Preparativos frente a los datos sobre la inseguridad

En Tucumán, los delitos contra la propiedad en 2022 se incrementaron en un más de un 50%, según los datos que se consignaron en el “Informe de estadísticas criminales” que publica el Ministerio de Seguridad de la Nación. El promedio es de un robo cada 15 minutos, pero las proyecciones indican que en estos 12 meses el número de hechos se incrementaría al menos un 5% con respecto al año pasado. Esos números, elaborados en base a las denuncias realizadas por las víctimas, obligan a las autoridades a poner mayor énfasis en la lucha contra la inseguridad. El incremento de estos índices (un 36% en robos agravado y un 15% en hurtos), según de los especialistas, va de la mano del crecimiento de la crisis social del país y de la provincia. Los analistas de la materia afirmaron que el afianzamiento del sistema de denuncia digital sirvió para lograr mayor credibilidad al informe. Antes de que se pusiera en práctica este programa, los hechos que sufrían las víctimas eran plasmadas en hojas de papel que no siempre llegaban a las fiscalías, por lo que las estadísticas no reflejaban bien la realidad.

El hurto es el delito más común en la provincia, pero es el menos denunciado. Sin embargo, en el informe de la Nación se puede leer que los casos de tentativas de hurto tuvieron un crecimiento de un 85%. Presentarse en una comisaría para informar el robo es necesario, no sólo porque permitirá a las autoridades confeccionar el mapa de delito con el que pueden mejorar la prevención, sino para que realmente se conozca la realidad de lo que sucede en las calles. Pero el sistema de recepción de denuncias es complejo y muchas veces desalienta a las víctimas, lo cual debería ser estudiado por los funcionarios.

El trabajo estadístico es un mar de datos que fueron analizados por las autoridades. Uno de ellos es el preocupante incremento de robos de automóviles: casi se duplicaron con respecto a 2021. Policía y los fiscales descubrieron que ese aumento se debe a la aparición de organizaciones que utilizan dos modus operandi. Aprovechando una polémica ley de blanqueo de bienes en Bolivia y la permeabilidad de la frontera del norte del país, trasladan el botín al vecino país para cambiarlos por droga. También existen bandas que alimentan un mercado negro en Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, principalmente. Roban los automotores en una provincia y la comercializan en otra.

Estos grupos crecieron porque perseguirlos penalmente es difícil. No hay un fortalecimiento de la Justicia Federal en el NOA. Ese es el fuero que debería luchar contra los delitos transnacionales (el narcotráfico es otro de ellos) e interjurisdiccionales (como el tráfico de aves y el cuatrerismo, entre otros muchos delitos más). La nueva gestión no sólo deberá fortalecer la prevención del delito en Tucumán, sino que además tendrá que tejer alianzas con las otras provincias de la Región y la Nación para poder tener mejores resultados en la lucha contra la inseguridad.

En principio, las nuevas autoridades anunciaron que habrá más policías en la calle, que se organizarán y usarán los datos estadísticos; que se fortalecerá el servicio 911 y se les dará  mayor protagonismo al trabajo de las brigadas; que se invertirá en más cámaras de seguridad y se comprará móviles y se realizarán operativos sorpresa en zonas complejas, como  Villa 9 de Julio, San Cayetano, Villa Amalia y los barrios del sur de la ciudad. Asimismo, se pondrá énfasis especial en el refuerzo en la lucha contra el narcomenudeo -“vamos a profundizar el Operativo Lapacho, que resultará clave para que la droga no siga ingresando a la provincia”, explicó el gobernador- y se procurará comenzar a resolver la crisis carcelaria. Es de esperar que los anuncios se concreten en medidas específicas que lleven a una mejora sustancial en el panorama de la seguridad de los tucumanos.