Por Luis María Ruiz
08 Diciembre 2023
OBRAS PÚBLICAS EN TUCUMAN / foto ilustrativa de Comunicación Pública
“No hay plata”. A finales de noviembre, ya con el traje de presidente electo, Javier Milei anunció que todos los proyectos de obra pública bajo ejecución en la Argentina quedarán suspendidos o serán traspasados a manos privadas. Y la medida ratificada por el líder de La Libertad Avanza tendrá un impacto directo en Tucumán, donde -según empresarios- el 80% de las inversiones son solventadas por el Estado.
Un informe elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, al que tuvo acceso LA GACETA, detalla el estado de 98 expedientes relacionados a trabajos planificados para mejoras en distintas áreas, como infraestructura vial, recursos hídricos, establecimientos carcelarios y fortalecimiento energético, entre otras.
El “mapa de situación” recibido por la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo consigna que, de aquel total de proyectos, 39 figuran “en ejecución”, en grados de avance físico y financiero que van del 8% (como la red de colectoras cloacales y la planta de tratamiento de Simoca) a más del 95% (por ejemplo, el Centro de Desarrollo Infantil de Cevil Redondo y la restauración del Museo Timoteo Navarro).
Este es el grupo de obras cuyo futuro a corto plazo mayor preocupación genera en la cartera que encabeza el ministro Santiago Yanotti, ya que el origen de su financiamiento en la mayoría de los casos es el Gobierno nacional, y en caso de cesar el envío de recursos federales, la continuidad de los trabajos asoma improbable.
Una muestra de ello es la cárcel de Benjamín Paz, un proyecto emblemático para el jaldismo, puesto que las gestiones ante la Casa Rosada corrieron por cuenta del tranqueño cuando se desempeñó como gobernador interino (Juan Manzur ejercía como jefe de Gabinete de la Nación). El Ministerio de Seguridad de la Provincia apuesta por este nuevo complejo penitenciario para descomprimir la crisis carcelaria que arrastra Tucumán. Con un 48% de avance y una fecha de finalización prevista para abril de 2024, este expediente -que tuvo un monto original de adjudicación superior a los $5.900 millones- podría quedar en suspenso en caso de que el Gobierno de Milei concrete la decisión de eliminar la obra pública o buscar la intervención de inversores privados.
Idéntico escenario se presenta ante otros trabajos similares en el ámbito carcelario y de la seguridad, como las alcaidías de Delfín Gallo y de Las Talitas (con avances del 32% y del 13%, respectivamente) y las instalaciones del Comando IV de Gendarmería Nacional en Tucumán (con el 12% del trabajo concretado).
Finalizados
El informe del Ministerio de Obras Públicas de Tucumán también incluye un total de 13 expedientes que figuran como “finalizados”.
Todos estos proyectos fueron materializados a través de recursos federales, como los Centros de Desarrollo Infantil de Monteros, de Banda del Río Salí y de Burruyacu; y el puente de acceso a Trancas desde la ruta nacional 9 (en el tramo comprendido entre la intersección con la ruta provincial 347 y el límite con Salta).
Más de la mitad de los trabajos consignados como concluidos corresponden a obras de agua financiadas a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), con inversiones en departamentos de interior como Graneros, Burruyacu y Famaillá.
Si bien se detallan proyectos solventados por el erario provincial con alto grado de ejecución -como la reconstrucción de alcantarillas de hormigón armado para la ruta provincial 324, con un 91% de los $101 millones previstos ya aplicados-, todas las obras finalizadas corrieron por cuenta de convenios nacionales. Ahora, con el Presupuesto 2024 bajo debate en el ámbito de la Legislatura, la Casa de Gobierno afrontará el desafío de tratar de concluir esas tareas, en un contexto en el que se prevé alta inflación y con anuncios de caídas en los fondos coparticipables asignados a los 24 distritos del país.
De hecho, 10 gobernadores justicialistas -entre ellos, Jaldo- ya tuvieron una reunión con Guillermo Francos, quien asumirá como ministro del Interior de Milei, para abordar la situación financiera de cada jurisdicción, y también la cuestión de la obra pública. "Tenemos que buscar la forma de encontrar acuerdos en eso; cuáles son las obras que están en curso, las que pueden continuar, las que por ahí no se pueden hacer en este momento y se pueden hacer más adelante", señaló Francos a la prensa tras el encuentro con los mandatarios.
Sin avances
Más complicado aún asoma el horizonte para los expedientes con contratos que ya fueron licitados o adjudicados, pero registran un bajo o nulo grado de avance.
Por caso, la obra de repavimentación de la ruta provincial 307 (“Tramo II: El Infiernillo-Ampimpa”) depende de los fondos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para su concreción. Con un presupuesto original de $5.280 millones y el 15% desembolsado, no será fácil que esté lista para el 10 de mayo de 2024, como estaba previsto.
El escenario parece más sombrío para el “Tramo III: Ampimpa-Amaicha del Valle” de esa carretera, puesto que la obra figura como “neutralizada”, con casi el 37% de ejecución de los trabajos financiados a través de la DNV.
También se encuentran bajo esa categoría (“neutralizados”) los proyectos de provisión de gas natural de San Andrés y la ampliación del gasoducto y de redes en las localidades de Choromoro y Benjamín Paz, aunque con 0% de avance.
Además, otros trámites administrativos están en una fase inicial, como la ampliación de la estación transformadora de Lules (en proceso de adjudicación) y la planta depuradora de líquidos cloacales de Aguilares (adjudicada y con financiamiento del BID), por lo que todavía no comenzaron a ser ejecutadas en el territorio, según el informe. Así, resta ver cómo impactan las medidas del nuevo Gobierno nacional también en estas obras.
Dichos y expectativas
“La obra pública se termina. No tenemos plata”, expresó Milei, ya como presidente electo, y sus dichos encendieron el alerta entre el sector de la construcción.
Más allá de esta postura, en el Gobierno provincial apuntan a darle continuidad a estas inversiones, aunque el horizonte no sea el más alentador.
“Después de que asuman (las nuevas autoridades), nos vamos a ir a instalar a Buenos Aires para ver las condiciones y planes que tienen. Estamos trabajando con otros colaboradores de Milei. Necesito saber cuáles son sus ideas: si vamos a ir a una pista de hielo, para usar patines o si vamos a jugar al fútbol para llevar botines”, graficó el ministro Yanotti en una entrevista reciente con LG Play.
En esa línea, remarcó que "la instrucción del gobernador Jaldo es que la obra seguirá" en el próximo período. "De hecho, (el titular del PE) hizo un importante reacomodamiento del Presupuesto para garantizar que se pueda seguir con obras que son necesarias. Impactan en mano de obra, en el sector privado, en los corralones. Gran parte de los trabajos generan y producen. Vamos a esperar a que asuman el Presidente y sus funcionarios y vamos a ver cuáles son las condiciones y planes que tienen y hasta dónde Tucumán puede adaptarse. Independientemente de lo que el Gobierno nacional pueda definir, hay una clara decisión de mantener el ritmo. Se me encomendó que las reparticiones estén en la calle trabajando", sostuvo el ministro.
A finales de noviembre, el propio Jaldo había expresado su postura sobre los dichos de Milei. "La Nación tendrá que analizar obra por obra, considerando su importancia y los servicios que brindan. No se puede desentender", había dicho el gobernador tras el anuncio del presidente electo.
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