Solicitantes piden auxilio a España por el trámite de nacionalidad

Cinco solicitantes de la nacionalidad española rogaron al Gobierno de España que tome medidas para agilizar el funcionamiento del Consulado con asiento en Córdoba, que atiende los trámites de esa provincia y de otras seis del Noroeste, incluida la de Tucumán. En una carta abierta dirigida al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno, los peticionarios expresaron que la oficina consular cordobesa incurría en demoras y generaba inconvenientes inadmisibles. La nota dice que existe una desigualdad manifiesta de trato respecto del que prodigan los otros consulados que España tiene en la Argentina (Rosario, Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca y Mendoza), y denuncia un funcionamiento irrazonable que conculca derechos fundamentales.

“Conseguir turnos es una odisea”, dijeron María Isabel Giménez Spaggiari, Betiana Belén Brito Conde, Alina Mabel Mazza Marcos, Mariano Ramiro Marcote Muñoz y Macarena Santos Usandivaras (los últimos tres son tucumanos). Los firmantes manifestaron a Albares Bueno que la recepción de la documentación para ser reconocidos como españoles por la Ley de Memoria Democrática (LMD) o “Ley de Nietos” arrancó tarde, y que los plazos de habilitación para entregar los papeles en la capital cordobesa fueron estirándose: primero había que esperar un mes, luego dos meses, después tres y, en el presente, había peticionarios que aguardaban el mensaje del Consulado desde febrero, según el texto al que tuvo acceso LA GACETA.

Los plazos

“Cuando por fin llega el ‘gran día’ de presentación de la documentación, los empleados que la reciben anuncian que la resolución del expediente tardará entre uno y dos años. Posteriormente y en forma aleatoria, estos plazos aumentaron de dos a cinco años. Realmente es una locura: salimos del Consulado con lágrimas en los ojos y un profundo pesar. Este sentimiento se acrecienta cuando, consulados de este mismo país, están resolviendo los expedientes en seis, ocho o 10 meses”, refiere la carta abierta. Y añade: “nos preguntamos si puede ser tan diferente la aplicación y el apego a la ley entre las mismas oficinas. Así como la justicia tardía no es justicia, estos plazos desproporcionados e irracionales, ¿son justos?”.

La Ley de Memoria Democrática amplió significativamente la posibilidad de acceder a la nacionalidad del Reino de España a los descendientes de inmigrantes de ese país. La normativa concede dos años para iniciar los trámites que vencen en octubre de 2024, si no hay una prórroga. Esta oportunidad de lograr una ciudadanía válida para residir en forma legal en el territorio de la Unión Europea desencadenó una avalancha de requerimientos, algo que, al parecer, terminó de saturar a la oficina cordobesa que encabeza el cónsul Javier Ignacio Martínez del Barrio. Extraoficialmente se sabe que ese registro ya recibió miles de peticiones de cordobeses, riojanos, catamarqueños, tucumanos, santiagueños, salteños y jujeños, y que sólo habría otorgado unas pocas nacionalidades por razones de necesidad y urgencia.

El malestar que provoca el Consulado llevó a que Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en la Argentina (partido que gobierna España en coalición con otras fuerzas), visitara recientemente aquella sede, y se entrevistara con Martínez del Barrio, el personal y algunos damnificados. “La mayoría de peticiones introducidas allí están trabadas y demoradas”, había confirmado la socialista en una entrevista publicada a comienzos de este mes en este medio. Y había agregado: “en Córdoba hay una forma de organizar el trabajo que debe ser revisada porque una cosa es que seas lento y otra que no saques ninguna nacionalidad”. La secretaria Suárez había anticipado que elevaría un informe sobre las dificultades constatadas a las autoridades del PSOE.

Silencio y “autoayuda”

Fuera de la capital de Córdoba la tardanza se agrava por la necesidad de viajar para concretar los trámites personales. En Tucumán, el vicecónsul honorario Juan Rivera López habilitó un servicio de asesoramiento presencial para completar los formularios los martes y jueves entre las 18.30 y las 20.30 en la Sociedad Española (este 12 de octubre no atendió al público por el feriado del Día Nacional de España). En febrero, Rivera López había observado que el incremento del trabajo no había sido acompañado por una ampliación del equipo del Consulado de Córdoba. El vicecónsul no contestó las nuevas consultas dirigidas a la línea telefónica oficial.

Justamente en la carta abierta a Albares Bueno, cinco afectados por la organización de Martínez del Barrio se quejaron de que no hay vías efectivas para comunicarse con aquella y saber qué es lo que está pasando. “Otro gran problema es que el Consulado se encuentra ‘blindado’ con una valla inexpugnable”, dijeron Giménez Spaggiari, Brito Conde, Mazza Marcos, Marcote Muñoz y Santos Usandivaras. Los firmantes manifestaron que no conseguían información ni en forma personal, ni por correo electrónico, ni por escrito. “Por este motivo, nos vimos obligados a crear grupos de autoayuda”, acotaron.

Los remitentes de la nota al ministro de Exteriores aseguraron que sus derechos estaban siendo vulnerados de un modo incomprensible y, sin mencionarlo con nombre y apellido, apuntaron contra Martínez del Barrio. “El cónsul se toma la prerrogativa de ‘secuestrar’ nuestro derecho a la nacionalidad y el de todas las personas que hacen el trámite en esta demarcación. Somos ‘rehenes’ del sistema, cuando todos estos inconvenientes podrían ser solucionados mediante herramientas informáticas. España queda así inmersa en el siglo XV y asociada a prácticas feudales. Nuestros derechos fueron confiscados a cambio de más personal”, dijeron.

Giménez Spaggiari, Brito Conde, Mazza Marcos, Marcote Muñoz y Santos Usandivaras imploraron al ministro Albares Bueno que ponga fin a la situación de “arbitrariedad y asimetría”. “Hay consulados con mayor número de solicitudes y menos recursos que los de Córdoba y funcionan mucho mejor”, compararon. Y se despidieron con el deseo de que la próxima carta fuera en agradecimiento por su intervención en aras de que muchos argentinos de Córdoba y el Noroeste hayan sido reconocidos como españoles.