El costo político que paga Jaldo para avalar la ley ómnibus

El costo político es demasiado alto, pero el gobernador, Osvaldo Jaldo, afirma que está dispuesto a pagarlo en la medida que eso implique sostener el esquema productivo de la provincia, que redunde en la conservación de los puestos de trabajo. El mandatario está dispuesto a avalar las modificaciones que el Gobierno nacional ha propuesto para “Las Bases”, más conocida como Ley Ómnibus. Eso implica la no vigencia del artículo 59, que promovía la derogación de la Ley del Azúcar, el arancel cero para el limón y sus derivados y los cambios parciales en la Ley de Biocombustibles, un proyecto que aún genera ruidos y malestar entre los industriales azucareros.

Jaldo sabe que no es lo óptimo, pero sí que garantiza, por un lado, la negociación que ha mantenido con la Nación, vía Ministerio del Interior, en defensa de las economías regionales, y, por el otro, la llave que abre paso a la restitución de fondos por la reversión del impuesto a las Ganancias. Esto puede garantizar un ingreso equivalente a dos planillas salariales mensuales (unos $ 120.000 millones anuales).

“Que los tucumanos se queden tranquilos. Cuando la patria está en peligro, hay que sacarse las diferencias partidarias y personales de encima. Y yo me las saqué. Por eso, voy a defender los intereses de la provincia, nos cueste lo que nos cueste; nuestros diputados van a votar por nuestras economías regionales y para que sigamos pagando los sueldos a los que trabajan en los hospitales, en las escuelas y nuestros policías sigan cobrando los sueldos”. Esas declaraciones las formuló al término de un acto en el Predio Ferial Tucumán Norte. Luego emprendió viaje a Buenos Aires, para acompañar a los parlamentarios que representan a la provincia en la previa a la firma del dictamen para llevar el plan de ajuste del presidente, Javier Milei, al recinto del Congreso. Agustín Fernández es el diputado que más expuesto queda, al ser el único tucumano que puede firmar el dictamen en su rol de miembro de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja. En principio, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla acompañarían la iniciativa. Distintos son los casos de Pablo Yedlin y de Carlos Cisneros, los otros integrantes tucumanos de Unión por la Patria, que ya expresaron sus reparos a la Ley Ómnibus.

Desde muy temprano, los industriales azucareros exteriorizaron su inquietud por la postura asumida por el gobernador. Consideraron que esa decisión no refleja el apoyo al documento que firmaron varias provincias productoras de bioetanol y biodiesel como Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Salta, en el que se rechaza la disminución del 6% y el tope de paridad de importación.

Hay un punto en el que los productores de bioetanol consideran clave: el referido al corte mínimo obligatorio del 12%, que quieren que se hagan con licitaciones separadas, de manera de asegurar la atención de las cantidades demandadas en cada período, una para el bioetanol de caña de azúcar y otra para el bioetanol de maíz. Los industriales creen que en el bioetanol elaborado en base a caña de azúcar debe tener 6 (seis) puntos porcentuales de la oferta y el elaborado en base a maíz 6 (seis) puntos porcentuales de esa oferta, “compitiendo en todos los casos, los elaboradores de cada segmento entre sí, siempre que tengan plantas fabriles habilitadas por la Autoridad de Aplicación”. La iniciativa de Milei no garantiza esa paridad, sino que le da más participación al maíz. En el Gobierno provincial consideran que eso está relacionado más a la falta de cumplimiento del cupo para exportación por parte de la industria durante los últimos tres años, más que a los efectos de la sequía. Además, ponen como ejemplo las gestiones que han encarado los citricultores para alcanzar el arancel cero para el limón y sus derivados. Los sucroalcoholeros creen que, de mantenerse el proyecto oficial, se pone en riesgo a toda la actividad, con una sobreoferta productiva y una eventual caída de precios.

El viaje de Jaldo a Buenos Aires tiene otras aristas que son preocupantes para los gobernadores. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió no extender la autorización que tenían los bancos provinciales a otorgarles créditos a los gobiernos locales, que en su amplia mayoría estaban destinados a financiar los desequilibrios de las cuentas de cada jurisdicción. No es un dato menor. Algunos mandatarios consideran que se trata de una presión que la Casa Rosada ejerce para que se apoye polémica Ley Ómnibus. Jaldo señala que no debe ser aplicado a Tucumán, que cumplió la palabra empeñada en un acuerdo para defender los intereses de la provincia. Para la mayoría de sus pares, esa disposición implicará la indisponibilidad de recursos para atender, por ejemplo, el pago de los sueldos.

Dura advertencia: revisarían las partidas a provincias

Ante la exigencia de los gobernadores aliados a que se reduzca a cero los derechos de exportación para productos del agro y la industria, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que, de no aprobarse la ley, el Gobierno revisará cada una de las partidas que transfiere o aporta a las diferentes provincias “sin tener ningún tipo de contemplación”.

“Si no votan la ley claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno nacional sino que se revisarán cada una de las partidas que hoy el Gobierno nacional transfiere al resto de las provincias”, afirmó el funcionario. La advertencia fue lanzada durante la reunión de gabinete que encabezó Javier Milei.