Por Roberto Delgado
24 Octubre 2023
La última medida requerida en la causa por las presuntas irregularidades con los fondos de regalías mineras en la UNT en la época del ex rector Juan Alberto Cerisola ha quedado cumplida. El viernes pasado fue entregado al Tribunal Oral Federal el informe realizado por el ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán, perteneciente al Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El informe también fue realizado por el perito de parte ingeniero Luis Rafael Antolini.
Se trata en la causa contra el ex rector, acusado por defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Cerisola y sus ex funcionarios Luis Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino fueron enviados a juicio oral en 2018 por presuntas irregularidades en el manejo de utilidades de la minería por unos $ 353 millones (unos 85,5 millones de dólares en cotización de 2010) enviadas por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) para obras realizadas en la UNT entre 2006 y 2009. La causa había comenzado hace una década tras la denuncia de los ciudadanos Ramón Eudal y Oscar López. Tras la elevación a juicio de la causa, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó una ampliación de la investigación en busca de responsabilidades en las empresas contratadas por la UNT para hacer las obras, lo cual sería dirimido en otro proceso oral contra 22 empresarios que también se encuentran procesados.
El fiscal Carlos Brito investigó si se produjeron “anomalías generadas por las empresas contratistas tales como cartelización de precios, pagos irregulares, pagos anticipados sin autorización, desvío de fondos, incumplimiento del proyecto de obra, facturación apócrifa”.
El comienzo del juicio oral se fue dilatando en distintas instancias procesales, la última de las cuales fue el pedido de revisión de las pericias sobre las presuntas irregularidades que había encargado el fiscal Brito con un perito de Gendarmería Nacional. Gendarmería utilizó los datos de precios de la época (2008-2009) informados por revistas especializadas, como la revista Vivienda.
El pedido de revisión de pericias se hizo en 2020. Iba a estar listo en junio pasado pero se le concedió al perito Guzmán una prórroga. El informe que analiza las pericias sobre 13 obras responde sobre todas las obras analizadas en general y puntos periciales de índole particular. Los cuestionamientos van desde explicar qué es el “presupuesto” de una obra pública; cuál es el mecanismo válido y/o más idóneo de obtención del presupuesto de una obra pública; cómo se realizó el trabajo del Equipo Interdisciplinario Pericial de Gendarmería Nacional; si la totalidad de los precios unitarios que conforman los presupuestos cuentan con sustento técnico; si existen discrepancias en los cómputos métricos de tales informes respecto de los presupuestos oficiales; si existen ítems que no fueran analizados; si hubo redeterminación de precios; si hubo inflación durante la ejecución de las obras y si los anticipos financieros son un mecanismo válido para minimizar los impactos inflacionarios. También, si del examen de los legajos y demás documentación de las obras indicadas “se desprende un patrón de conducta doloso o irregularidades sustanciales tendientes a pagar sobreprecios por dichas obras en perjuicio de la UNT”.
En teoría, se debería establecer una fecha para el juicio oral. El Tribunal Oral Federal quedó semidesarmado desde que se jubilaron Alicia Noli en 2018 y Gabriel Casas en 2021, por lo que sólo quedó el juez Enrique Jiménez Montilla, que ahora sería acompañado por dos subrogantes, Enrique Lilljedahl, de Catamarca, y Noel Costa, de Córdoba.
Dada esta altura del año, se supone que el juicio podría hacerse entre febrero y mediados de 2024.
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