Robos que deben llamar la atención del Estado

En Concepción y en Famaillá se están produciendo olas de robos de cables del tendido eléctrico del alumbrado público, y es tal la intensidad y magnitud del latrocinio que sus autoridades han resuelto reclamar ayuda y colaboración a las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como de la Justicia para que se trata de poner freno a esta actividad ilegal.

Lo llamativo de las denuncias realizadas, en especial por el lado de la intendencia concepcionense, es lo que se puntualizó: que a pesar de que se trata de un accionar delictual que data de hace un par de años, nunca se avanzó en investigaciones que conduzcan a dar con los ladrones y sobre aquellos que les adquieren el bronce y los artefactos que obtienen.

Es una situación que obliga a reflexionar sobre la necesidad de un accionar mancomunado entre los responsables de las diferentes instituciones y organismos de control para avanzar en instrumentos legales o herramientas que faciliten operar efectivamente contra este flagelo en crecimiento, y que están produciendo un grave daño al erario público. Consecuentemente, los que finalmente sufren son los vecinos que no pueden disfrutar de los servicios que se les ofrecen.

En la “Perla del Sur” se ha dicho que el robo de cables y de artefactos del alumbrado público se transformó en una verdadera pesadilla, porque al margen de dejar sin iluminación a vastos sectores de la ciudad -con lo que implica esa situación en materia de inseguridad- causa un gran perjuicio económico al municipio.

Según se indicó, se han robado más de 10.000 metros de cables del alumbrado público, y que este daño no sólo se verifica en horas de la noche sino también hasta en horas del día, lo que pone en evidencia la impunidad y el descaro con el que los delincuentes acometen sobre los bienes del Estado.

A su vez esto afecta el funcionamiento de la gestión municipal, porque no puede avanzar, en este caso, en extender la iluminación por la ciudad debido a que deben restituirse a diario todos los materiales que desaparecen, generando un perjuicio, no solo económico sino también social. Se han estimado pérdidas por un valor de $ 40 millones en Concepción.

Este aspecto, siguiendo la línea de la necesidad de impedir y de detener a los que roban, cabe mencionar lo que señalaron los funcionarios en cuanto a que contaban con una carpeta que acreditaban los múltiples robos de cables y artefactos de iluminación y que esos delitos habían sido denunciados ante la Justicia, y plantearon: “Esperamos que, con la Policía, actúe con la celeridad del caso”.

Es aquí donde hay que detenerse, ya que hay que poner el acento en las responsabilidades de los distintos actores con funciones estatales y hasta de los tres poderes del Estado para se avance en medidas que no sólo pongan un freno a estos delitos, sino también para que se persiga y se castigue a los ladrones.

Implicará llevar tranquilidad también a los ciudadanos, los únicos destinatarios de las gestiones gubernamentales en sus diferentes espacios -municipios y comunas rurales- para que gocen de los beneficios de iniciativas municipales que les aseguran un poco más de bienestar; aunque también seguridad.