Por Federico Türpe
25 Noviembre 2023
CASA DE GOBIERNO / Imagen ilustrativa de Archivo LA GACETA
El gobernador Osvaldo Jaldo recortó 220.000 millones de pesos del presupuesto provincial de 2024, respecto de la estimación de gastos original que había elaborado Juan Manzur y que ingresó a la Legislatura “por la ventana”, casi en secreto, dos días antes de abandonar el cargo de gobernador, y pese a que Jaldo se lo venía pidiendo hace semanas.
Si bien la lectura nacional fue que Jaldo picó en punta dentro de esta nueva ola libertaria de austeridad y disminución del gasto público, los tucumanos saben que fue en realidad un freno a los desembozados nombramientos políticos del manzurismo y a un ajuste para ordenar el despilfarro electoral de los últimos meses.
Fue sólo una provechosa coincidencia, según la mirada de la próxima Casa Rosada, ya que Jaldo comunicó que decidió amputar el derroche manzurista unas dos semanas antes del balotaje, previo a que se supiera que Javier Milei sería el próximo presidente.
Este recorte inicial de 220.000 millones, inicial porque Jaldo anticipó que seguirá revisando nombramientos y gastos superfluos, incluyó la eliminación de 50 áreas del Poder Ejecutivo; la cancelación de 7.500 beneficiarios de la Unidad de Reconversión Laboral creada en la pandemia; la baja de las adscripciones en todo el ámbito de la administración centralizada; y la anulación de hasta 500 designaciones de personal efectuadas por Manzur en sus dos últimos meses de gestión.
Este ahorro representa alrededor del 12% del total del presupuesto.
Deben estar muy mal las cuentas que deja Manzur para que de un plumazo se realice un recorte en apariencia drástico. Y decimos en apariencia por varios motivos, aunque citaremos sólo tres.
Los tres argumentos
El primero, y más llamativo, es porque Jaldo ejerce desde hace 36 años cargos ejecutivos y legislativos en la provincia, y hace 23 ocupa oficinas en la Casa de Gobierno, desde que Julio Miranda lo nombró ministro de Economía en el 2000. También fue gobernador interino en varias oportunidades, la más prolongada de ellas durante los más de 500 días en que Manzur se mudó a Buenos Aires para encabezar la jefatura de ministros de la Nación, entre septiembre de 2021 y febrero de 2023.
Tuvo la lapicera, tuvo los presupuestos, tuvo los nombramientos, incluso creó un súper Ministerio de Obras Públicas, y tuvo conocimiento cabal del gasto político y electoral, del reparto discrecional de fondos a municipios y comunas por miles de millones de pesos, sin ninguna rendición, y además tuvo -y aún tiene- una docena de leyes de emergencia vigentes desde hace años (ver “Las 12 leyes de emergencia que rigen en Tucumán…”, por Luis María Ruiz, LA GACETA, 24/11) que le permiten igual discrecionalidad para eludir licitaciones públicas y contar con un blindaje legal sobre las cuentas públicas.
Posibles delitos penales
El segundo motivo por el que tendemos un manto de duda sobre estos primeros gestos de repentina austeridad, es porque lo que se presenta como un hecho positivo hacia el futuro, casi obligado por el hartazgo social que se viene expresando en las urnas, no hace alusión alguna hacia atrás, al pasado inmediato, sin la más mínima autocrítica ni voluntad de revisar quiénes, cómo y por qué incurrieron en un alevoso despilfarro fiscal.
Esta actitud nos plantea un escenario evidente de complicidad, ante una supuesta asociación ilícita o, de mínima, un acto de irresponsabilidad frente a los deberes de funcionarios públicos.
Porque si el Estado tucumano puede seguir funcionando igual que lo hacía hasta ayer con 220.000 millones menos para gastar (sólo de lo que figura en el presupuesto como tal) quiere decir que hubo corrupción, o malversación, o mala administración, o falta de idoneidad, o desinterés en proteger los fondos públicos.
Como fuese, en cualquier caso, se plantean fuertes sospechas de delitos penales cometidos contra la administración pública, entre ellos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; o enriquecimiento ilícito, entre otros.
La capacidad que tienen los políticos de hacer borrón y cuenta nueva y de esconder la basura bajo la alfombra es maquiavélica.
No cabe aquí la expresión “escobita nueva barre bien”, porque la escobita es la misma que barre las arcas del Estado hace cuatro décadas.
Total oscurantismo
De esta manera surge casi obligado el tercer motivo que pone en duda esta repentina austeridad y nuevo orden fiscal: Tucumán es una de las cuatro provincias argentinas, junto con Formosa, La Pampa y San Juan, que ocultan sus finanzas, porque se niegan sistemáticamente, por diferentes razones, a sancionar una Ley de Acceso a la Información Pública, o a adherir a la norma nacional 27.275, que rige desde septiembre de 2016.
Por esa razón, toda la información que circula se circunscribe a dudas, sospechas, denuncias y supuestos, porque los datos de cualquier índole o importancia están censurados por el Gobierno, con el aval de la Justicia y de la Legislatura, otras dos cajas insondables de este sistema republicano de baja calidad. La provincia tampoco está adherida a la ley nacional de Ética Pública, de 1999, que impone una serie de deberes y obligaciones para los funcionarios públicos, que van desde simples asesores ad honorem hasta jueces, funcionarios y empleados de todos los niveles, temporales o permanentes, de los tres poderes.
Esta ley, por ejemplo, dispone la obligatoriedad de las declaraciones juradas y limita fuertemente los familiares en la función pública hasta el parentesco en segundo grado (nietos, abuelos, hermanos propios, o nietos, abuelos y hermanos del cónyuge).
De existir esta ley en Tucumán la mitad de la administración pública debería irse a su casa, incluidos los poderes Legislativo y Judicial.
Sólo el archivo no miente
El 30 de septiembre de 2016, días después de que se promulgara la ley nacional de Acceso a la Información Pública, ante la 54 asamblea anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) realizada en Tucumán por el Bicentenario de la Independencia, Manzur hizo dos promesas que, según él, inauguraban una nueva etapa en la vida democrática de la República, pero sobre todo de la Provincia.
Una fue que iniciaría cuanto antes una reforma política y electoral, para que no se repitieran nunca más los escándalos de las elecciones de 2015. La otra consistió en que enviaría de inmediato a la Legislatura un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.
Una Ley de Acceso a la Información Pública representaba el fin de la discrecionalidad política en el Estado. El fin de las valijas repletas de dinero en la Legislatura. Del nepotismo alevoso -con nombramientos obscenos de familiares, amantes y amigos-. De las leyes y los decretos traficados por debajo de la mesa. De las licitaciones y contrataciones sospechosas. De los nombramientos de jueces y fiscales amigos (o socios). De los presupuestos jabonosos. Y de los gastos injustificados y secretos.
Dígalo con mímica
La reforma política y electoral a la que se comprometió Manzur no sólo nunca se hizo, sino que en sus años de gobierno se agravaron todas las prácticas ilegales, humillantes, clientelares y fraudulentas, en connivencia con la Justicia Electoral y ordinaria. Los cuartos oscuros explotaron de acoples -pymes familiares- y se batieron todos los récords. En 2019 se presentaron casi 19.000 candidatos y hubo unos 60 acoples, financiados en gran parte con fondos desviados del Estado.
En las elecciones provinciales de este año participaron más de 80 acoples y el reparto de dinero a la vista de todos, la compra de troqueles, el acarreo y los nombramientos en la administración pública en todos los niveles fue escandaloso.
El fantasma de las elecciones compradas que sobrevuela cada comicio tucumano tomó estado corpóreo en las PASO del 13 de agosto, cuando sin reparto de bienes, ni dinero, ni logística se impuso Milei en la provincia, lo mismo que en el balotaje, donde las arcas del clientelismo ya estaban flacas, luego del despilfarro de la primera vuelta.
Con la ley de Acceso a la Información Pública, que nos permitiría informar con mayor contundencia y precisión, y a las autoridades defenderse de las noticias falsas, Manzur hizo dos intentos, aunque se esfumaron en la mímica.
En el primero le encomendó al legislador Guillermo Gassenbauer que elaborara un proyecto, que terminó siendo casi una copia de la Ley Nacional. A Manzur le pareció demasiado costoso, o al menos ese fue el argumento de entonces para rechazarlo, que implicaba crear una Agencia de Acceso a la Información.
El segundo intento estuvo a cargo del entonces secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, ya que además esta oficina no sería autónoma, sino que dependería presupuestariamente de esa Secretaría, que a su vez está subordinada a la Gobernación.
“No hicimos el mejor proyecto, hicimos el posible”, explicó uno de los especialistas que trabajó en el texto. Contó que la tarea que les ordenó Yedlin fue que la ley fuera “aprobable” y que para eso debía implicar el menor gasto posible.
Cuando el borrador de Yedlin llegó a la Legislatura, lo último que un testigo escuchó fue: “¿Ustedes están locos? ¿Quieren que vayamos todos presos?”
Ese proyecto durmió más de siete años en un cajón con llave de la Legislatura de Jaldo.
A propósito de Jaldo, en 2017 declaró que Tucumán no iba a adherir a la ley nacional porque elaboraría su propia ley. Van siete años de la promesa de Manzur y seis de la de Jaldo.
No sabe, no contesta
Según la ONG Ruido, que aboga por el acceso a la información, la transparencia de los poderes y lucha contra la corrupción, Tucumán es la provincia más oscura de la Argentina.
Sobran los informes de esta ONG, pero citaremos un sólo ejemplo. Junto con Santiago del Estero, son las únicas dos provincias que se negaron a informar cómo, cuánto y en qué gastaron en la compra de insumos sanitarios durante la pandemia, pese a las numerosas requisitorias de distintas ONG a varios organismos del Estado.
Hasta que esa ley de transparencia no exista en la provincia, y que se cumpla porque hay gobiernos que la tienen pero la acatan a medias, además de la ley de Ética Pública y de la reforma electoral, será imposible tener certezas sobre si las nuevas gestualidades en cuanto a austeridad, disminución del gasto político y superfluo son reales, o engrosarán la larga lista de engaños a la sociedad de los últimos 20 años.
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