Antes de un paro hay que agotar las vías del diálogo

Después de cada paro general de la CGT nacional, surge la misma pregunta: ¿y ahora qué? ¿Valió la pena? Según el lugar que ocupe para brindar una respuesta, estas irán desde que el mensaje fue contundente hasta que la medida de fuerza fue un fracaso. Las miradas no sólo marcan la necesidad de imponer un relato en cada orilla, sino que muestran un déficit de la clase dirigente: no ser capaces de sentarse a dialogar para encontrar puntos de consenso y evitar que los conflictos se desaten. Claro, a no ser que desde ambos lados, por razones sectoriales e intereses particulares, no haya predisposición al acuerdo, y si a la confrontación.

Cada medida de fuerza de la central obrera nacional siempre tiene sus motivos, generalmente vinculados a intereses gremiales que hacen a la mejora del salario y a mantener las conquistas laborales, aunque las acciones de lucha tienen mucho sustento político, por cuanto en el fondo se aspira a que el poder central tome cuenta de la protesta y de las demandas que hay detrás de ella. La huelga siempre debe ser el último recurso en una disputa entre dos partes que no se ponen de acuerdo, no debiera transformarse en el primer instrumento a mano para hacerse escuchar. Menos pensando en los miles de ciudadanos que ven afectadas sus actividades diarias por los efectos de un cese de actividades.

En democracia existen múltiples canales institucionales y políticos para acercar posiciones y destrabar cualquier conflicto generado -por lo menos en este caso- por las reformas laborales que impulsa el Gobierno nacional. El diálogo debería ser la vía más idónea para encontrar puntos comunes para concretar un acuerdo, subrayando que dialogar implica respetar al otro y estar dispuesto a aceptar cambios y a ceder. En este caso puntual, en el del enfrentamiento entre el poder central y el sindicalismo, las partes parece que han resuelto no escucharse; lo admitió el propio vocero presidencial, mientras que la dirigencia gremial reconoce la imposibilidad de conversar en una mesa de negociaciones con el oficialismo de turno.  

Si bien la CGT, como muchos otros sectores de la comunidad, ha recurrido a la Justicia para frenar los alcances de Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y ha obtenido fallos favorables en el ámbito laboral, ha recurrido tempranamente en disponer el primer paro contra la presidencia de Javier Milei. Se transformó en el cese de actividades que más rápido se le hizo a un gobierno elegido por el pueblo en los cuarenta años de democracia. Al radical Fernando de la Rúa se lo hicieron a los 76 días de gestión.

¿Tiene alguna explicación que el sindicalismo recurra a su arma más potente para hacerse oír y que, a su vez, desde el Gobierno se les responda con un operativo antipiquetes y con un duro discurso confrontativo? Cada lado, con sus argumentos llevó a esta situación de conflicto, de tensión y de choque. No hubo incidentes que lamentar el miércoles porque se actuó con responsabilidad desde ambos lados, pero, en democracia, estas situaciones deberían resolverse modificando los modos: con diálogo. Cada lado puede esgrimir sus diferencias políticas y dejarlas en claro en la discusión, pero cuando se trata de avanzar en la modificación de aspectos laborales para adecuarlos a los tiempos modernos en medio de una profunda crisis, autoridades y afectados por las iniciativas deberían actuar con madurez institucional, una característica propia de auténticos demócratas. Dejarse llevar por las pasiones políticas, por los resentimientos, por venganza o por cualquier animosidad personal, es anteponer aspectos particulares por sobre el bienestar general.

O peor aún: ¿es que no quieren realmente ponerse de acuerdo y tensar la cuerda en aras de privilegiar interese particulares? La pregunta vale para ambos lados, porque en el medio hay ciudadanos afectados por la crisis económica y social que les están exigiendo a los que tienen responsabilidades de conducción que piensen en ellos y que saquen al país adelante. No es, precisamente, alentando conflictos la mejor manera de avanzar en reformas de leyes, en este caso laborales, sino sentándose a conversar para encontrar aspectos en los que pueda haber acuerdos, sin paros, ni amenazas y sin esperar que la Justicia les dé la razón.