01 Febrero 2024
La Cámara de Diputados debate la Ley Ómnibus propuesta por el Gobierno de Javier Milei. Con sus 358 páginas, la versión final del proyecto generó controversia, siendo el artículo referente a las facultades delegadas un punto de división en el poder legislativo.
Tras diversas modificaciones, incluida la eliminación de medidas fiscales, Guillermo Francos, Ministro del Interior, abordó el tema en declaraciones radiales, asegurando que el "Gobierno no impondrá el paquete eliminado en caso de obtener facultades legislativas". No obstante, desde el Gobierno se mantiene la intención de adquirir dichas facultades legislativas una vez que la ley sea aprobada por ambas cámaras del Congreso.
Dentro del proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se llevaron a cabo modificaciones que resultaron en la disminución de las delegaciones del Congreso al Presidente, pasando de 11 a 9 facultades. Estas abarcan áreas como la económica, financiera, fiscal, previsional, de salud, tarifaria, energética y administrativa. Es importante destacar que se eliminaron las delegaciones referentes a seguridad y defensa.
¿Qué son las facultades delegadas?
Conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, a menos que se trate de materias específicas de administración o emergencia pública. En este contexto, dicha delegación puede llevarse a cabo siempre y cuando cuente con "un plazo fijado para su ejercicio dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".
Según la Constitución Nacional, la delegación legislativa representa una "habilitación excepcional y limitada que el Congreso puede conferir al Poder Ejecutivo para que este ejerza temporalmente algunas de las facultades legislativas otorgadas al Poder Legislativo por la Constitución".
Aunque se conceda la delegación, el Congreso retiene la titularidad de la facultad legislativa y puede ejercerla durante el plazo establecido para la delegación e, incluso, tiene la posibilidad de retomarla anticipadamente derogando la ley mediante la cual se otorgó dicha delegación. La justificación fundamental para solicitar estas facultades delegadas radica en que la demanda necesaria para el correcto funcionamiento de los sistemas políticos actuales no puede ser satisfecha de manera adecuada a través del procedimiento ordinario de sanción de leyes.
En caso de mantenerse el capítulo relativo a la delegación de facultades legislativas y ser aprobado, el presidente Javier Milei, con su firma y la del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, podría ejercer funciones legislativas mediante decretos, siempre y cuando se cumplan las condiciones estipuladas por el Congreso en la ley de delegación, conocidas como "las bases de delegación".
Cuál es el control de las facultades delegadas
Los decretos emanados mediante el mecanismo de delegación legislativa están sujetos a un control equiparable al aplicado a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), e incluso están regulados por la misma ley 26.122. Tras la promulgación de la medida, en un plazo de 10 días desde la emisión del decreto de delegación legislativa, el Jefe de Gabinete tiene la obligación de remitirlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, instancia encargada de supervisar los DNU.
Antecedentes de Delegación de Facultades
El 6 de enero de 2002, el expresidente Eduardo Duhalde (Partido Justicialista) promulgó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, declarando estado de emergencia en áreas social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Esta legislación implicó la delegación legislativa en dichas materias.
Inicialmente, la emergencia estaba programada hasta el 10 de diciembre de 2003, pero se prorrogó consecutivamente durante los gobiernos kirchneristas (gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner - Frente para la Victoria -) y se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, es decir, hasta la mitad del mandato de Mauricio Macri (Cambiemos).
Posteriormente, el expresidente Alberto Fernández (Frente de Todos) impulsó en diciembre de 2019 la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, declarando la emergencia pública en ámbitos económicos, financieros, fiscales, administrativos, previsionales, tarifarios, energéticos, sanitarios y sociales. Esta medida se extendió hasta el 31 de diciembre de 2023.
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