Por Bárbara Nieva
15 Diciembre 2023
ARCHIVO FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
El “Protocolo de Orden Público” anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue mal visto por las principales organizaciones sociales de Tucumán. Criticaron la “ilegalidad” del listado de medidas y apelaron a que esto no influirá en su voluntad manifestante.
Los puntos de la metodología antipiquetes contemplan, entre otras cosas, que las cuatro fuerzas federales intervengan frente a cortes, piquetes y bloqueos y que dicha fuerza será graduada de acuerdo a la resistencia.
Daniel Blanco, dirigente de Política Obrera (PO), asegura que la funcionaria “se coloca fuera de la ley”, y explica: “Llega a plantear que las fuerzas represivas deberían actuar en los puntos de concentración y de origen, o sea, en distritos que no les corresponden a las fuerzas federales”.
Y añade: “Cada Estado provincial tiene su reglamentación, sus organismos de disuasión; todo eso se pasa por encima (con las medidas) y constituye una ilegalidad porque violenta anticipadamente la autonomía de las provincias”.
Además de considerar que la medida “violenta todo lo que está legislado”, Blanco sostiene que “el pueblo tiene que reflexionar, sacar conclusiones y, desde el punto de vista de las organizaciones que defienden los derechos humanos, actuar de manera unitaria”.
Situación de emergencia
El protocolo también contempla que los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente; y que se alertará sobre daños ambientales durante las manifestaciones.
“Si no se puede protestar, reunir ni reclamar estamos efectivamente en una situación de emergencia para la mayoría del pueblo trabajador. Si no hay solución a las demandas que le permite a la gente sobrevivir, va a haber protesta”, aseveró el dirigente.
Por otro lado, Blanco plantea que “este tipo de posturas atienden al hecho de que, días antes, el ministro (de Economía, Luis) Caputo decretó esa devaluación que es el punto de partida de una escalada devaluatoria que va a seguir y que pulveriza las jubilaciones, la asistencia social y el salario del conjunto de los trabajadores”.
El anuncio de Bullrich desarrolla que, por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones sociales o individuos responsables.
Además, se advierte que en el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente y se sancionará a aquellos que lleven consigo a menores que, en lugar de estar en la escuela, estén en un piquete.
“Se tendrá más cuidado”
Santiago Camuña, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), asegura que rechazan el plan porque “va en contra de los derechos de los ciudadanos”. “No pueden avanzar con su lógica de ajuste brutal sin esperar que la gente no quede intranquila. Amenazar, infringir miedo… Quieren instalar algo que es ilegal”, manifiesta.
Indica que esto no cambiará la voluntad manifestante de las organizaciones. “No estamos haciendo nada fuera de la ley; reclamar y organizarnos por nuestros derechos no es ilegal, así que no vamos a tomar una actitud en particular”, señala.
Camuña advierte que “se tendrá más cuidado”, pero que “la represión que anuncian debería ser repudiada por todos los sectores”. Establece que si bien “hay gente que se preocupa” por las “amenazas” del Gobierno nacional, “históricamente, no pueden pretender que se queden en su casa; eso no pasa nunca”.
“En democracia no se pueden permitir este tipo de cosas. No vamos a dejar que esto sea una herramienta de miedo, como intentan imponer”, dice.
La intención de los manifestantes es, entonces, continuar reclamando en las calles. “Lo que buscamos no es hacernos reprimir ni buscar conflicto, pero estamos dispuestos a seguir luchando por nuestros derechos”, asegura Camuña.
Críticas por el ajuste
Por su parte, Alejandra Arreguez, referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) apunta a que “no es la primera vez que se toma una medida así”, y menciona como ejemplos el inicio de la gestión del ex presidente Mauricio Macri y los antecedentes del gobierno de Jujuy, a cargo de Gerardo Morales.
“Es imposible evitar las manifestaciones sociales cuando estamos en pleno crecimiento de la pobreza, de la desocupación y de la precarización laboral. Todas las medidas que anunció Caputo se rematan con este anuncio”, desarrolla.
La dirigente apunta a que las consecuencias de las órdenes de Gobierno en la economía recaerán “sobre los sectores populares, los trabajadores y sobre la clase obrera”. En este sentido, reafirma el compromiso de “acompañar cada uno de los reclamos, como sucedió durante la campaña”.
Y sigue: “Vamos a seguir acompañando a cada trabajador que se organice. Hay compañeros desahuciados que están cayendo en la indigencia; tienen que saber que cuentan con el apoyo del Frente de Izquierda”.
Además, propuso una coordinación de fuerzas de distintos sectores “para enfrentar un ataque que es contra los sectores populares y no contra la casta ni la política, como decía (el presidente Javier) Milei en su campaña”.
Lo más popular
