Por Álvaro José Aurane
05 Enero 2024
De los 24 distritos que componen la Argentina, Tucumán está penúltima en lo referido a inversiones para la obra pública en el período 2016-2022. El desdoroso ranking consta en un informe elaborado por la organización no gubernamental IPEC (Iniciativa para el Pensamiento Colectivo), una verdadera usina de políticas públicas que conduce el economista tucumano Pablo Pero. La periodista Carolina Servetto público sus conclusiones centrales durante el primer día de este año en LAGACETA.com.
El detalle explicita que no es una cuestión de regiones, sino estrictamente de decisiones políticas. Primero figura San Luis, en Cuyo, que destinó el 37% de sus fondos públicos para trabajos públicos. Después aparece Santiago del Estero (NOA), con el 32,8%. Terceras están San Juan (Cuyo) y Formosa (NEA), con el 20% cada una. Al fondo de la tabla yace Santa Cruz, con el 2,4%. Y apenas por encima se ubica nuestra provincia, que usó tan sólo el 5,7% de sus presupuestos para obras perdurables.
La evaluación del IPEC se basa en información oficial y pública. Consultado para esta columna, Pero explica que tomó las ejecuciones presupuestarias de cada uno de los siete años que abarca el ciclo que ha estudiado, publicadas online por la Contaduría General de la Provincia, y comparó lo ejecutado en concepto de “Bienes de Capital” respecto del “Gasto Total”. De allí surge la nula prioridad que los gobiernos provinciales vienen dándole al gasto en bienes durables.
Una manera reveladora de reparar en esta desinversión sistemática en el bienestar de los comprovincianos consiste en cuantificar cuánto dinero gastó el Estado tucumano entre 2016 y 2022.
· El Presupuesto General de la Provincia para 2016 fue de 42.173 millones de pesos. Fue promulgada como Ley 8.828 el 20 de octubre de 2015. Ese día, según el Banco Central, el dólar cotizaba a 9.50 pesos. Es decir, la partida fue de 4.496 millones de dólares.
· El 2 de septiembre de 2016, mediante la Ley 8.907, el monto fue ampliado en 3.310 millones de pesos. Con el dólar a 14,99 pesos. La suba de recursos fue de 221 millones de dólares.
· El Presupuesto 2017 fue 54.670 millones de pesos. La Ley 8949 se promulgó el 26 de diciembre de 2016, con el dólar a 15,54 pesos. Es decir, fueron 3.518 millones de dólares.
· A ello hay que sumar la ampliación presupuestaria de 2.800 millones de pesos a través de la Ley 9.055, promulgada el 27 de octubre de 2017. Don el dólar a 17,62, representó un agregado de 159 millones de dólares.
· El Presupuesto 2018 trepó a 67.500 millones de pesos. La Ley 9.064 se promulgó el 20 de diciembre de 2017, con el dólar a 17,76. Léase, fueron 3.800 millones de dólares.
· También hubo ampliación presupuestaria, el 5 de octubre de 2018, mediante la Ley 9.125. Se aumentó la partida en 9.170 millones de pesos, con el dólar a 37,84. Equivale a 242 millones de dólares.
· El Presupuesto 2019 alcanzó los 96.363 millones pesos (Ley 9.138, del 11 de diciembre de 2018). El dólar cotizó entonces 37,81 pesos. O sea, fueron 2.549 millones de dólares.
· La cifra se incrementó el 20 de agosto de 2019 (Ley 9.180) en 25.000 millones de pesos, con el dólar a 54,75. Es decir, 457 millones de dólares más.
· El Presupuesto 2020 ya tuvo seis cifras de arranque: 156.214 millones de pesos (Ley 9.213, del 20 de diciembre de 2019). Con el dólar a 59,81 pesos, totalizó 2.612 millones de dólares.
· El Presupuesto 2021 gozó de 215.000 millones de pesos. La Ley 9.369 fue promulgada el 30 de diciembre de 2020, con el dólar a 84,15. Representó 2.555 millones de dólares.
· El Presupuesto 2022 llegó a 353.000 millones de pesos (Ley 9.474, del 20 de diciembre de 2021). Con el dólar a 102,13 pesos, fueron 3.456 millones de dólares.
· Hubo ampliación presupuestaria ese año: 65.000 millones (Ley 9.590), el 26 de septiembre de 2002. Con el dólar a 146,26, fue un incremento de 444 millones de dólares.
El resultado de este repaso arroja que, entre 2016 y 2022, el Gobierno gastó 24.509 millones de dólares en la administración del Estado. Para obras públicas que puedan seguir siendo aprovechadas por los tucumanos apenas se destinaron apenas 1.397 millones de dólares.
Lo mucho y lo poco
A esa conclusión matemática sigue un corolario político: esta provincia ha tenido, hasta el momento, gobiernos que diseñan presupuestos para ganar elecciones, no para solucionar los problemas de los tucumanos. Las mismas leyes de Presupuestos citadas lo prueban. En 2016, la planta permanente de la administración pública era de 81.152 agentes. En 2022 ya ascendía a 95.384 empleados.
El contraste más marcado se remonta a 1999, el año en el que, con Julio Miranda, comienza el ciclo ininterrumpido de gobiernos peronistas en la provincia. Ese año (con una partida de 1.157 millones de pesos, con el dólar “1 a 1”), la planta permanente era de 44.385 estatales (Ley 6.979). Es decir, al final del alperovichismo prácticamente se había duplicado la cantidad de personal (el citado Presupuesto 2016 se aprueba nueve días antes de que expire el tercer mandato de José Alperovich).
El Presupuesto 2023 (Ley 9.735), de 788.000 millones de pesos, ya tiene una planta permanente de 99.934 personas. (El presupuesto 2024, aprobado en diciembre pasado por 1,6 billón de pesos, no aumenta significativamente esa cifra de estatales, dado que la ubica en 100.333 estatales)
En definitiva, en las seis gobernaciones justicialistas que se sucedieron entre 1999 y 2023, el personal del Estado aumentó el 125%. A todas luces, un caso galopante de empleomanía. Por cierto, para todas las escalas salariales y en todas las clases sociales. Desde la última hasta la primerísima.
Lo expreso y lo tácito
Las cifras comprueban de manera expresa la experiencia local de gobiernos que han diseñado Presupuestos para ganar comicios antes que para atender los problemas de los tucumanos. Por caso, hubo un año en que Tucumán ocupó el último lugar entre los 24 distritos argentinos en materia de desinversión en obra pública: fue el electoralísimo 2019. El propio Pero, en este diario, advirtió esa vez que todo lo destinado para bienes durables había sido de apenas el 2.5% de la partida general de gastos. Las prioridades estaban en el bienestar del proyecto político, no de los ciudadanos.
Pero también hay una comprobación tácita del criterio meramente electoralista en el diseño de los programas de ingresos y erogaciones de esta tierra. Está, precisamente, en todo lo que no está.
El Cadillal da testimonio de ello. LA GACETA reveló hace un año un informe de Defensa Civil de la Provincia que daba cuenta de que, en 2022, se habían detectado asentamientos de 70 milímetros en la presa N° 3. Lo admisible son 2 milímetros por año. El agravante es que no se trataba de un fenómeno, sino de un proceso: en 2021 ya se había alertado de un asentamiento de 35 milímetros. Pero la provisión de agua potable para la Capital no era una prioridad antes de la alarma.
Las rutas son otro indicador escandaloso. Siendo la provincia más pequeña, Tucumán debiera tener caminos espléndidos. Ocurre, sin embargo, todo lo contrario. Tal y como recuerda Servetto, la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) documentó con videos los puentes y los tramos intransitables en las trazas de las rutas 321, 327 y 302. La preocupación de Apronor, por cierto, no era turística, sino centrada en los caminos de la producción.
Ni hablar de la prometidísima autopista entre San Miguel de Tucumán y Termas de Río Hondo. Del lado santiagueño se ven las avanzadas tareas en esa traza de 65 kilómetros entre la “Madre de Ciudades” y su ciudad turística. El último presupuesto actualizado para esa obra fue de 13.000 millones de pesos. Para el caso tucumano se anunciaron tres tramos. El primero es en territorio santiagueño: son los 17 kilómetros entre el peaje de la ruta 9 y la ciudad termal. Del segundo, entre el peaje y el acceso a San Andrés, en el gran San Miguel, ni siquiera se aprobó el proyecto.
El tercero consta de 3 kilómetros entre San Andrés y la circunvalación de la Capital. Ni siquiera eso pudo terminarse. Da la impresión de que con los 24.509 millones de dólares administrados entre 2016 y 2022 alcanzaba para ese pedacito de asfalto. Pero, de nuevo, las prioridades fueron otras.
Lo que hubo y lo que no hay
Que las prioridades estaban puestas en ganar elecciones y no en solucionar los problemas fue dejado en claro hace poco más de una década en Casa de Gobierno. Algo hay que reconocerles a los gobiernos del PJ tucumano: no les importaba el bienestar general, pero eran sinceros.
El 19 de agosto de 2010, Alperovich reunió a los 93 comisionados rurales para anunciar inversiones en las comunas. “Hay que empezar los trabajos de inmediato, para que en estos tres o cuatro meses quedemos en buena posición para iniciar 2011 con el armado político”, les dijo, según cronicó este diario. “Como estamos próximos a una elección, quiero darle un impulso a las obras públicas”, subrayó. “Tienen que ser las que más nos convengan: las de mayor impacto político”, concluyó.
El resultado de esa lógica es que todas las provincias del NOA crecieron en infraestructura a la vez que mejoraron la que ya tenían. Tucumán, en cambio, sólo vivió el deterioro y la decadencia.
Más acá en el tiempo, el 19 de septiembre pasado, la anterior Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo a ampliar el Presupuesto 2023 (788.000 millones de pesos en el origen) en 305.000 millones. Un incremento del 38%. El 100% fue para “Erogaciones corrientes”. El oficialismo explicó que el 65% sería para “sueldos”. Ni un solo peso para “Gastos de Capital”. Ni un centavo para obras públicas.
Ahora que en la Nación gobierna un proyecto político cuyo lema es “No hay plata”, la desinversión en obra pública para Tucumán cuando sí había plata es una oportunidad histórica dilapidada. Que seguirá pagándose con atraso y postración.
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