Industria sucroalcoholera: “No queremos otro 1966, con cierre masivo de ingenios”

La tensión se observaba apenas arrancó la cumbre. En la previa, realizada en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, los representantes de las provincias productoras de azúcary de Biocombustibles habían cerrado fila para una defensa firma de las economías regionales. Con el paso de los minutos, esa sensación fue diluyéndose. Había comprensión en el otro lado del mostrador. Guillermo Francos, el ministro del Interior de la gestión presidencial de Javier Milei, fue claro. “Nos preocupa la cuestión y se harán las aclaraciones que haya que hacer”, reconoció el ministro nacional. Junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, Fernando Vilella; al secretario de Interior, Lisandro Catalán; y al subsecretario de Combustibles e Hidrocarburos, Luis de Ridder; Francos indicó que, durante el encuentro, pudieron “clarificarse algunos temas que se habían comprendido mal del proyecto de Ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ con relación al corte de bioetanol y de biodiesel, que tienen un fuerte impacto en la actividad de pequeñas y medianas empresas en cada distrito”.

“No queremos otro 1966, un escenario de cierre masivo de ingenios como pasó aquel año y que tuvo consecuencias sociales catastróficas que aún se ven en el conurbano bonaerense, donde tuvieron que emigrar cientos de tucumanos”, recordó el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, que representó a Tucumán junto con su par de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti.

“Hay que evitar una tragedia social. En aquel momento se cerraron 11 establecimientos; hoy, con los cambios propuestos en la Ley Ómnibus, está en juego el futuro de 19 ingenios y de 16 destilerías, más miles de puestos de trabajo”, continuó Abad.

“Clarificamos que el porcentaje de corte de biocombustibles establecido en el proyecto Ley es un piso que no va a reducirse y acordamos seguir conversando y analizando estos temas, que tienen impacto en las economías regionales de cada provincia”, manifestó el ministro del Interior en un claro reconocimiento de que esa cuestión golpeará con fuerza a las economías regionales. La inquietud tucumana, sin embargo, persiste, porque hasta ahora no hay señales claras respecto de la posible importación de azúcar, tras la decisión de avanzar con al derogación de la Ley 25.715, que protege a la actividad de potencias como Brasil (cuenta con más de 300 ingenios en su territorio) y, en menor escala, Cuba. De todas maneras, el ministro de Economía y Producción tucumano reconoció que las provincias (acudieron representantes de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, pero ninguno de Salta) que fueron “escuchados con atención” por los funcionarios nacionales y que, a la vez, incluyan estos planteos en la agenda de debate para modificar algunos aspectos de la denominada Ley Ómnibus.

“La industria azucarera tiene mano de obra intensiva. Socialmente se están pagando las consecuencias de la crisis de 1966 y, de no modificarse ciertas posturas, la actual podría ser igual o peor”, insistió el ministro Abad. Además resaltó lo que considera una incongruencia fiscal. “Mientras el Gobierno busca denodadamente alcanzar el equilibrio fiscal, se avanza sobre una actividad como la azucarera que produce un valor agregado neto cercano a los U$S 600 millones. Entonces, todos los impuestos que dejaría de recaudar en el medio no contribuiría con aquella meta de equilibrio”, expuso el funcionario tucumano.

Abad dijo que es necesario abandonar aquella dicotomía histórica de plantear que se buscan supuestos beneficios directos al consumidor de azúcar atentando contra una economía regional. “Si llegara a entrar azúcar, por ejemplo, desde Brasil, eso constituiría una virtual desaparición de la industria azucarera argentina”, explicó sobre los motivos de la insistencia del planteo de modificar algunos aspectos de la Ley Ómnibus.

Si bien formalmente no se ha reconstituido lo que fue la Liga de Biocombustibles, en los hechos, las provincias productoras ya actúan de manera coordinada para defender esa producción, como así también las economías regionales. “Escucharon, atendieron y nos pidieron que trabajemos con algunas propuestas superadores o con mejoras. Entendieron los problemas”, manifestó el ministro Yanotti.

Más allá de las promesas de la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo, la Legislatura, los representantes tucumanos en el Congreso y los factores de la actividad están atentos para hacer que se cumplan y, así, defender al azúcar.