Por Gustavo Rodríguez
25 Enero 2024
ESPERA. Los efectivos en la puerta de una de las viviendas donde secuestraron mercadería de Desarrollo Social.
Los números plasmados en una planilla Excel pueden ser claves para avanzar en la pesquisa de la venta ilegal de mercadería de Desarrollo Social. En esa nómina aparecen identificadas las 73 organizaciones civiles y sociales que en diciembre retiraron los víveres correspondientes a ese mes. De ese número, casi el 30% no hizo la rendición del destino de los alimentos que recibieron.
El sistema funciona de esta manera. Los beneficiarios solicitan los módulos alimentarios (cada uno pesa ocho kilos) al Estado. Desarrollo Social, teniendo en cuenta el número de personas a las que aseguran asistir, les entrega una orden para que retiren la mercadería de la sede de la empresa Hacha de Piedra, que funciona en Alderetes y que es propiedad de un grupo empresario de Buenos Aires.
Diciembre fue un mes especial. El Gobierno decidió reforzar las partidas de víveres aumentándole un 50% más de lo que reciben mensualmente las organizaciones. En total, según la información a la que tuvo acceso LA GACETA, se repartieron más de 50.000 módulos alimentarios que son unos 400.000 kilos y por los que el Estado invirtió más de $ 320 millones.
Oficialmente se informó que reciben esta asistencia personas que solicitan ayuda de manera individual en Desarrollo Social y que sólo pueden retirar dos módulos por mes (16 kilos). Mientras que organizaciones civiles y sociales, comunas, municipios y ahora trascendió que también lo hacen entidades gremiales (el Sindicato de Ladrilleros es uno de ellos) también tienen la posibilidad de recibir mercaderías si cumplen con todos los requisitos.
Informe
Sin embargo, los primeros días de enero, Desarrollo Social determinó que 20 organizaciones (casi el 30% de las 73 de las que fueron asistidas) no habían cumplimentado con la obligación de informar cuál había sido el destino de los víveres. En total, siempre según los informes oficiales, no se conoce qué hicieron con la mercadería unas 20 agrupaciones que habrían recibido un total aproximado de casi 15.000 módulos (unos 120.000 kilos) que tuvieron un costo de $ 119 millones, más de la tercera parte del total invertido.
“Esto se descubrió porque cambiamos la metodología de control”, explicó el ministro Federico Masso en una entrevista con LA GACETA. “Analizamos la situación con el gobernador (Osvaldo) Jaldo y decidimos suspender las órdenes de entrega hasta que presenten la documentación correspondiente y sea analizada por nuestro personal”, añadió.
El funcionario anticipó que si es que no llegaran a cumplir con el trámite, los módulos alimentarios serán redistribuidos entre las agrupaciones que estén en regla. “Obviamente que nos preocupa que mucha gente se pueda quedar sin comer, pero tampoco podemos permitir todas esas improlijidades. Buscaremos la manera de asistirlos”, finalizó Masso.
En el polémico listado aparecen varios detalles. Por ejemplo, entre otras agrupaciones que no cumplieron con las obligaciones y tienen nombres, al menos curiosos. Entre ellos Movimiento Popular de la Dignidad, Movimiento Lucha y Rebelión y Misioneros de Francisco.
Justamente, el grupo que está inspirado en el papa Francisco y la agrupación 11 de Noviembre, con 120 módulos alimentarios, fueron las que menos ayuda recibieron. En el ranking de las que más mercadería recibieron aparecen el Frente de Trabajadores del Interior (3.150), Frente Darío Santillán (2.700) y Tucumán en Marcha (1.500).
Aclaración
El fiscal Ignacio López Bustos podría utilizar estos datos como una referencia del sistema de entrega de mercaderías, pero no como la verdad absoluta. Ello se debe a que estos son datos del último mes que entregaron mercadería. Él está investigando los movimientos que hubo desde marzo de 2023, por lo que le queda determinar qué sucedió a lo largo de los otros nueve meses.
La teoría de López Bustos es que las personas que retiraban la mercadería de la empresa Hacha de Piedra se quedaban con toda o parte de ella para luego comercializarlas de manera ilegal. Esa hipótesis se desprendió de la acusación que le hizo a Marcos Soria, que está vinculado al concejal Emiliano Vargas Aignasse. (Se informa por separado).
Sin embargo, en medio de la pesquisa surgió otro dato. Los víveres podrían haber sido retirados por allegados a dirigentes políticos para armar bolsones que luego cambiaban por voto. Esa sospecha surgió luego de que se confirmara que en octubre hubo una doble entrega de módulos alimentarios. Ese mes se desarrollaron las elecciones presidenciales y luego el balotaje.
Todavía no surgieron datos de lo que sucedió entre abril y junio, cuando la campaña por las elecciones provinciales estaban al rojo vivo.
Las claves del caso
El ministro Federico Masso denunció la venta ilegal de mercadería que Desarrollo Social entregaba para la asistencia alimentaria.
El fiscal Ignacio López Bustos confirmó la versión y realizó varios allanamientos donde secuestró víveres y detuvo hasta ahora a cinco personas.
La teoría que maneja es que desconocidos se apropiaban de la mercadería y en vez de entregarla, la vendían a almaceneros.
En la investigación surgieron indicios de que dirigentes políticos podrían haber utilizado la mercadería para armar bolsones y cambiarlos por votos.
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