07 Octubre 2023
Por primera vez en la historia de Tucumán imputaron a un hombre por el delito de intimidación pública reiterada por haber realizado nueve amenazas de bomba en distintos establecimientos públicos y privados de la Capital. El acusado Gabriel Ernesto Valdez (24 años) estará 99 días bajo prisión preventiva, la medida de coerción de mayor intensidad con el plazo más largo que otorgó un juez desde que se iniciaron las acusaciones por las diversas amedrentaciones que sucumbieron a la provincia en los últimos meses.
En una extensa y compleja audiencia la fiscala Mariana Rivadeneira, a cargo de la Unidad de Delitos Complejos, en compañía con el fiscal Carlos Picón expusieron y fundamentaron detalladamente su teoría del caso y los pasos claves que tuvieron en la investigación para llegar hasta Valdez.
Según la acusación de la fiscalía, el imputado habría estado detrás de nueve amenazas que se realizaron entre el 15 y el 29 de diciembre:
- El 15 de septiembre amenazó a una concesionaria de autos ubicada en avenida Benjamín Aráoz al 1.200.
- El 22 de septiembre a un edificio localizado en la calle 9 de Julio al 400, a la escuela Obispo Molina y a un supermercado de la Benjamín Aráoz al 1.100.
- El 26 de septiembre realizó una amenaza en el edificio de Tribunales Penales de avenida Sarmiento y otra en una estación de servicio ubicada en Benjamín Aráoz y Coronel Suárez.
- El 28 de septiembre presentó una falsa denuncia por una amenaza colocada en la Casa de Gobierno y otra en el Palacio de los Deportes de la Municipalidad mientras se desarrollaba el acto de reinauguración.
- El 29 efectuó la última amedrentación en la Legislatura.
GRÁFICO. Con una presentación los fiscales explicaron que Valdez usó dos celulares a los cuales les cambió los chips para hacer las amenazas.
Un rebuscado accionar
Todas las denuncias falsas las realizó de la misma manera, comunicándose por llamada de manera anónima con el 911 informando que en cada inmueble había un artefacto explosivo listo para ser detonado.
Los investigadores descubrieron que todas las llamadas habían impactado en dos dispositivos electrónicos y que fueron emitidas desde tres números telefónicos que habían sido dadas de alta en la misma época en la que se produjeron las amenazas y que estaban bajo el nombre de la misma persona: Luis Alberto González.
Pero a diferencia de lo que sucedía en los anteriores casos de intimidación pública, donde se presentaron cargos contra los titulares de las líneas telefónicas o de la red de wifi, en esta oportunidad los fiscales descubrieron que el autor había puesto las líneas a nombre de otra persona y gracias a una serie de denuncias que estaban en otra fiscalía fue que lograron hacer las conexiones y dar con Valdez.
Resulta que el acusado había mantenido una relación con la hija de González, y según la teoría fiscal, realizó las amenazas con el “claro propósito de perjudicar a la familia de esta”. Todo esto saltó cuando al ahondar en los expedientes vieron que Luis González aparecía como testigo vinculado a causas de violencia de género, donde una de las partes era su hija y la otra Valdez.
Un elemento clave para poder empezar a esclarecer el caso fueron las denuncias presentadas por la hija de González en la que informaba que estaba recibiendo amenazas desde 23 líneas diferentes. Con este dato, el MPF requirió un nuevo informe histórico del mes de septiembre respecto de cuáles chips y cuáles líneas impactaron en los dos celulares con los que se habrían efectuado las amenazas. El resultado del informe arrojó que en uno de los dispositivos se colocaron 14 chips, mientras que en el otro cuatro.
Esto le permitió a la fiscalía vincular a Valdez con las amenazas y encontrar un motivo por el cual las cometería.
Para respaldar su teoría, los fiscales expusieron las evidencias recolectadas hasta el momento, entre los cuales mencionaron las actas policiales de las distintas comisarías que intervinieron en las amedrentaciones, las llamadas registradas por el 911, informes de Telecom con la titularidad de los abonados y más 30 legajos abiertos sobre denuncias cruzadas entre Valdez y la hija de González.
Además, los fiscales sustentaron su exposición con una presentación en la que graficaron claramente qué números se habían usado para hacer cada amenaza y en cuál de los dos dispositivos electrónicos se colocaron cada uno de los chips.
El miércoles se llevó a cabo una serie de medidas de allanamiento. Se dirigieron al supuesto lugar de trabajo de Valdez y a la vivienda de Valdez, ubicada en el barrio Tiro Federal, donde secuestraron 25 celulares, 15 chips, tres computadoras, una tablet, siete dispositivos de almacenamiento, un módem, y aprehendieron a Gabriel Valdez y a su primo Jorge Gustavo Valdez, a quien finalmente dejaron en libertad ayer por la mañana. También allanaron el domicilio de los González, donde secuestraron un módem de y dispositivos de almacenamiento.
Cuando llegó su turno, Valdez manifestó que no quería declarar, pero finalmente dijo que “lo único que tengo para decir es que no soy una mala persona; en esto yo no tengo nada que ver”.
“Caso sin antecedentes”
Antes de solicitar las medidas cautelares, la fiscala Rivadeneira solicitó que la causa sea declarada como asunto complejo y solicitó que la primera etapa investigativa pueda extenderse hasta 12 meses debido a la cantidad de evidencia que resta realizar y a la cantidad de datos que deben analizar.
Respecto de las medidas de coerción, el fiscal Picón requirió que Valdez sea sometido a seis meses de prisión preventiva porque consideró que el acusado no contaba con arraigo y que podría entorpecer la investigación. “Tiene facilidades para mantenerse oculto. Durante más de un mes se mantuvo oculto y en el anonimato hasta que pudimos allanarlo. Infantería, dos fiscales, dos equipos investigativos, dos coordinadores, la Policía de Tucumán, todos estábamos buscando Valdez y no aparecía. Él tiene la facultad de mantenerse oculto, tiene los conocimientos y los medios tecnológicos para hacerlo”, manifestó.
Respecto del peligro de entorpecimiento contó que en el momento del allanamiento, el joven intentó desechar uno de los teléfonos celulares que había usado para hacer las amenazas y dijo que cuando lo notificaron, Valdez lo miró y le dijo dos veces: “Esto no va a quedar así”. “No existen antecedentes en la provincia de haber sufrido un constante y permanente estado de pánico infundido por persona alguna. Nos encontramos ante múltiples hechos y multiplicidad de víctimas vulnerables como son alumnos de escuelas o adultos mayores en los lugares públicos. No solo quería martirizar a la familia de su ex, sino generar caos y una psicosis que logró”, finalizó.
El defensor oficial Jorge Quiles Sainz se opuso al plazo y en cambio solicitó que Valdez esté bajo prisión preventiva durante 90 días. Finalmente, la jueza María Alejandra Balcaráz resolvió hacer parcialmente lugar a lo requerido por la fiscalía y dispuso que Gabriel Ernesto Valdez quede privado de la libertad durante 99 días. (Producción periodística: Micaela Pinna Otero)
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