Ley ómnibus: el Gobierno acepta hacer cambios y se aseguraría el apoyo opositor

En un acto de entendimiento, el oficialismo logró un principio de acuerdo con la oposición "dialoguista" tras incorporar correcciones esenciales al proyecto de ley ómnibus que se discute en la Cámara de Diputados. La aceptación de estos cambios, previamente establecidos como requisito por la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, allana el camino para el respaldo opositor al dictamen oficial, cuya votación está fijada para el jueves próximo.

Entre las enmiendas acordadas, destacan la reducción de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo de 2 a 1 año, con una mayor restricción de las emergencias declaradas. Además, se pactó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria vinculada al índice de inflación, o en su defecto, la postergación de este artículo para su discusión en una normativa separada.

Asimismo, se acordó la exclusión de YPF del listado de empresas públicas susceptibles de privatización, la eliminación de los derechos de exportación para las economías regionales, y la retirada de la reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción.

A pesar de la solicitud de la oposición de limitar el alcance de la iniciativa a los capítulos relacionados con la emergencia económica, el Gobierno se mantuvo firme en mantener cambios en áreas como Justicia, Educación, Cultura, Ciencia, Salud e incluso la eliminación de las PASO.

Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de la UCR, confirmó este pragmatismo en una rueda de prensa y describió la reunión como constructiva, resaltando la receptividad del gobierno a las objeciones planteadas.

Con este notable giro hacia la flexibilidad, el oficialismo encamina la negociación y podría obtener el respaldo de los bloques opositores más cercanos, incluyendo al PRO. El debate en las comisiones continuará la próxima semana, y se espera que el dictamen se firme antes de la sesión del jueves 25, un día después de la movilización del movimiento obrero y los movimientos sociales.

En palabras de De Loredo: "Nos trajeron un punteo de temas. Ahora estamos esperando que nos acerquen la redacción final del proyecto", subrayando la necesidad de revisar cuidadosamente los detalles antes de tomar una decisión definitiva.

Los principales cambios en el proyecto de "ley de Bases"

Delegaciones facultades: el Gobierno aceptó reducir de dos años (con posibilidad de otros dos años de prórroga) a un año. Se reducen las emergencias.
Fórmula de movilidad jubilatoria: la suspensión de la ley vigente sin un reemplazo como pretendía el menú quedó fuera del menú. Quedaron en pie dos opciones. La primera es introducir una nueva fórmula de movilidad indexada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que los haberes se actualicen según la inflación del mes anterior. La otra opción es directamente retirar el artículo sobre la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y postergar la discusión para más adelante, en una ley separada.
Retenciones: se mantiene el 33% de las retenciones a la soja, pero se reduce a cero los derechos de exportación a las economías regionales, que en el proyecto original se elevaban al 15%.
Privatizaciones: se mantiene el paquete de empresas públicas sujetas a privatización pero se quita de la nómina a YPF, que de esta forma continuará siendo una sociedad anónima de propiedad mixta con participación mayoritaria estatal. Se acordó que ante cualquier privatización, el Gobierno debe enviar el pliego con los términos y condiciones a una comisión bicameral del Congreso. Además de YPF, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal quieren impedir que se privaticen el Banco Nación, ARSAT, YMAD y Nucleoeléctrica.
Reforma electoral: se deja de lado la propuesta de uninominalidad de circunscripción cuya aplicación gravemente la representación de los partidos más chicos en la Cámara de Diputados. Se mantiene el sistema actual.