Ley ómnibus: el Gobierno nacional cede para alcanzar un acuerdo

La oposición analiza las modificaciones al proyecto.

ESPERANZADO. El presidente, Javier Milei, regresó al país y espera que la próxima semana Diputados apruebe el proyecto de “Ley Ómnibus”. na ESPERANZADO. El presidente, Javier Milei, regresó al país y espera que la próxima semana Diputados apruebe el proyecto de “Ley Ómnibus”. na

El presidente, Javier Milei, regresó al país tras su viaje a Davos, donde expuso en el Foro Económico Mundial, y se esperanza con la posibilidad de que el Congreso apruebe la ley ómnibus.

Este regreso se inscribe en un escenario de optimismo para La Libertad Avanza, ya que en las últimas horas del jueves, el oficialismo y la oposición “dialoguista” llegaron a un principio de acuerdo. Este entendimiento se materializó luego de aceptar modificaciones en los puntos más controvertidos del proyecto de ley ómnibus, abriendo así la posibilidad concreta de su aprobación la próxima semana en la Cámara baja.

Tras una semana de frenéticas negociaciones y amenazas del oficialismo de convocar a sesión sin contar con los votos de la oposición, finalmente “la política” entró en juego y encontró un punto de consenso con quienes, hace a penas días, se manifestaron reticentes a la propuesta del Gobierno.

Las buenas noticias fueron entregadas al despacho presidencial de Casa Rosada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, el joven estratega libertario, Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

A pesar de los avances notables en las negociaciones con el PRO, la UCR y el bloque Hacemos Coalición Federal, que aglutina resabios del macrismo, el peronismo no kirchnerista y la Coalición Cívica, los “aliados” manifestaron la necesidad de ver por escrito muchos de los cambios solicitados. Queda un largo trabajo para el Poder Ejecutivo en cuanto a los detalles específicos del proyecto. Aunque los principales operadores aseguran haber visto salir “humo blanco” de las chimeneas del Congreso, la consolidación de estos cambios aún depende de la materialización de los compromisos adquiridos.

Modificaciones

Las modificaciones propuestas abarcan transversalmente todo el proyecto, destacándose cambios significativos en la declaración de emergencias y la delegación de facultades al Ejecutivo. Un punto crucial, inicialmente controvertido, era la extensión de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo hasta el final del mandato presidencial. Sin embargo, en el nuevo texto, se reduce este periodo de dos a un año, con restricciones más estrictas en las emergencias declaradas.

Otras modificaciones clave incluyen la exclusión de YPF del listado de empresas públicas sujetas a privatización, la eliminación de la movilidad jubilatoria, y la propuesta de una nueva vinculada al índice de inflación, que podría discutirse en una norma aparte. Asimismo, se mantiene el 33% de las retenciones a la soja, pero se reduce a cero los derechos de exportación a las economías regionales, que en el proyecto original se elevaban al 15%.

En el ámbito electoral, se descarta la propuesta de uninominalidad de circunscripción, manteniendo el sistema actual. Además, se limita el alcance de la reorganización administrativa al sector público, excluyendo a entidades con participación concurrente minoritaria.

En el sector energético, se introducen clarificaciones en la regulación de hidrocarburos, estableciendo condiciones para la exportación y limitando las concesiones a plazos definidos. También se excluye a YPF de la lista de empresas a privatizar, con mayor control del Estado en caso de cierre de actividades de Nucleoeléctrica.

En el ámbito ambiental, se eliminan propuestas de modificación en la Ley de Quema y Bosques. Se aclaran aspectos relacionados con la transición energética, reconociendo la participación de las provincias en las mesas técnicas para asignación de derechos de emisión.

En educación, se establece un plazo de seis años para la autoevaluación de universidades, y mejoran los criterios para su financiamiento.

Se garantiza la preservación de recursos para Incaa, Inamu y Conabip. También se trasladan funciones del Instituto del Teatro a la Secretaría de Cultura, y se mantiene el Fondo Nacional de las Artes con límites en gastos internos.

La salud pública se excluye como capítulo independiente, y en defensa de la competencia, se ajustan sanciones y umbral para fusiones.

Actualmente, representantes del Ejecutivo finalizan el texto definitivo, que deberá ser aprobado por Milei antes de que sea presentado a la oposición durante el fin de semana.

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