Ley ómnibus: qué cambios implementarían para conseguir la aprobación del proyecto

El presidente Javier Milei está pendiente de las negociaciones con la oposición por la ley ómnibus. En el Gobierno están convencidos de que tienen los números para aprobar el proyecto, aunque los opositores deslizan que todavía hay algunos detalles a pulir. El martes, cuando se debata en comisión, será una jornada clave. Pero el día D sería el jueves, cuando esperan obtener media sanción.

Según publicó Infobae, las bancadas aliadas avisaron que apoyarían la iniciativa con los cambios prometidos. Pero deslizaron que aún hay “algunos puntos por rever”. En el Gobierno, en cambio, están confiados en que ya reunieron los votos suficientes, que hubo acuerdo y el respaldo está cerrado. 

El mencionado portal indicó que el plan de Milei y de algunos de sus colaboradores era debatir en comisión para sacar dictamen hoy mismo e ir al recinto el lunes. Pero esta mañana se impuso la realidad. El Congreso, admitieron, no puede funcionar sin los trabajadores legislativos, que se ocupan de cuestiones técnicas, vitales, y operan de lunes a viernes. Además, muchos diputados tienen compromisos en sus provincias durante el fin de semana y ya avisaron que no estaban dispuestos a suspenderlos para que el Gobierno obtuviera su ansiado primer triunfo político con mayor celeridad.

En la Casa Rosada no descartaron que el documento quede listo esta misma tarde y sea enviado por la noche al Congreso, para obtener un “ok” de las bancadas cercanas antes del lunes, y evitar “sorpresas” o “bravuconadas”, como deslizó un asesor de la órbita íntima del Presidente. En resumen, lo más probable es que los libertarios terminen de redactar entre el sábado y el domingo el “proyecto del dictamen”, como llaman a la contrapropuesta, la envíen al Congreso el lunes, se debata en comisión el martes, y se trate sobre tablas el jueves.

Qué cambios habría

Según Infobae, la fórmula de movilidad jubilatoria sigue siendo un misterio; las retenciones a las industrias de las economías regionales -en total son 35- se eliminarán, pero se mantendrán intactas las imposiciones tributarias a la soja y el trigo. Mientras que la reforma política se eliminaría por completo, y quedaría pendiente para tratamiento por separado, más adelante.

El Gobierno les propuso a los opositores, tras escuchar sus quejas por tres semanas, reducir el plazo de vigencia de la emergencia que había pedido Milei. Pasaría de cuatro años, a un año inicialmente, con otro prorrogable por el Poder Ejecutivo. Además, accedieron a eliminar la declaración de emergencia en las áreas de Defensa, Social y Sanitaria. Y en cuanto a la reorganización administrativa, limitaron el ámbito de aplicación al Sector Público establecido en el Artículo 8 de la ley 24.156, excluyendo a las entidades con participación concurrente minoritaria.

Por otro lado, establecieron como requisito para la liquidación de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por parte del Ejecutivo la obtención de un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.

En el ámbito de la pesca, dieron marcha atrás y mantendrán la obligación de desembarcar en Argentina, aclarando que el sistema de licitaciones no será internacional, y manteniendo los requisitos actuales en relación con la tripulación local. En el sector de hidrocarburos, introdujeron la inclusión de la aclaración “Nacional o Provincial, según corresponda”, como les habían demandado, para evitar dudas sobre las competencias de las provincias. Y eliminaron la mención a “empresas estatales” y la obligación de vender al “export parity”; entre otros puntos.

En el ámbito de los biocombustibles, fijaron un plazo de 18 años para que las mezclas con combustibles fósiles sean producidas en instalaciones en Argentina, utilizando materias primas nacionales. Además, se establecieron un régimen de porcentajes obligatorios en volumen y cronogramas específicos para biodiesel y bioetanol.

En cuanto a la reorganización económica, eliminaron el capítulo de la Ley de Sociedades e implementaron un régimen de regularización que limita el alcance a las personas que no hayan sido funcionarios en los últimos cinco años.

En el apartado de Seguridad Interior y Defensa, admitieron eliminar el artículo 31, que hacía referencia a la manifestación de tres personas, e incluyeron una pena en el Código Penal para bloqueos a comercio o industrias. Y en el área de Capital Humano aclararon que la participación de egresados de carreras técnicas y de grado como docentes será solo para secundario y nivel superior. Además, adaptaron el artículo 554 en base a las sugerencias de la oposición, y eliminaron el concepto de revalidación de capacidades.

Por último, eliminaron el capítulo de Salud Pública, y modificaron las sanciones en base a la ley de defensa de la competencia vigente: se estableció una barrera umbral para fusiones y se transformó el Tribunal de especialistas en una Comisión ad honorem.