06 Diciembre 2023
EN SEGURIDAD. Será una de las áreas que renovará la declaración de emergencia en la provincia. Foto ilustrativa de Archivo LA GACETA
Por la crisis económica. Por la inseguridad. Por la violencia contra las mujeres. Las medidas adoptadas por las últimas administraciones no lograron revertir el preocupante estado de situación en distintas áreas, y que años atrás -e incluso décadas- había motivado la sanción de leyes de declaración de emergencia. Por eso, sobre el cierre de 2023, el gobierno impulsa una serie de proyectos en la Legislatura para extender la vigencia de estas normativas, próximas a caducar.
Este paquete de iniciativas incluye a su vez los regímenes de excepción mediante los cuales, por ejemplo, se habilita el envío de fondos provinciales a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), las contrataciones directas para mejoras en infraestructura escolar y los mecanismos que posibilitan las asistencias financieras a municipios y comunas.
La mayoría de estas leyes -tanto las de emergencia como las de excepciones, para evitar las licitaciones- suelen ser renovadas cada uno o dos años. En este caso, los legisladores deberán abocarse al tratamiento de al menos una docena de asuntos para asegurar su aplicabilidad al Poder Ejecutivo durante 2024.
En esta oportunidad, nueve de los proyectos fueron girados por el gobernador, Osvaldo Jaldo, sobre la base de la disposición constitucional que faculta al titular del Poder Ejecutivo (PE) a solicitar la aprobación de leyes a la Cámara provincial.
En paralelo, el jefe de la bancada peronista, Roque Tobías Álvarez, también rubricó iniciativas destinadas a completar el esquema de prórrogas para el año próximo.
A este paquete de proyectos se suman otras emergencias que no serán parte de la agenda parlamentaria, dado que tienen fecha de caducidad el año próximo.
Seguridad
El gobernador Jaldo solicitó a la Legislatura la extensión de la vigencia de la Ley 9.057/2017, de Emergencia en Seguridad Pública, hasta el 31 de diciembre de 2025. Con la firma del ministro del área, Eugenio Agüero Gamboa, el titular del PE apuntó en esta iniciativa a extender además la declaración de emergencia en materia carcelaria y policial para “continuar con la adecuación, mejoramiento y ampliación necesaria de la infraestructura edilicia” en este ámbito. La finalidad de la propuesta es sostener “las acciones concretas para revertir la situación de peligro colectivo creado por los delitos que afectan a nuestra provincia” y “dar respuesta de manera directa e inmediata al alojamiento de las personas privadas de la libertad evitando la superpoblación del servicio penitenciario provincial”, señala el proyecto.
Edificios escolares
El Poder Ejecutivo pidió la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2024 de la ley que habilita la contratación directa, previo cotejo de precios, para la ejecución de obras y la compra de materiales destinados a la refacción de los edificios escolares de la provincia. Además, teniendo en cuenta los índices de inflación, se requirió ampliar hasta $60 millones el monto máximo de estas contrataciones.
Violencia contra la mujer
El Gobierno apunta a extender la Ley de Emergencia en Violencia contra la Mujer, vigente desde 2017, hasta el 31 de diciembre de 2024. En los considerando, se advirtió que “se encuentran subsistentes las causas que dieron origen” a esta norma, y que “resulta imprescindible avanzar en acciones tendientes a cumplir con los objetivos” planteados; entre ellos, “revertir el número de víctimas por violencia contra la mujer, reforzar la política preventiva en la materia, y optimizar los recursos del Estado en la lucha contra este grave flagelo social tanto a nivel nacional”.
Economía
Jaldo requirió a la Legislatura la prórroga de la Ley de Emergencia Económica del Estado provincial, municipalidades y comunas rurales hasta el 31 de diciembre de 2024, una normativa que establece la inembargabilidad de los recursos públicos. El texto señala que “persisten las condiciones que motivaron el dictado la norma (vigente desde 1999), y teniendo en cuenta las circunstancias socioeconómicas que atraviesan la Provincia y el Estado nacional”. En simultáneo, el Poder Ejecutivo pidió extender el mecanismo que habilita a la Caja Popular de Ahorros a suscribir convenios de asistencia financiera con los municipios (Ley 7.467, de 2004); y el sistema de aportes a comunas rurales del interior previsto por la Ley 7.115, de 2009. A ello se suma el proyecto para ampliar la Ley 9207 (2019), mediante la cual se faculta al PE a suscribir convenios con la Nación “dentro del programa de financiamiento ordenado” para el ejercicio fiscal 2024.
SAT
El oficialismo busca que se sostenga el régimen de excepción que posibilita el envío de fondos provinciales no reintegrables a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, para la ejecución de “obras de infraestructura y la adquisición de equipamientos y de maquinarias que resulten necesarias para la prestación de los servicios” a cargo de la prestataria.
Entidades deportivas
A partir de un proyecto firmado por Álvarez y sus pares oficialistas Christian Rodríguez y Maia Martínez, la Legislatura ampliará el estado de emergencia en económica y social de las entidades deportivas, vigente desde 2008, hasta el 31 de diciembre de 2024. Entre otros puntos, declara inembargables los aportes estatales entregados a asociaciones civiles sin fines de lucro -deportivas, culturales, artísticas- mediante subsidios o figuras similares. También “blinda” sus sedes, en caso de tenerlas.
Sistema eléctrico
Una iniciativa del jefe del bloque peronista propone la extensión de la Emergencia en el Sistema Eléctrico (vigente desde 2010). El texto, rubricado además por los oficialistas Francisco Serra y Martínez, declara que la “expansión” del sistema de transporte eléctrico por distribución troncal constituye un objetivo “prioritario y de interés del Estado provincial”. Además, se incluye un “Plan de Desarrollo Eléctrico de la Provincia” y se crea un “Fondo de Infraestructura Eléctrica”.
Salud mental
El oficialista Gabriel Yedlin aportó junto a Álvarez y a Martínez un texto para prorrogar la Ley de Emergencia en Salud Mental, aprobada en 2021 y con caducidad a fin de año, para habilitar su vigencia durante otros 365 días. Esta norma declara la emergencia en la Atención Primaria y Preventiva de la Salud Mental, y promueve medidas -como la implementación de equipos interdisciplinarios, el fortalecimiento de la atención y la puesta en funcionamiento de una línea telefónica específica, entre otras- en el ámbito de la provincia.
En citrus
El bloque justicialista puso en agenda la prórroga de la Ley 9.614, vigente desde 2022. Esta norma declara “la emergencia agropecuaria, por el término de 365 días, para las actividades de producción de limón, primaria e industrial, como así también a los viveros cítricos certificados por el INASE (Instituto Nacional de Semillas) en todo el territorio de la Provincia”, e incluye distintos beneficios para el sector. El proyecto lleva las firmas de Álvarez, de Sara Lazarte y de Martínez.
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