07 Enero 2024
Antes de dar a conocer el megadecreto de necesidad y de urgencia, y, desde luego, antes de enviar al Congreso el proyecto de ley “ómnibus”, el presidente Javier Milei hizo lo mismo que sus dos antecesores inmediatos, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y solicitó los pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales de la Nación que estaban pendientes de aprobación en el Senado. Se trata de 62 nombres que volvieron al Poder Ejecutivo para su revisión y eventual reemplazo por otros integrantes de la terna. En 2019, Fernández dio de baja 198 designaciones mientras que Macri había pedido 31 nombramientos. Como se advierte, se trata de una práctica instalada en la Argentina: Presidente que llega, lo primero que hace es asegurarse de que a los senadores no se les ocurra prestar acuerdo a pliegos escogidos por la administración anterior.
Por supuesto que este celo por elegir a los futuros integrantes de la magistratura suele ser justificado por el “temor” de falta de independencia o la adhesión política atribuidos a las designaciones de los ex mandatarios. Ningún Poder Ejecutivo de la Nación ha admitido para el retiro de los pliegos otras motivaciones que la de garantizar la imparcialidad y la idoneidad de los candidatos escogidos, pero si hay algo que se sabe de sobra en la Argentina es que los concursos públicos de antecedentes y de oposición instaurados en la reforma constitucional de 1994 no han logrado erradicar la inclinación de los gobiernos a procurarse una Justicia a medida, que sea manipulable y mire hacia el costado cuando le toque poner límites.
El catálogo de artimañas creado desde la implementación de los concursos para partidizar políticamente a la judicatura ha debilitado de forma sistemática la imagen de los Tribunales de la Nación. Quizá la más nociva de estas prácticas defraudatorias de la expectativa de profesionalización haya sido la decisión deliberada de demorar lo máximo posible la cobertura de los cargos vacantes. Valiéndose de la inexistencia de plazos para remitir los pliegos y cumplir el trámite del acuerdo, tanto el Gobierno como el Senado han institucionalizado la dilación hasta límites exasperantes. A eso se sumó la mora del Consejo de la Magistratura de la Nación, otro organismo notablemente desequilibrado por las luchas de poder.
La postergación sin límite de las acefalías configuró una Justicia todavía más lenta, y dependiente de un número reducido de jueces y de las siempre deficitarias subrogancias. Es así que más de un tercio de los 1.000 puestos de la Justicia Nacional y Federal están vacantes (el número no incluye a las fiscalías y defensorías oficiales carentes de titular). Además, la jefatura del Ministerio Público Fiscal de la Nación permanece en manos de un interino como Eduardo Casal desde hace siete años y la Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona con cuatro miembros varones desde 2021, cuando Elena Highton se acogió a la jubilación. El ex presidente Fernández concluyó su mandato con el récord triste de no haber conseguido apoyo en el Senado para cubrir las vacancias de la cúpula judicial. Antes de marcharse, el ex jefe de Estado intentó otra proeza: nombrar jueces por fuera de la terna vinculante confeccionada por el Consejo de la Magistratura.
Las vacancias, que se traducen en un acceso a la justicia mediocre o de mala calidad, forman parte de la “peor herencia de la historia” que recibió Milei, quien para revertir la situación está más obligado a hacer alianzas en la Cámara Alta que los presidentes anteriores. La pregunta es si pondrá en ello el mismo empeño que para desregular la economía y, por ejemplo, adoptará la sana costumbre de enviar al Senado a quien encabece la terna respectiva, un “atarse las manos” que restringe la discrecionalidad remanente y la tentación de favorecer a los concursantes más afines al Gobierno. Lo que no puede seguir pasando es que llenar las vacantes sea considerado en los hechos algo “optativo”, o sujeto al “toma y daca”, y no una obligación constitucional. Si la política quiere aliviar de algún modo a la castigada sociedad argentina, tiene a su alcance “la revolución posible” consistente en nombrar a los jueces necesarios para que la Justicia deje de llegar a destiempo.
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