Fortalecer los controles sobre la asistencia social

La venta ilegal de mercadería adquirida por el Gobierno para ser destinada a personas en situación de vulnerabilidad encendió las luces de alerta en los tres poderes de la Provincia. Y, otra vez, expuso la importancia de fortalecer los controles sobre la asistencia social que brinda el Estado.

Este fin de semana, la Policía llevó adelante una serie de allanamientos en distintos barrios del Gran San Miguel de Tucumán, a partir de una denuncia formulada por el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, y de la investigación concretada por la División de Delitos Telemáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) que confirmó la operatoria irregular a través de las redes sociales.

En los operativos, fueron secuestrados 37 cajas de arvejas, 13 cajas de choclo, 276 cajas de puré y pulpa de tomate, 12 cajas de puré de tomate, 1.040 paquetes de fideos, 12 paquetes de harina, más de 210 kilos de yerba, 133 cajas de leche en polvo, 20 paquetes de azúcar, 200 paquetes más de fideos, 30 bolsas de cacao, 440 bolsas de arroz, 150 botellas de aceite y 560 paquetes de galletas.

Una de las hipótesis de los investigadores es que podría tratarse de alimentos no perecederos entregados a comedores barriales o escolares, donde se podría haber reducido el uso de los productos para generar un remanente, y así comercializar parte del stock provisto por el Estado en determinadas despensas de la Capital y del interior. La oferta de estos víveres quedó expuesta a través de las redes sociales. En los allanamientos, tres personas fueron aprehendidas y la Justicia avanzó con distintas evidencias en el marco de este expediente.

El ministro de Desarrollo Social explicó que, según las marcas y el número de serie de los productos, no hay dudas de que se trataba de alimentos que habían sido adquiridos por el Gobierno provincial en el último año. “Iremos hasta las últimas consecuencias”, indicó Masso. El gobernador, Osvaldo Jaldo, ratificó la decisión de avanzar en este caso “caiga quien caiga”. A su vez, en la Legislatura, la oposición formalizó pedidos de informe a través de las comisiones pertinentes para conocer detalles sobre los programas sociales destinados a la franja social más vulnerable.

En la actualidad se distribuyen alrededor de 800.000 kilos de productos alimenticios entre fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos para que estos, a su vez, los redistribuyan en los comedores comunitarios y barriales. Sólo en diciembre, Desarrollo Social había previsto una inversión que rondaba los $1.200 millones para atender las necesidades alimentarias de la población.

Tomando como referencia los últimos datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), se estima que en el Gran San Miguel de Tucumán, donde residen unas 920.000 personas, unos 411.000 habitantes se encontrarían en situación de pobreza (es decir, casi la mitad de los ciudadanos de la zona más poblada de la provincia). El incremento interanual alcanzaría los 13.000 casos. Si bien para conocer con certeza estos datos habrá que esperar a marzo -cuando se difundirán las cifras oficiales del Indec-, los números dan cuenta sobre la importancia que tiene cada uno de los alimentos adquiridos por el Estado para la población más vulnerable.

En un escenario de creciente inflación, con incrementos en los precios especialmente en los productos de primera necesidad, resulta importante la decisión del Gobierno de avanzar sin concesiones para identificar a los responsables por el caso de la mercadería destinada a comedores comunitarios. Además, será clave fortalecer los controles para evitar que se repitan operatorias de estas características en Tucumán.