El valor del dólar obliga a los narcos a hacer cambios

El mundo narco está convulsionado. No por los controles o por el accionar de la Nación en la lucha contra esta actividad ilícita. El dólar está moviendo el amperímetro y provocando cambios en el mercado de la muerte. No sólo genera que se duplique el valor de la droga en las calles, sino que además ha obligado a los traficantes a buscar otras variantes en la economía informal para poder continuar con el negocio.

Germán de los Santos, periodista especializado en temas vinculados al narcotráfico y autor de dos libros sobre el crecimiento del narcomenudeo en su ciudad natal de Rosario, descubrió una “joyita” cubriendo un juicio por lavado de activos. “El peso no vale ni un excremento”, fueron las palabras que salieron de la boca del acusado Julio Rodríguez Granthon. El narco peruano hizo suyas las palabras del candidato Javier Milei (La Libertad Avanza) para explicar porqué recurría a las cuevas financieras en busca de la moneda norteamericana.

La cocaína que se vende en las calles de nuestra provincia se adquiere a proveedores de Bolivia. Los narcos “mayoristas” desde hace por lo menos cuatro años que mantienen el precio del kilo a U$S 2.500. Sólo puede haber una diferencia de la cotización por un descuento o porque se financia la compra. Pero el valor es uniforme. El problema para quienes la compran es otro: la depreciación del peso. “Nadie quiere recibir el billete argentino”, comentó un investigador.

Fuentes vinculadas a los traficantes explicaron qué pasa cada vez que se mueve el valor del billete verde. “Desde hace varios meses que ni los que operan del lado argentino quieren pesos. A veces cuando hay una estampida, no venden. Tampoco hay muchos que puedan comprar porque no se consiguen billetes verdes”, indicó un hombre vinculado a esas transacciones.

Estadísticas

En lo que va del año, sólo Gendarmería Nacional secuestró en todo el NOA U$S 1,2 millón, unos 250.000 euros y unos $ 530 millones. En total fueron más de U$S 2 millones, dinero suficiente para adquirir 809 kilos de cocaína que en las calles, luego del proceso de estiramiento, se pueden transformar en 7.281 kilos. “Eso es lo que se secuestra, no queremos imaginarnos lo que se mueve sin que sea detectado. Imagínese que un fajo de U$S 10.000, suficiente para comprar cuatro kilos, se lo puede ocultar en la media o en un zapato”, comentó una fuente judicial salteña.

Las leyes argentinas no impiden el traslado de dinero (sin importar de qué moneda se trate) por el territorio nacional. No hay límites tampoco, como los U$S 10.000 que es el máximo que se puede sacar del país. Sí se persigue su origen. En otras palabras, si el tenedor no justifica su procedencia, se le secuestrará el efectivo hasta tanto demuestre cómo lo consiguió.

“Si el sospechoso presenta la documentación correspondiente, se le devuelve en el acto. Si no tiene los papeles, se le da la oportunidad que regularice su situación ante los organismos correspondientes. Pagan multas y se acogen a planes de refinanciación de la AFIP para recuperar el efectivo”, explicó un funcionario judicial. “El problema es que por la crisis del país ha crecido considerablemente la informalidad. Por ejemplo, una persona que vende una propiedad pone en la escritura que la vendió en pesos, pero en realidad la operación fue en dólares. Para evitar pagar los tributos correspondientes, en vez de depositarla, deciden transportarla”, añadió.

Pero hay otro elemento para tener en cuenta. La mayoría de las organizaciones narcos crean empresas fantasmas para justificar el origen de sus fondos. “Pueden tranquilamente acogerse a algún plan de regularización y recuperar el dinero”, indicó.

Cuevas

En el mundo narco sostienen que los que trasladan el dinero para comprar drogas son unos “perejiles”. Ante la falta de controles, en los últimos tiempos, las cuevas financieras pasaron a ser un eslabón clave en esta actividad ilícita. “Hay tantas que existen acuerdos entre ellas. Por ejemplo, entregás U$S 20.000 en Tucumán y retirás U$S 19.800 en Salta. Esos dos puntos no son nada”, explicó el hombre que conoce las finanzas de la actividad ilícita.

“Cuevas Blancas” es el nombre con el que se conoce el debate en el que está siendo juzgado el narco Granthon. Pero también está sentado en el banquillo de los acusados Gustavo Shanahan, acusado de integrar la organización. Este financista fue ex titular de la Terminal Puerto Rosario (la puerta de entrada de la hidrovía del Paraná, considerada como la nueva ruta del narcotráfico) y ahora está acusado de facilitar dólares a las organizaciones para comprar cocaína.

“La detención de Shanahan, un contador de 67 años, generó un fuerte impacto en Rosario en octubre de 2021. Su caída en manos de la Policía Federal, mostró claramente cómo el dinero que fluye por el tráfico de drogas terminaba en las cuevas financieras donde se reinvierte y adquiere otra fisonomía”, detalló De los Santos en una nota publicada en el diario “La Nación”.

Ivo “El Croata” Rojnica fue detenido acusado realizar maniobras financieras con las que se disparó el precio del dólar. Con el correr de los días, su nombre fue vinculado a negocios narcos. Supuestamente, era otro ejecutivo que financiaba a personas vinculadas al tráfico internacional de cocaína. “Bobinas blancas” fue el nombre de la causa en la que se investigó el envío de dos toneladas de “merca” a Europa. Por ese expediente, en el que aparecieron mencionadas empresas tucumanas, el hasta hace meses desconocido financista quedó procesado.

En la calle

“Todo cambió maestro”, dice “Juancito”, el “soldadito” de un transa de Las Talitas. Debido a la depreciación de la moneda nacional, el costo de las dosis se fue a las nubes en muy poco tiempo. Un papel de “paco” (la peor sustancia) pasó de costar $ 75 a $ 200. “Un ‘pipero’ fuma al menos entre 20 y 30 papelitos. Andan desesparau (sic)”, añadió el joven que trabaja a cambio de unos gramos de sustancia. La “alita de mosca” (la mejor ‘merca’ que se puede adquirir en los barrios de la periferia) aumentó de $ 450 a $ 1.000 en promedio. “Por esta razón está creciendo el consumo de pastillas que se venden entre $ 100 y $ 150. Se puede decir entonces que estamos ante una situación de policonsumo”, explicó el psicólogo social Emilio Mustafá.

El incremento de la “blanca” también modificó los sistemas de distribución. Según las investigaciones, los proveedores traen entre seis y 20 kilos de cocaína para venderlas a las redes de narcomenudeo. “Antes se las sacaban de las manos. Ahora es más difícil porque los revendedores no cuentan con el dinero suficiente para adquirirla”, explicó un pesquisa. “Hemos detectado personas que compran hasta una piedra de 200 gramos de esa droga porque no tienen los fondos suficientes”, añadió.

Mustafá sostuvo que por esa razón los transas estiran cada vez más la droga con cualquier tipo de sustancia. “El consumidor se da cuenta porque no ‘pega tanto’, como ellos dicen. Pero lo que no descubren es que con tantos agregados su estado de salud se deteriora mucho más. Pero lo más grave de todo es que cada vez vemos niños consumiendo”, finalizó.

Algunos números

U$S 2

millones secuestró Gendarmería en lo que va del año en todo el NOA.

809

kilos de cocaína se puede adquirir con ese dinero en la frontera.

7.281

kilos se obtienen estirando los 809 kilos.

$ 200

es el valor de la dosis del paco que antes costaba $75. Un adicto consume entre 20 y 30 por día.

$ 1.000

cuesta una dosis de “alita de mosca”, la cocaína de mejor calidad que se vende.

Pedido al Ejecutivo 

La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó una proyecto de Ley para que el Poder Ejecutivo realice las gestiones ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación para que la provincia cuente con una oficina de Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y una delegación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

“La presente iniciativa tiene como objetivo mejorar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Tucumán, los cuales vienen haciendo estragos en nuestra sociedad desde hace tiempo”, se puede leer en los fundamentos de la presentación. “La situación de nuestra provincia en materia de narcotráfico es más que preocupante. Los datos que se conocen sobre este delito y los delitos asociados la llevan a asemejarse cada vez más a otras ciudades de nuestro país, tristemente conocidas por estar ‘tomadas’ por el narcodelito”, agregó la parlamentaria.

“La narcocriminalidad ha ido alcanzando un nivel de desarrollo y logística cada vez más avanzado, que ha generado un mayor esfuerzo en la coordinación de medidas interinstitucionales entre los distintos poderes del Estado para poder hacer frente a dicho problema, lo que ha llevado a la necesidad de diseñar, por parte del Ministerio Público Fiscal”, agregó en los fundamentos Elías de Pérez.

La PROCUNAR es una oficina que se dedica a investigar este delito en el territorio nacional. Está integrado por especialistas en la materia. De acuerdo con el informe sobre la tarea desarrollada en 2022, la PROCUNAR inició 243 nuevas intervenciones, entre colaboraciones, investigaciones preliminares, causas delegadas e investigaciones autónomas. De esta manera, prestó colaboración a más de 100 fiscalías con competencia en estos delitos en todo el país. La provincia de Salta cuenta con una delegación.

La PROCELAC es una unidad especial de investigación dependiente de la Procuración General de la Nación en Argentina dedicada a realizar y recibir denuncias, investigar y recuperar activos relacionados con crímenes económicos como el lavado de dinero, la evasión tributaria, el fraude bancario, el financiamiento del terrorismo, el contrabando y otros delitos contra la Administración pública. Los informes e investigaciones que realizan son claves para acabar con el poderío económico de los grupos que se dedican al tráfico y comercialización de drogas. “En nuestro país hay muchos ejemplos para demostrar que los líderes que ya están condenados siguen actuando desde las cárceles. La única manera de frenarlos es quitándoles todos los recursos que tienen para operar”, resumió un pesquisa.