. “Ojalá que haya paz social y que se pueda pagar los salarios de la administración pública y que se pueda mantener en funcionamiento las áreas sensibles”, manifestó.

El titular de la bancada del FdT, Roque Tobías Álvarez, indicó que con el incremento presupuestario están garantizando el pago de haberes. Además, señaló que en esos dineros también se contemplan fondos para municipios y comunas, entre otras erogaciones. “Esta ley de ampliación de presupuesto es ni más ni menos la normal de cada año para ajustar el presupuesto a las variables reales del año que va a terminar”, apuntó.

La mayoría de la oposición votó en contra de la iniciativa, poniendo el acento principalmente sobre lo escueto del proyecto de ley (consta de dos artículos plasmados en igual cantidad de páginas). Sólo brindaron su aval Raúl Albarracín (fue candidato jaldista a intendente de Concepción), Raúl Pellegrini (Partido por la Justicia Social) y Federico Masso (Libres del Sur). Este último, candidato a diputado, argumentó que sería una irresponsabilidad no brindar este instrumento al Gobierno ante un escenario complejo como el que atraviesan la Argentina y Tucumán. De todos modos, criticó que no se hayan acercado detalles sobre la situación de las cuentas de la Provincia y manifestó su convicción de que la ampliación será mayormente para oxigenar compromisos adeudados que para los gastos hacia adelante.

El bloque de Fuerza Republicana, que conduce Ricardo Bussi, también rechazó la iniciativa porque estará destinado a gastos corrientes y no para obras públicas, a la vez que reprochó lo escueta de la presentación y la falta de precisiones para el gasto de $ 305.000 millones de las arcas públicas. “Cuando contemos con esa información estaremos en condiciones de darle tratamiento al asunto”, dijo el candidato a diputado y mocionó que el proyecto regrese a comisiones.

En contra también se despacharon los radicales José María Canelada y José Ricardo Ascárate, al igual que los aliados de Juntos por el Cambio Nadima Pecci y Paulo Ternavasio (no hizo uso de la palabra). En líneas generales reprocharon la falta de precisiones en la solicitud y manifestaron que el año pasado la Provincia aplicó pautas inverosímiles en el Presupuesto 2023, motivo por el cual ahora era necesario ampliar las previsiones de gasto. “Entiendo que no están dados los marcos de transparencia para saber qué se haría con el dinero de los tucumanos”, dijo Canelada.

Ascárate planteó que este año se dilapidaron grandes montos de dinero en la campaña electoral. “Debemos solicitarle al PE una ampliación para que nos diga en qué partidas se quedó corto”, dijo. Mientra que Pecci cuestionó que la Provincia está haciendo gestiones para tomar un crédito por $ 20.000 millones. “Si ya empezamos a pagar gastos corrientes con deuda, ¿cómo afectará cuando no recibamos lo de coparticipación’”, expresó.