Creo exagerado el énfasis que pone el nuevo Presidente en declarar que privatizará todo lo que sea privatizable. Cuando empiecen las privatizaciones, provocara con el tiempo un temor parecido al que pregonaba Massa, porque podrían lograr que el país quede totalmente en manos de capitales privados internacionales. Ya sabemos que el único propósito de las inversiones de capitales internacionales, y muchos fondos buitres, es el de obtener lucro inmediato. Ya ocurrió en España con la caída del banco Caixa que financiaba viviendas y terminó vendiendo las hipotecas a Blacstone, el mayor fondo buitre que existe, por una ínfima parte del monto. Desde luego procedió de inmediato a reclamar el desalojo de unos 108.000 habitantes. Creo que no todo debe pasar a manos privadas bajo el equivocado lema de que es el mercado libre el único que debe regular los precios, siguiendo la supuesta ley de la oferta y la demanda. Al respecto, ya sabemos que las empresas que monopolizan servicios buscando la máxima rentabilidad, pueden poner los precios que se les ocurran sin ningún control. Lo mismo puede pasar con los contratos de alquiler de viviendas, ya que si no se construyen viviendas con planes sociales planificados por el Estado, la oferta será quien ponga los precios a su antojo. No es el caso de Chile, donde funcionó un sistema de ahorro que permitió a un gobierno no corrupto, construir complejos habitacionales de viviendas sencillas, que se edificaban según el sistema de ahorro previo. Esto se podía comprobar a la vera de la ruta que va de Santiago a Valparaíso, en la cual se podía observar el desarrollo de varios emprendimientos de este tipo. Una vez terminadas las viviendas, el comprador seguiría pagando la misma cuota en el banco correspondiente. Volviendo al tema de la famosa ley de la oferta y la demanda que se toma como sentencia bíblica, creo que debemos ser más cautos con la euforia generada al creer en la tierra prometida. Esta sentencia de ningún modo significa una panacea para la regulación de precios, ya que en muchos casos la oferta puede ser manejada independientemente y en forma arbitraria. En cuanto a que se suspende toda obra pública, cabe preguntarnos cómo se financiarían las supuestas cárceles privadas y cuál sería el costo para el Estado, porque no creo que ninguna fundación sin fines de lucro se ocupe de su construcción y mantenimiento. El tema del fanatismo por las privatizaciones indiscriminadas creo que amerita un exhaustivo análisis previo por parte de los legisladores, para evitar el riesgo de que tengamos que ponernos urgente a estudiar inglés para poder sobrevivir decentemente sin ser propietarios de negocios ni de una financiera.
Humberto Hugo D’Andrea
hdandrea95@gmail.com


















