05 Abril 2026
Con maquillaje renovado, el Legislador Gerónimo Vargas Aignasse retoma el debate sobre el juicio de YPF; pero vuelve a omitir lo esencial, a saber: a) el gravoso costo que este entuerto provocó a la calificación de la Argentina como receptor de inversiones extranjeras; b) la ominosa trama de corrupción presente en el ingreso del Grupo Petersen (léase Eskenazi) al capital accionario de YPF en tiempos de Néstor Kirchner, calificado por voces más autorizadas que la mía como el “mayor desfalco de la historia moderna Argen-tina”. Sobre esto, guarda silencio. Como se dice en el barrio: el que calla otorga.
Sin dudas que no es este un espacio para protagonizar un debate de filosofía o dogmática jurídicas en torno al derecho público y privado argentinos, a su aplicación por tribunales extranjeros, y a las probabilidades procesales de que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York sea “dada vuelta” en una instancia superior de revisión (evalúo que pocas). Pero más importante que eso, no es necesaria esa discusión académica para dejar a la vista que el barniz jurídico que propone Vargas Aignasse es, como a lo largo de todo este diálogo por medio de La Gaceta, un intento por lograr que “el árbol tape el bosque”.
Quédese tranquilo, legislador. No estoy confundido; mucho menos, incómodo. Tampoco pretendo una discusión entre abogados; solo intento exponer lo que usted calla cuando propone su “análisis jurídico”. Entendí bien lo qué dijo la sentencia extranjera y lo reitero con palabras claras, sin maquillaje: Argentina no ganó porque haya tenido la razón, sino porque el tribunal consideró que el reclamo en su contra se canalizó por una vía inadecuada (a right without a remedy). No soy yo quien deja al desnudo el relato partidario que usted viene ensayando; es el propio fallo cuando dice: “…nos enfrentamos ahora a la estrecha cuestión jurídica de si la acción elegida por las Actoras y el remedio que persiguen frente a las acciones de la República están permitidos bajo el derecho argentino. No obstante la violación consciente y flagrante por parte de la República de las promesas que hizo a los inversores extranjeros, la respuesta a esa pregunta es negativa. Pero en la medida en que la República cometió un agravio contra los accionistas que prometió proteger, el derecho argentino no dejó a los accionistas minoritarios de YPF sin remedio alguno —las Actoras podrían haber buscado, y de hecho otros accionistas buscaron, hacer cumplir las protecciones del Estatuto en tribunales argentinos a través de acciones reconocidas bajo el derecho argentino…”.
Estimado Legislador: no actuó bien el gobierno argentino al nacionalizar YPF del modo en que lo hizo. Hasta aquí venimos “zafando” de tener que pagar una indemnización equivalente a la mitad de un presupuesto nacional anual (16.100 millones de dólares más intereses). Usted lo sabe bien.
Como ciudadano, de nuevo, abogo para que este tipo de episodios no se repita y para que la corrupción que lo acompañó se investigue y condene.
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