Estafadores habrían recurrido a amenazas de bomba para evitar los reclamos de las víctimas

Por primera vez se encontró un nexo entre las amenazas de bomba que proliferaron en la provincia durante el segundo semestre del año y otro tipo de delito. Hasta el momento, la mayoría de los casos apuntaba a empleados o estudiantes de las instituciones afectadas con estas falsas alarmas, pero en los últimos meses surgieron evidencias de que en algunos casos las amenazas fueron efectuadas por personas ajenas a los establecimientos que habrían perseguido otro tipo de intereses.

Ayer la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad, a cargo de Carlos Saltor, imputó a dos hombres que habrían realizado amenazas de bomba en una sucursal del banco Macro y en una de La Caja Popular de Ahorros. Los acusados Martín Luciano Moyano Bernachi y Alberto Moyano habrían cometido estos hechos para evitar los reclamos de personas a las que habrían perjudicado con estafas piramidales.

Los Moyano fueron detenidos el sábado, en el parque 9 de Julio, cerca del club Lawn Tennis. Ayer se llevó a cabo la audiencia judicial por el caso, en el que se los imputó por intimidación pública reiterada y, si bien se les enrostraron tres casos, la investigación sigue abierta para determinar si no estuvieron implicados en más casos.

Las estafas

Según la acusación que formularon Saltor y la auxiliar fiscal Jessie Luz García, los acusados les ofrecían a las víctimas la posibilidad de acceder a supuestos subsidios. Crearon un grupo de Whatsapp en los cuales les solicitaban $ 15.000 para arbitrar los trámites bancarios y luego les pedían que sumaran a más personas al grupo porque –según decían- había vacantes para más beneficiarios, creando así una estructura piramidal. Así fueron cobrando por la inexistente gestoría.

Con el tiempo comenzaron los reclamos de los damnificados y las amenazas de bomba de presentaron como una herramienta que los acusados habrían empleado para evadir las confrontaciones. “Citaban a las víctimas prometiendo la devolución del dinero invertido, momento en el que realizaban las llamadas de amenazas, en las que señalaban que sus víctimas eran las que llevaban los explosivos. Consideramos que trabajaban de manera conjunta y que podrían estar involucrados en la comisión de estafas de tipo piramidal”, sostuvo Saltor durante la acusación. El fiscal agregó que estos hechos ocurrieron en horarios picos y en sectores muy concurridos del centro “lo que es sumamente grave, porque infundieron temor, causando caos en la zona, provocando la intervención policial y la evacuación de muchas personas”.

Llamados al 911

La primera falsa alarma se registró el 12 de octubre, a las 10.25. Según la acusación en ese momento Moyano Bernachi y Moyano llamaron de manera conjunta al Servicio de Emergencias 911, diciendo: “la Caja Popular de Ahorros de esquina norte va a volar en pedacitos”, manifestando que había dispositivos explosivos colocados en el edificio de Juan B. Justo y Gobernador del Campo.

Cinco días después, el día 17 de octubre, a las 16.06, los Moyano llamaron al Servicio de Emergencia 911 manifestando que había una bomba instalada en una sucursal del banco Macro de calle Maipú primera cuadra. “Va a ser el primero que va a explotar esta vuelta”, quedó registrado en la llamada.

El tercer caso ocurrió el 20 de diciembre, a las 11.48, los acusados se comunicaron nuevamente al Servicio de Emergencias 911 poniendo de manifiesto que en la noche se habrían instalado bombas en el Banco Macro de la Maipú 70. “Diez personas más que entren y explota todo”, amenazaron.

La denuncia y colaboración en la investigación de uno de los estafados fue clave para dar con los sospechosos. La Fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva para los Moyano, término en el que se establecería si estuvieron implicados o no en más hechos; la jueza Valeria Mibelli dio lugar al pedido pero por 45 días con el fin de que se aceleren las pericias.

Puntos claves

1). Dos hombres son acusados de haber ofrecido falsos subsidios. Mediante un grupo de Whatsapp, cobraban $ 15.000 a los miembros para la gestión del trámite.

2). Ante los reclamos, citaban a las víctimas a un banco, luego hacían una falsa amenaza de bomba y advertían que ciertas personas (los estafados) tenían explosivos

3). Hasta el momento se vincula a los acusados en tres casos: dos falsas alarmas ocurridas en una sucursal del banco Macro y otra en una de la Caja Popular.

Un caso que va a juicio

No es la primera vez en este tipo de casos que el foco de la búsqueda de un móvil se aleja del simple deseo de un estudiante que intenta suspender las clases, o de un empleado que pretende salir temprano del trabajo.

Uno de los casos más llamativos se dio el 23 de octubre, cuando la misma unidad fiscal imputó al policía Matteo Santiago Galván por una amenaza de bomba efectuada el 28 de julio en la secretaría de Trabajo (Crisóstomo Álvarez al 100). Según se planteó en ese momento, el acusado no tenía relación con esa institución, pero estaba asignado a la prevención del delito en ese sector de la ciudad. En esa audiencia también se adelantó que podría haber realizado otras falsas alarmas y días después lo imputaron por un caso registrado en la escuela Sarmiento. La semana pasada el caso fue elevado a juicio, pero exclusivamente por la amenaza que sufrió la secretaría de Trabajo; el fiscal Saltor adelantó que solicitará una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo para el acusado.