24 Septiembre 2023
SERVICIO DE COLECTIVOS EN TUCUMÁN / Foto de archivo LA GACETA
Empresarios y trabajadores del servicio público de transporte anticiparon que comienza una semana crítica para el sector en Tucumán.
A partir de este lunes, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) que lidera César González retomará las medidas de fuerza para reclamar a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) el pago de haberes adeudados.
Desde las 9 y hasta las 11.30, los choferes de las líneas de colectivos urbanos e interurbanos llevarán adelante un quite de colaboración que podría incluir una movilización en distintos puntos de la Capital.
La protesta se repetirá durante la tarde, entre las 15 y las 17.30, cuando los trabajadores definirán los pasos a seguir en su reclamo, en caso de que no se depositen los fondos.
En diálogo con LA GACETA, González explicó que “no hubo novedades” con los pagos. “No tenemos ninguna respuesta, ni soluciones”, lamentó el secretario general de UTA.
Advirtió que es clave “conformar una mesa de diálogo” para “superar los problemas que tiene la actividad”, que genera 3.500 puestos de trabajo, porque en Aetat ya advirtieron sobre los riesgos de “bajar las persianas” ante el contexto que atraviesan.
“Los empresarios dicen que no están en condiciones de pagar lo que se nos debe. Seguimos igual, y además el 5 de octubre vence el plazo para el pago de las remuneraciones de septiembre”, anticipó el referente gremial.
“Se termina”
Jorge Berretta, directivo de Aetat, había advertido en los últimos días que, de mantenerse el escenario crítico para el sector, esta semana “se termina el transporte” público en la provincia.
El portavoz de los empresarios, en diálogo con LG Play, había resaltado que las firmas prestatarias “están imposibilitadas económica y financieramente para afrontar los reajustes de abril y de mayo” y el bono de $60.000, situación que llevó a las medidas de fuerza de UTA. “Y digo más, (tampoco podemos pagar) los salarios que vencen el cuarto día hábil (de octubre)”, había sido su advertencia.
Según Berretta, la problemática se desató a partir de “malas políticas” en la distribución de las compensaciones tarifarias que gira el Gobierno nacional para sostener los costos del transporte. También por “la asimetría existente entre Nación y provincias, hoy 90% a 10%” a favor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “En septiembre. el AMBA va a recibir $70.000 millones de compensaciones tarifarias y para el interior del país están presupuestados $9.000 millones a distribuir en 23 provincias”, había remarcado.
Pedido de diálogo
Tanto los empresarios como UTA reclaman al Gobierno provincial y al municipio de la Capital la puesta en marcha de una mesa de diálogo a los fines de buscar “soluciones de fondo”.
En Aetat sostienen que ni siquiera con la sumatoria de los subsidios provinciales y de los recursos federales alcanzan a completar las planillas salariales, y afirman que por ello no alcanzan a cubrir los costos para el normal funcionamiento del servicio, dado que la tarifa es regulada por el Estado.
Con la posibilidad latente de un paro por parte de los choferes de cara a lo inmediato, resta ver si la Casa de Gobierno gestiona algún tipo de anticipo a favor de los empresarios para el pago de haberes, tal como sucedió en las últimas oportunidades (la última vez, previo a la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, para un acto de campaña de Unión por la Patria).
El preocupante escenario del transporte público en Tucumán, además, se enmarca en una crisis que se extiende por el interior del país. La semana pasada, el gremio nacional de UTA, que dirige Roberto Fernández, y la Federación de Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) participaron de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación por el reclamo del gremio del pago del bono y el pedido para reabrir paritarias. En el sector privado no sólo consideraron “imposible” un nuevo incremento de salarios, sino que, a través de un comunicado, afirmaron que no se descarta la reducción de servicios y la suspensión de personal para poder sostener la prestación del servicio en el interior del país; y cuestionaron las “inequidades” en el régimen federal de distribución de compensaciones.
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